Nueve meses duró prófugo de la justicia el zar de la seguridad y vigilancia, Jorge Moreno Ojeda, quien fue capturado en las últimas horas en Miami (Estados Unidos). Moreno tenía circular roja desde el 8 de septiembre de 2016, cuando la Interpol aceptó la solicitud de las autoridades colombianas, que argumentaron desde que un juez ordenó enviaralo a la cárcel La Picota no volvió a aparecer.
La medida de aseguramiento se la impusieron el 10 de agosto de 2016. Dos días antes, luego de cinco intentos, la Fiscalía por fin había logrado imputarle cargos por los delitos de fraude procesal y prácticas restrictivas de las competencias. Jorge Moreno Ojeda se declaró inocente. Ese mismo día, el fiscal del caso solicitó privarlo de la libertad para evitar la fugao. El juez solicitó dos días para tomar la decisión y todo lo contrario sucedió: Moreno nunca apareció y quedó prófugo. (Ver: El “dossier” contra el “zar” de la seguridad)
El zar de la seguridad y vigilancia será devuelto a Colombia en las próximas horas. A Moreno Ojeda le espera un juicio en el que la Fiscalía aseguró que tiene pruebas para demostrar que orquestó un cartel de empresas de seguridad y vigilancia para ganar licitaciones públicas. Así lo explicó en su momento el superintendente de Industria y Comercio, FelipeRobledo, al denunciar que bajo el mando de Jorge Moreno operaban ocho empresas que lograron quedarse con 243 contratos públicos de 149 entidades por un valor de $322.166 millones.
Esto sucedió entre 2011 y 2012, cuando obtuvo beneficios por más de $39.000 millones al ganarse licitaciones públicas de entidades como la Contraloría, la Fiscalía, el Ministerio de, la Rama Judicial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Notariado y Registro, el ICBF, el SENA, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, de 13 gobernaciones y de 37 alcaldías. (Ver: Fiscalía llama a juicio al zar de la vigilancia privada)
La Fiscalía centró la investigación en cinco empresas que utilizó el zar de la vigilancia junto sus familiares y círculo cercano para violar los principios de igualdad y libre competencia: Guardianes, Security Group, Coasec y Sentinel. Sin embargo, la defensa de Moreno sostuvo que él no figuraba como dueño de ninguna de estas sociedades y que nunca creo un cartel de contratación. “Se decidió alterar ilícitamente el proceso contractual, presentándose como supuestos competidores, cuando pertenecían al mismo grupo”, sostuvo el fiscal del caso al imputarle cargos al zar de la vigilancia.
Entre las pruebas en poder de la Fiscalía hay múltiples correos electrónicos, interceptaciones telefónicas y el testimonio de uno de los hombres cercanos a Jorge Moreno Ojeda, quien relató cómo se organizaban reuniones en el barrio La Castellana en Bogotá. Además, el expediente comenzó a construirse en la Superintendencia de Industria y Comercio, que el 28 de enero formuló pliego de cargos por competencia desleal.
Desde ahí se descubrió que Moreno, junto a otras 31 personas y ocho empresas de seguridad -Guardianes Compañía Líder de Seguridad Ltda, Cooperativa de Vigilantes Starcoop Cta, Cobasec Ltda, Centinel de Seguridad Ltda, Expertos Seguridad Ltda, Compañía Interamericana de Seguridad y Vigilancia Privada Insevig Ltda, Cooperativa de trabajo asociado Sejarpi Cta y Security Management Group S.A.- participaban en los mismos procesos licitatorios para evitar que el contrato cayera en manos de alguien diferente.