Tres grandes movimientos ha tenido en la última semana el sonado escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Señalamientos, capturas e imputaciones entran en la lista de actualizaciones del que es el caso de corrupción más grande y sonado durante el gobierno de Gustavo Petro.
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Pero el último hecho es de un calado mayor: la Fiscalía le imputará cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su presunta participación en el desfalco a la entidad pública. Una movida judicial que muestra la importancia de los testimonios de sus exdirectivos, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y de las pesquisas de las autoridades para corroborar sus versiones.
El anuncio de la Fiscalía de que le imputará cargos a González por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, lo convierte en el funcionario de más alto rango en el Gobierno Nacional vinculado formalmente a la investigación.
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Además de la imputación, el ente investigador le pedirá al Tribunal Superior de Bogotá, encargado de definir la fecha y hora para la diligencia, que dicte medida de aseguramiento en su contra. Sin embargo, no es claro dónde está el exdirector del Dapre que, según dijeron sus abogados a medios de comunicación, salió del país en el mes de marzo “por motivos de descanso” y aún no regresa.
El poder de González
El nombre de Carlos Ramón González es bien conocido en las altas esferas del Gobierno. Muchos lo señalan de ser, en su momento, mano derecha del presidente Petro y el hombre que, al frente del Dapre, siempre tenía reservada una silla principal durante los consejos de ministros.
Se conocían desde los años 70, cuando ambos militaban en las filas del M-19. Para 1975, González tenía un alto rango dentro de la guerrilla y coordinaba las operaciones del grupo armado en el departamento de Santander. Junto a Antonio Navarro Wolff, hizo parte de los primeros borradores de gabinete de Petro, antes de asumir la Presidencia de la República, en agosto de 2022.
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En ese momento, ninguno de los dos aceptó estar en altos cargos. Pero el nombre de González reapareció en abril de 2023, cuando el hoy precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, salió del Dapre y González llegó a reemplazarlo. Así, uno de los hombres más cercanos al presidente se convirtió en uno de sus alfiles dentro del Gobierno.
Con un poder importante en la administración y una oficina colindante con la del presidente Petro en la Casa de Nariño, se habrían empezado a fraguar las movidas irregulares de González, con las que buscaba destrabar las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. Así lo han señalado López y Pinilla, los exdirectivos de la Unrgd, a cuyas declaraciones la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia les han dado cada vez más credibilidad, hasta el punto de llevar a González a la imputación.
Las movidas en del Dapre
Según las versiones entregadas por López y Pinilla a las autoridades, González habría sido el cerebro detrás del entramado de corrupción de la Ungrd. Directamente de él habría salido la orden de entregar coimas y dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso, como los conceptos de crédito emitidos por el Ministerio de Hacienda y que ya salpicaron también a seis congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Los exdirectivos de la Ungrd han dicho que desde la oficina de González salió la orden de sobornar al hoy suspendido congresista Iván Name, que para la fecha de los hechos era el presidente del Senado.
Entre lo que López ha declarado a las autoridades y que ha ganado cada vez más credibilidad para la Corte Suprema de Justicia, está una supuesta reunión de septiembre de 2023. El exdirector de la Ungrd ha dicho que en ese encuentro, González dio la orden de entregarle $3.000 millones a Name, a modo de soborno para que destrabaran las reformas pensional y a la salud.
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Es ahí cuando aparecen otros dos nombres claves en el expediente: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el pasado 7 de mayo, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y hoy privada de la libertad en una guarnición militar por su presunta participación en el entramado de corrupción.
Según ha señalado López, la orden de González de entregar los sobornos a Name y Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, la habría hecho efectiva Ortiz. Las declaraciones del exdirector de la Ungrd la señalan de haberle entregado los $3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y de gestionar un soborno extra, de $1.000 millones, que se le habría entregado a Calle en Montería (Córdoba).
Con el anuncio de la imputación del exdirector del Dapre, esa versión entregada por López, y corroborada por Pinilla, cobra mayor importancia para la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte, que permitieron las capturas de Name y Calle, y por María Cristina Patiño, fiscal del caso, y que la defensa de González había pedido no tener en cuenta.
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La Corte Suprema negó las pretenciones de la defensa de González y le dio aval a esas pruebas, entre las que hay registros de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, y un elemento clave: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, que darían cuenta de la reunión de septiembre de 2023 entre González, Ortiz y López, las caras más visibles del escándalo de corrupción.
Pese a que González negó en su momento ante la Corte Suprema haber dado las órdenes por las que será investigado, la justicia encuentra cada vez más razones para creerle a López y Pinilla, los testigos estrella del caso, y desenredar la madeja por la que dineros públicos fueron a parar a bolsillos de terceros.
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Por Gustavo Montes Arias
