Cárcel, COVID-19, y reinserción en Chile

*Abogada de la Universidad de Chile, **PhD en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Maryland y académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, ***Magíster en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, Brasil y coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Ante el riesgo de la pandemia, los gobiernos de la región han llevado adelante distintas acciones: liberar perfiles específicos de internos/as para enfrentar el hacinamiento, suspender o restringir visitasy actividades, gestionar el abastecimiento de instrumentos de protección personal y sanitización, entre las más relevantes ( Bergman, Cafferata y Ambrogi, 2020).

Visite aquí el especial completo de COVID-19 en las cárceles

En Chile, las autoridades a cargo adoptaron una serie de medidas de índole preventivo junto a medidas destinadas a la descongestión de los espacios carcelarios. Como parte de las acciones preventivas, se inició un proceso masivo de vacunación contra la influenza para funcionarios e internos, se distribuyeron mascarillas para ambos grupos, se dispuso la sanitización de espacios y “encomiendas”, y se decretó la suspensión de visitas y actividades educacionales y de reinserción. Por otra parte, junto con disponer una serie de traslados de internos a establecimientos con plazas disponibles, la principal medida adoptada para disminuir la congestión de los centros fue la promulgación de una ley de indulto general. Dicha norma, públicamente conocida como de “indulto conmutativo”, benefició a cerca de 1.500 personas privadas de libertad de un total de 48 mil personas que se encontraban en cárceles en marzo del presente año.

Si bien el indulto redujo el número de personas conviviendo al interior de las cárceles, a los pocos días de su aprobación el Ministro de Justicia dio a conocer que más de 100 personas inicialmente beneficiadas se habían negado a aceptarlo, optando por mantenerse dentro de las unidades penales en vez de volver “a sus hogares”.

(Lea también: Cárceles colombianas en medio de la pandemia: atrapados sin salida)

Dadas las condiciones sanitarias de las cárceles y la vulnerabilidad de los internos, la decisión de este grupo de personas generó sorpresa en la opinión pública. Las condiciones de hacinamiento y precarias condiciones de salubridad e higiene de las cárceles han caracterizado a las cárceles latinoamericanas y chilenas por mucho tiempo. Por ello, históricamente han sido epicentros de enfermedades contagiosas como la influenza o tuberculosis. Adicionalmente, la alta prevalencia de enfermedades crónicas y el consumo problemático de drogas, entre otros problemas de salud, incrementan el riesgo de agravamiento de la salud física y mental de quienes se encuentran en reclusión. En otras palabras, la cárcel es un espacio con un alto riesgo de propagación de la COVID-19, y las personas presas son un grupo especialmente vulnerable a él. En ese contexto, en que vivir al interior de un recinto penitenciario conlleva mayores riesgos respecto de la crisis sanitaria, ¿que podría explicar que ese centenar de personas privadas de libertad (al menos el 6.4% de los/as beneficiados/as con el indulto) haya tomado la decisión de terminar el cumplimiento de su pena al interior de los recintos penales?

Desafíos reinserción

Frente al rechazo del indulto conmutativo, el ministro de Justicia chileno señaló que esto podría deberse a la falta de domicilio de algunos/as internos/as y a su temor a perder los trabajos e ingresos que tenían en la cárcel. Aun cuando no existen estudios independientes que hayan problematizado esta negativa a ser indultados/as, el caso de quienes rechazaron el indulto y las hipótesis del ministro para explicarlo nos invitan a pensar en las condiciones de vida de los privados de libertad fuera de los recintos penitenciarios.

(Le puede interesar: La respuesta gubernamental ante el COVID-19 en las cárceles de Nicaragua)

Desde hace más de veinte años se han venido produciendo estudios que han generado evidencia empírica clara respecto de los complejos desafíos que enfrentan las personas que regresan al medio libre una vez terminada su condena en la cárcel (ver por ejemplo Harding et al., 2019; Petersilia, 2003; Travis, 2005; Visher et al., 2004; Western, 2018). En Chile, también se han producido investigaciones que coinciden con los hallazgos de la literatura internacional ( Villagra, 2008 ; CJS, 2018 ). A nivel general, la literatura señala que quienes salen en libertad se caracterizan por sus altos niveles de marginalidad y exclusión. Comparado con la población general, tienen menores niveles de escolaridad, alta prevalencia de consumo problemático de sustancias, experiencias de violencia y maltrato físico y psicológico a lo largo de la vida, y problemas de salud mental, entre otros (ver, por ejemplo, Petersilia, 2003; Wakefield y Uggen, 2010). Además, quienes salen en libertad experimentan una serie de obstáculos que dificultan su integración. Entre dichos desafíos se destacan la falta de vivienda, las dificultades para acceder y mantener un empleo, y el restablecimiento de las relaciones familiares (Travis, 2005).

