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Esta semana, Frank Pearl viajó a Venezuela. Su objetivo: destrabar las conversaciones de paz con el Eln. La Fiscalía, no obstante, hizo un anuncio este miércoles en la tarde en el que queda claro que el Estado colombiano, además de recurrir a los canales de la diplomacia, está también dispuesto a enseñarle a esa guerrilla los dientes. Jorge Perdomo, fiscal general encargado, notificó que la Fiscalía va a realizar una macroimputación de cargos en contra de la cúpula del Eln por 15.896 delitos. En esa lista negra figuran acciones como secuestros, reclutamiento de menores de edad, homicidios, desplazamiento forzado e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
De esta manera la Fiscalía le hizo saber a la cúpula del Eln, la misma con la cual la negociación de la paz está empantanada, que el próximo 31 de mayo no sólo le imputará cargos por atentar contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas, lo cual le habría causado al país un daño ambiental estimado en $73 billones. Ese día, en los juzgados de Paloquemao de Bogotá, la Fiscalía también formalizará las investigaciones contra los jefes máximos del grupo guerrillero por el homicidio en 1997 de Jorge Cristo Sahium, padre del ministro Juan Fernando Cristo; por la tortura y muerte de monseñor Jesús Jaramillo Monsalve en 1989; por el secuestro de 31 extranjeros.
Los secuestros masivos, una especie de “marca registrada” del Eln, también aparecen en este memorial de agravios. La Fiscalía mencionó, en concreto, dos casos de plagio colectivo: el de ocho personas el 6 de junio de 1999 en la Ciénaga El Torno, cerca de Barranquilla; y el de casi 70 personas que se encontraban el 17 de septiembre de 2000 en el kilómetro 18 en la vía que de Cali va a Buenaventura. Era el segundo secuestro masivo en el Valle del Cauca: un año atrás, cerca de 180 personas que se encontraban en la iglesia La María, en el sur de Cali, habían sido internadas en los Farallones por el Eln. Ni antes ni después se vio un secuestro masivo de tales proporciones.
La Fiscalía imputará, así mismo, los asesinatos de 126 mujeres en Arauca, Boyacá y Casanare. De hecho, para el organismo investigativo, no se tratan de crímenes al azar sino de, prácticamente, una política de “feminicidios” (matar a una mujer por su condición de mujer). En estos casos, matarlas porque eran parejas de policías y soldados, o, supuestamente, de paramilitares. Y, además, por 87 casos de aborto o abuso sexual contra guerrilleras. La Fiscalía habló también de esterilización forzada aunque, según se concluye de su propia información, no es tan claro que tenga casos identificados por ese delito. Igualmente, imputará 11 asesinatos de dirigentes políticos y 48 homicidios de integrantes de la Fuerza Pública o del CTI de la Fiscalía.
Según la Fiscalía, los llamados a responder por los 15.896 “casos atribuibles al Eln” son Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Eliécer Chamorro, alias Antonio García; Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito; y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas. Todos hacen parte del Comando Central (Coce) y, según ha confirmado el comandante del Ejército, el general Alberto Mejía, se encuentran en Venezuela –país al que viajó Frank Pearl esta semana para tratar de impulsar la instalación de la mesa de diálogos–. Ecuador, otro de los países que acogería a los negociantes de la paz, confirmó horas antes del anuncio de la Fiscalía que está listo para recibir al Eln y al Gobierno colombiano apenas “zanjen” sus diferencias.
La Fiscalía ha sido un aliado fundamental de la administración Santos para tener poder en las negociaciones de paz. A mediados de septiembre del año pasado, por ejemplo, cuando en La Habana las cosas fluían, se suspendieron las imputaciones que el propio fiscal general de la época, Eduardo Montealegre, había anunciado con bombos y platillos. A la siguiente semana, desde Cuba se divulgó que Gobierno y Farc habían pactado el acuerdo de víctimas, que incluía todo lo referente a la justicia transicional. En diciembre, sin embargo, cuando las discrepancias se hacían de nuevo evidentes, la Fiscalía dio a conocer que estaba investigando a un hombre conocido con el alias del Enfermero, quien supuestamente ejecutó la política de las Farc de abortos forzados. Un anuncio que para las Farc fue un golpe en el estómago.
Esta vez, la soga se aprieta contra el Eln, con el que el Gobierno se rehúsa a negociar mientras mantenga secuestrado al exsenador Odín Sánchez o a cualquier otra persona. Aunque los cinco miembros del Coce tienen cuando menos dos sentencias en su contra, quizá la amenaza de un sinfín de procesos judiciales pueda lograr lo que la diplomacia no ha conseguido.
Por Diana Durán Núñez
