Camilo Humberto Tarquino Gallego, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, reapareció ante la Sala de Casación Penal de ese alto tribunal para defender una demanda que busca tumbar la condena de seis años de prisión proferida en su contra, por haber hecho parte del sonado caso de corrupción conocido como el cartel de la toga. Una red de sobornos y movidas ilegales que salpicó a magistrados y políticos del país.
El más reciente cara a cara de Tarquino Gallego con la Corte Suprema de Justicia, de la cual hizo parte durante cerca de 20 años como magistrado auxiliar y magistrado titular, ocurrió el 2 de octubre. Tras agotar la primera y segunda instancia en su caso, el jurista llegó hasta allí para pedir, contrario a la postura de la Fiscalía y de la Procuraduría, que se eche para atrás la condena emitida en mayo de 2023 y confirmada el pasado 4 de abril.
“He asistido a todas las audiencias que este proceso ha demandado, y esta no ha sido la excepción. Lamentable, para mí, porque es doloroso y penoso asistir en calidad de procesado en esta Corte donde permanecí 20 años. Pero tengan la seguridad de que nunca le falté a esta Corte, que nunca la deshonré ni como magistrado ni como abogado en ejercicio durante el corto lapso en que ejercí la profesión”, dijo Tarquino en su intervención durante la audiencia.
En contexto: Cartel de la toga: confirman condena contra exmagistrado Camilo Tarquino
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia es una de las personalidades de los círculos jurídicos y políticos de Colombia que terminaron de cara a una sentencia por su participación en el escándalo de corrupción. Según la investigación de la Fiscalía, Tarquino Gallego fue una de las piezas del denominado cartel de la toga: un grupo de políticos, magistrados de la cúpula de la justicia del país y abogados que torcían expedientes judiciales en el alto tribunal.
La acusación contra Tarquino Gallego afirma que, siendo magistrado, se reunió en varias oportunidades en un apartamento del norte de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2014, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus. El objetivo de esos encuentros era hablar sobre las indagaciones que se seguían por contratos irregulares en el departamento y la posible participación de este último en el denominado cartel de la hemofilia.
La Fiscalía estableció que el exmagistrado, en dos de los encuentros, pidió dinero para facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario o podrían impedir actuaciones en su contra. Tarquino, dice el expediente, le exigió COP 20.000 millones al exgobernador Lyons, para “ayudarle” con las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema.
Lea también: Juez ordenó reintegrar esquema de seguridad del precandidato Abelardo de la Espriella
En 2023, un juez de primera instancia lo halló culpable del delito de concusión como interviniente. Por esa razón, lo condenó a una pena de seis años de prisión, además del pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 60 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas. La decisión fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que estudio el expediente durante dos años.
El 4 de abril de este año, ese tribunal de segunda instancia se pronunció sobre el caso y dejó en firme la condena con un nuevo fallo. El Tribunal Superior de Bogotá halló pruebas y argumentos suficientes para comprobar que Tarquino Gallego —al igual que los exmagistrados presos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, así como el enjuiciado José Leónidas Bustos—, hizo parte de la red que desviaba expedientes a cambio de millonarias coimas.
No obstante, el exmagistrado se jugó una última carta y solicitó la revisión del caso por medio de un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, de la cual fue togado y desde donde delinquió, como lo han probado hasta ahora las autoridades. Mientras que la Fiscalía y el Ministerio Público piden que se mantenga en firme la condena, Tarquino Gallego pide que se dejen sin efecto las decisiones de primera y segunda instancia, con un solo argumento: “Creo en la justicia y quiero decirles que soy inocente”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