No es difícil pensar que estos desafíos se hayan extremado en el contexto actual. En esta breve reflexión, nos queremos enfocar particularmente en dos. En primer lugar, la crisis sanitaria ha traído consigo nuevos obstáculos a la posibilidad de los ex-reclusos obtener empleo. Por un lado, al interior de las cárceles, la suspensión de clases, de talleres de capacitación laboral y otras actividades de reinserción, tendrán sin duda un impacto negativo en la inserción laboral de los internos una vez egresen del sistema. Si bien el acceso a este tipo de programas ya era limitado con anterioridad (ver, por ejemplo, Letelier et al., 2019 ; Cárdenas, 2009), la interrupción de esta oferta entorpece aún más la capacidad del sistema penitenciario de facilitar herramientas para la inserción laboral de los internos. Por ejemplo, la posibilidad de un retraso en la consecución de estudios básicos y medios, y el menor acceso al aprendizaje de oficios afectarán las posibilidades laborales de quienes estén en reclusión durante esta crisis.

(Lea también: ¡Que se defiendan en libertad!: sobre la necesidad de reducir la prisión preventiva)

Por otro lado, a estas nuevas limitaciones al interior de las cárceles, se suman las consecuencias que ha sufrido el mercado laboral producto de la pandemia. Para quienes han cumplido recientemente su condena o saldrán en los próximos meses de la cárcel, encontrar un empleo no será fácil. Los datos muestran que a septiembre de este año los desocupados en Chile han aumentado en un 46%, así como han disminuido los ocupados en el empleo informal ( INE, 2020), siendo este último tipo de empleo el más prevalente en la población penal (Sugie, 2018; Larroulet et al, 2020). La alta precariedad que caracteriza al empleo informal puede verse además agudizada dada la incertidumbre producida por la crisis económica y las restricciones de tránsito y reunión impuestas como medidas sanitarias. Es decir, la ya menoscabada proyección laboral de quien egresa de la cárcel se verá profundizada por la ausencia de capacitación laboral y un contexto generalizado de desocupación e incertidumbre.

En este escenario, los impedimentos adicionales que enfrentarán los ex-reclusos para encontrar empleo pueden ser vistos igualmente como presagios de un también más difícil proceso de reinserción. El empleo es un factor relevante para el éxito de la reinserción de quienes egresan del sistema (Uggen, 2000; Cook et al., 2015). En ello incide no sólo la posibilidad de obtener sustento para ellos/as y sus familias, un lugar donde vivir y comer, sino que además la sensación de autovalía y de contribución a las comunidades en las que están insertos (Western, 2018). Tomar conciencia de estas nuevas dificultades laborales como obstáculos a la integración social de ex-reclusos, permitirá comprender mejor los resultados de esta crisis y buscar soluciones que contribuyan a promover una integración laboral y social más efectiva.

(Lea también: Las cárceles en Ecuador: un sistema a la deriva en el marco de la crisis sanitaria)

Otro de los ámbitos que se ve especialmente afectado en este contexto es el de los vínculos familiares. La literatura señala que este tipo de vínculos juega un rol fundamental en la experiencia carcelaria (Visher et al., 2014) y en el proceso de reinserción (Mowen y Visher, 2015; Western, 2018). Las visitas no sólo entregan un apoyo emocional e instrumental que es clave para enfrentar el encarcelamiento (CJS, 2017), sino que también permiten mantener los vínculos familiares y las relaciones sociales (Western, 2018). Estos vínculos ya se ven fragilizados por el encarcelamiento (Apel, 2016) especialmente en los casos de personas condenadas a largos periodos de reclusión (Villagra, 2008).

En este contexto, la suspensión de las visitas y los traslados a otras regiones pueden suponer un nuevo obstáculo a la integración social luego del encierro. La suspensión de las visitas decretada como parte del plan de contingencia de Gendarmería (Gendarmería de Chile, 2020) ha limitado y dificultado el contacto de los reclusos con sus familiares y amigos, incrementando los costos que deben asumir las familias. Así por ejemplo, en la actualidad, quienes deseen tener contacto con los internos deben contar con recursos tecnológicos que lo permitan, y además disponer de recursos para enviar encomiendas a las cárceles donde fueron trasladas las personas encarceladas. En este sentido, esta medida, si bien necesaria para reducir los riesgos de contagio para los internos, podría producir efectos negativos en la continuidad de dichas relaciones y, por tanto, también en el proceso de reintegración de dichos reclusos.

