Tal y como lo habían establecido el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional, la Fiscalía evidenció múltiples irregularidades en la financiación del polémico referendo reeleccionista; violación de los topes electorales así como maniobras para burlar los principios de transparencia y pluralismo. Por estas razones, los nueve promotores de la iniciativa popular fueron citados para el próximo 21 de abril a una audiencia de imputación de cargos por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento.
La fiscal Claudia Erazo, de la Unidad de Delitos contra el Orden Económico, determinó que los gestores del referendo se sirvieron de la empresa privada Colombia Primero, firma que siempre controlaron, para recaudar fondos y patrocinar la propuesta que buscaba habilitar al presidente Álvaro Uribe para un tercer mandato consecutivo. De hecho, hace más de un año la citada fiscal programó la misma diligencia, pero súbitamente el expediente fue trasladado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, que no le dio mayor trámite. Así las cosas, cobra forma un proceso penal en contra de los promotores.
En esencia, los integrantes del comité promotor gastaron durante la campaña de recolección de firmas cerca de $2.000 millones, una suma que supera más de seis veces lo autorizado por el CNE. Por ley, el límite global de gastos de un referendo no puede superar los $335 millones y menos pueden existir contribuciones de una organización no facultada por el Congreso, como el caso de la asociación Colombia Primero. En criterio de las autoridades, se presentaron documentos que pretendían burlar los topes “para contar con recursos ilimitados y privilegiar o favorecer la propuesta de reelección presidencial”, como lo expresó la Corte Constitucional.
Precisamente, que se superaran los topes impidió que el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, certificara la iniciativa, lo que constituyó un vicio por el cual la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, declaró inexequible el referendo reeleccionista el pasado 26 de febrero. Como se sabe, el CNE también formuló cargos a los promotores por los mismos acontecimientos. Sin embargo, el hecho de que trasciendan al campo penal pone en aprietos a quienes recogieron cerca de cuatro millones de firmas válidas para buscar que el presidente Álvaro Uribe siguiera de largo en la Casa de Nariño.
Los promotores han defendido a capa y espada la legalidad de los recursos de los que se valieron para financiar la iniciativa y que nunca se violaron los topes. Otra tesis tiene la Fiscalía, que el próximo 21 de abril deberá sustentar ante un juez, con evidencias en mano, por qué Luis Guillermo Giraldo, Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel de Echeverri, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Dajer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa merecen ser procesados por la justicia.
Por Redacción Judicial