Por lo indicado hasta aquí, creemos que es clave poner atención no sólo en los factores de salud sino también en las consecuencias sociales de la pandemia para la población penitenciaria y post-penitenciaria, con una mirada de mediano y largo plazo. La complejidad de la crisis requiere pensar en soluciones distintas de las tradicionales. Para ello, además de visualizar los riesgos, debemos prestar atención a las oportunidades que ofrece el contexto. Una de ellas es la posibilidad de conectividad entre la cárcel y el mundo exterior que ofrece la tecnología y que ha permitido, a pesar de las restricciones, vincular a los y las internas con sus familiares y otros actores facilitadores de procesos de reinserción.

De igual manera, la crisis sanitaria puede ser una ocasión de promover la agencia de los y las internas y, con ello, también su proceso de integración posterior. Aun cuando limitado, la pandemia ha motivado un rol más activo de los y las internas. Así, por ejemplo, fueron ellas/os quienes al inicio promovieron la suspensión de las visitas para evitar que el virus ingresara a la cárcel y resguardar así a sus familias. Por otro lado, algunas autoridades declararon públicamente valorar el compromiso detrás de esa solicitud, reconociendo que la gestión sanitaria de la pandemia requería de una relación de colaboración entre los actores del mundo penitenciario. Aunque estos ejemplos son limitados y resultan incluso contradictorios con otras declaraciones y políticas implementadas, ambos sugieren un espacio para construir un rol de los y las internas como sujetos - y no objetos- de la política penitenciaria.

(Le puede interesar: La reducción del hacinamiento carcelario en tiempos de COVID-19)

En el entendido que el proceso de reintegración de los reclusos es un proceso complejo que abarca dimensiones personales, morales, sociales e institucionales (Burke et al., 2019), comenzar a entender a las personas presas como agentes relevantes para la modificación de su entorno puede ser una oportunidad para reforzar dicho proceso e instalar un modelo de intervención sustentado en el ejercicio de la ciudadanía. Una nueva mirada como esta puede contribuir no solo con la sensación de autovalía y la formación de autonomía de los propios internos, sino además con una mayor valoración hacia ellos por parte su entorno, todos aspectos fundamentales para lograr un proceso exitoso de reinserción.

*Abogada de la Universidad de Chile, **PhD en Criminología y Justicia Criminal de la Universidad de Maryland y académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, ***Magíster en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, Brasil y coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Ante el riesgo de la pandemia, los gobiernos de la región han llevado adelante distintas acciones: liberar perfiles específicos de internos/as para enfrentar el hacinamiento, suspender o restringir visitasy actividades, gestionar el abastecimiento de instrumentos de protección personal y sanitización, entre las más relevantes ( Bergman, Cafferata y Ambrogi, 2020).

Visite aquí el especial completo de COVID-19 en las cárceles

En Chile, las autoridades a cargo adoptaron una serie de medidas de índole preventivo junto a medidas destinadas a la descongestión de los espacios carcelarios. Como parte de las acciones preventivas, se inició un proceso masivo de vacunación contra la influenza para funcionarios e internos, se distribuyeron mascarillas para ambos grupos, se dispuso la sanitización de espacios y “encomiendas”, y se decretó la suspensión de visitas y actividades educacionales y de reinserción. Por otra parte, junto con disponer una serie de traslados de internos a establecimientos con plazas disponibles, la principal medida adoptada para disminuir la congestión de los centros fue la promulgación de una ley de indulto general. Dicha norma, públicamente conocida como de “indulto conmutativo”, benefició a cerca de 1.500 personas privadas de libertad de un total de 48 mil personas que se encontraban en cárceles en marzo del presente año.

Si bien el indulto redujo el número de personas conviviendo al interior de las cárceles, a los pocos días de su aprobación el Ministro de Justicia dio a conocer que más de 100 personas inicialmente beneficiadas se habían negado a aceptarlo, optando por mantenerse dentro de las unidades penales en vez de volver “a sus hogares”.

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Dadas las condiciones sanitarias de las cárceles y la vulnerabilidad de los internos, la decisión de este grupo de personas generó sorpresa en la opinión pública. Las condiciones de hacinamiento y precarias condiciones de salubridad e higiene de las cárceles han caracterizado a las cárceles latinoamericanas y chilenas por mucho tiempo. Por ello, históricamente han sido epicentros de enfermedades contagiosas como la influenza o tuberculosis. Adicionalmente, la alta prevalencia de enfermedades crónicas y el consumo problemático de drogas, entre otros problemas de salud, incrementan el riesgo de agravamiento de la salud física y mental de quienes se encuentran en reclusión. En otras palabras, la cárcel es un espacio con un alto riesgo de propagación de la COVID-19, y las personas presas son un grupo especialmente vulnerable a él. En ese contexto, en que vivir al interior de un recinto penitenciario conlleva mayores riesgos respecto de la crisis sanitaria, ¿que podría explicar que ese centenar de personas privadas de libertad (al menos el 6.4% de los/as beneficiados/as con el indulto) haya tomado la decisión de terminar el cumplimiento de su pena al interior de los recintos penales?

Desafíos reinserción

Frente al rechazo del indulto conmutativo, el ministro de Justicia chileno señaló que esto podría deberse a la falta de domicilio de algunos/as internos/as y a su temor a perder los trabajos e ingresos que tenían en la cárcel. Aun cuando no existen estudios independientes que hayan problematizado esta negativa a ser indultados/as, el caso de quienes rechazaron el indulto y las hipótesis del ministro para explicarlo nos invitan a pensar en las condiciones de vida de los privados de libertad fuera de los recintos penitenciarios.

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Desde hace más de veinte años se han venido produciendo estudios que han generado evidencia empírica clara respecto de los complejos desafíos que enfrentan las personas que regresan al medio libre una vez terminada su condena en la cárcel (ver por ejemplo Harding et al., 2019; Petersilia, 2003; Travis, 2005; Visher et al., 2004; Western, 2018). En Chile, también se han producido investigaciones que coinciden con los hallazgos de la literatura internacional ( Villagra, 2008 ; CJS, 2018 ). A nivel general, la literatura señala que quienes salen en libertad se caracterizan por sus altos niveles de marginalidad y exclusión. Comparado con la población general, tienen menores niveles de escolaridad, alta prevalencia de consumo problemático de sustancias, experiencias de violencia y maltrato físico y psicológico a lo largo de la vida, y problemas de salud mental, entre otros (ver, por ejemplo, Petersilia, 2003; Wakefield y Uggen, 2010). Además, quienes salen en libertad experimentan una serie de obstáculos que dificultan su integración. Entre dichos desafíos se destacan la falta de vivienda, las dificultades para acceder y mantener un empleo, y el restablecimiento de las relaciones familiares (Travis, 2005).

No es difícil pensar que estos desafíos se hayan extremado en el contexto actual. En esta breve reflexión, nos queremos enfocar particularmente en dos. En primer lugar, la crisis sanitaria ha traído consigo nuevos obstáculos a la posibilidad de los ex-reclusos obtener empleo. Por un lado, al interior de las cárceles, la suspensión de clases, de talleres de capacitación laboral y otras actividades de reinserción, tendrán sin duda un impacto negativo en la inserción laboral de los internos una vez egresen del sistema. Si bien el acceso a este tipo de programas ya era limitado con anterioridad (ver, por ejemplo, Letelier et al., 2019 ; Cárdenas, 2009), la interrupción de esta oferta entorpece aún más la capacidad del sistema penitenciario de facilitar herramientas para la inserción laboral de los internos. Por ejemplo, la posibilidad de un retraso en la consecución de estudios básicos y medios, y el menor acceso al aprendizaje de oficios afectarán las posibilidades laborales de quienes estén en reclusión durante esta crisis.

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Por otro lado, a estas nuevas limitaciones al interior de las cárceles, se suman las consecuencias que ha sufrido el mercado laboral producto de la pandemia. Para quienes han cumplido recientemente su condena o saldrán en los próximos meses de la cárcel, encontrar un empleo no será fácil. Los datos muestran que a septiembre de este año los desocupados en Chile han aumentado en un 46%, así como han disminuido los ocupados en el empleo informal ( INE, 2020), siendo este último tipo de empleo el más prevalente en la población penal (Sugie, 2018; Larroulet et al, 2020). La alta precariedad que caracteriza al empleo informal puede verse además agudizada dada la incertidumbre producida por la crisis económica y las restricciones de tránsito y reunión impuestas como medidas sanitarias. Es decir, la ya menoscabada proyección laboral de quien egresa de la cárcel se verá profundizada por la ausencia de capacitación laboral y un contexto generalizado de desocupación e incertidumbre.

En este escenario, los impedimentos adicionales que enfrentarán los ex-reclusos para encontrar empleo pueden ser vistos igualmente como presagios de un también más difícil proceso de reinserción. El empleo es un factor relevante para el éxito de la reinserción de quienes egresan del sistema (Uggen, 2000; Cook et al., 2015). En ello incide no sólo la posibilidad de obtener sustento para ellos/as y sus familias, un lugar donde vivir y comer, sino que además la sensación de autovalía y de contribución a las comunidades en las que están insertos (Western, 2018). Tomar conciencia de estas nuevas dificultades laborales como obstáculos a la integración social de ex-reclusos, permitirá comprender mejor los resultados de esta crisis y buscar soluciones que contribuyan a promover una integración laboral y social más efectiva.

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Otro de los ámbitos que se ve especialmente afectado en este contexto es el de los vínculos familiares. La literatura señala que este tipo de vínculos juega un rol fundamental en la experiencia carcelaria (Visher et al., 2014) y en el proceso de reinserción (Mowen y Visher, 2015; Western, 2018). Las visitas no sólo entregan un apoyo emocional e instrumental que es clave para enfrentar el encarcelamiento (CJS, 2017), sino que también permiten mantener los vínculos familiares y las relaciones sociales (Western, 2018). Estos vínculos ya se ven fragilizados por el encarcelamiento (Apel, 2016) especialmente en los casos de personas condenadas a largos periodos de reclusión (Villagra, 2008).

En este contexto, la suspensión de las visitas y los traslados a otras regiones pueden suponer un nuevo obstáculo a la integración social luego del encierro. La suspensión de las visitas decretada como parte del plan de contingencia de Gendarmería (Gendarmería de Chile, 2020) ha limitado y dificultado el contacto de los reclusos con sus familiares y amigos, incrementando los costos que deben asumir las familias. Así por ejemplo, en la actualidad, quienes deseen tener contacto con los internos deben contar con recursos tecnológicos que lo permitan, y además disponer de recursos para enviar encomiendas a las cárceles donde fueron trasladas las personas encarceladas. En este sentido, esta medida, si bien necesaria para reducir los riesgos de contagio para los internos, podría producir efectos negativos en la continuidad de dichas relaciones y, por tanto, también en el proceso de reintegración de dichos reclusos.

Por lo indicado hasta aquí, creemos que es clave poner atención no sólo en los factores de salud sino también en las consecuencias sociales de la pandemia para la población penitenciaria y post-penitenciaria, con una mirada de mediano y largo plazo. La complejidad de la crisis requiere pensar en soluciones distintas de las tradicionales. Para ello, además de visualizar los riesgos, debemos prestar atención a las oportunidades que ofrece el contexto. Una de ellas es la posibilidad de conectividad entre la cárcel y el mundo exterior que ofrece la tecnología y que ha permitido, a pesar de las restricciones, vincular a los y las internas con sus familiares y otros actores facilitadores de procesos de reinserción.

De igual manera, la crisis sanitaria puede ser una ocasión de promover la agencia de los y las internas y, con ello, también su proceso de integración posterior. Aun cuando limitado, la pandemia ha motivado un rol más activo de los y las internas. Así, por ejemplo, fueron ellas/os quienes al inicio promovieron la suspensión de las visitas para evitar que el virus ingresara a la cárcel y resguardar así a sus familias. Por otro lado, algunas autoridades declararon públicamente valorar el compromiso detrás de esa solicitud, reconociendo que la gestión sanitaria de la pandemia requería de una relación de colaboración entre los actores del mundo penitenciario. Aunque estos ejemplos son limitados y resultan incluso contradictorios con otras declaraciones y políticas implementadas, ambos sugieren un espacio para construir un rol de los y las internas como sujetos - y no objetos- de la política penitenciaria.

(Le puede interesar: La reducción del hacinamiento carcelario en tiempos de COVID-19)

En el entendido que el proceso de reintegración de los reclusos es un proceso complejo que abarca dimensiones personales, morales, sociales e institucionales (Burke et al., 2019), comenzar a entender a las personas presas como agentes relevantes para la modificación de su entorno puede ser una oportunidad para reforzar dicho proceso e instalar un modelo de intervención sustentado en el ejercicio de la ciudadanía. Una nueva mirada como esta puede contribuir no solo con la sensación de autovalía y la formación de autonomía de los propios internos, sino además con una mayor valoración hacia ellos por parte su entorno, todos aspectos fundamentales para lograr un proceso exitoso de reinserción.