Carlos Ramón González Merchán pasó de estar en los círculos del alto poder a tener un pie en la cárcel. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura, por petición de la Fiscalía, para que enfrente desde prisión la investigación en su contra por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien fuera la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue imputado en mayo pasado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Este 2 de julio, el Tribunal le dio validez a las pruebas del ente investigador y requirió de forma urgente al exfuncionario para que vuelva al país y enfrente su situación judicial.
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Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de González Merchán, a la cual asistió virtualmente, pues todo parece indicar que se encuentra en Managua (Nicaragua), el magistrado Leonel Rogeles Moreno leyó los motivos por los cuales el exdirector no podrá enfrentar su proceso en libertad. Además de argumentar que el procesado podría interferir en las investigaciones que siguen en curso, el togado señaló que sus conductas son de “mayor gravedad” y esto se evidencia debido a las “calidades que ostenta el implicado, quien se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con reconocimiento público y está vinculado desde hace años con el poder político”. Para el magistrado también existe la preocupación latente de un posible riesgo de fuga, pues el exfuncionario no ha regresado del país centroamericano.
Para el Tribunal Superior de Bogotá es motivo suficiente para dictar medida de aseguramiento urgente en contra del antiguo director del Dapre, teniendo en cuenta que ha salido del país en repetidas ocasiones, aun con su nombre bajo la lupa de investigaciones judiciales. Inicialmente, González Merchán viajó a Europa, luego a Costa Rica, y, tras un informe de investigación informática del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía determinó que su último y actual paradero es Nicaragua. “Debido a su constante ingreso y salida del territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar en caso de ser vencido en juicio. (...) El implicado no cuenta con arraigo actualizado”, precisó el magistrado.
A finales de junio, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, se refirió a la situación de González Merchán y aseguró que, aunque confía en que él le dará la cara a la justicia, no descarta que se emita una circular roja de Interpol para dar con su paradero y traerlo de vuelta a Colombia. Fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que ese proceso todavía podría tardar un tiempo, puesto que su defensa, en cabeza del abogado Iván Cancino, interpuso un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal y, hasta que ese asunto se resuelva, no se puede requerir al exfuncionario con una orden internacional. A esto se suma que la medida de aseguramiento se hizo efectiva por los cargos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros, más no por lavado de activos, por el cual sí está imputado. La Fiscalía apeló la determinación de dejar por fuera ese delito.
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¿Qué dicen las investigaciones?
El ente investigador expuso ante el Tribunal la presunta participación de González Merchán en el engranaje mientras ejercía como director del Dapre. Por medio de ese cargo, señalan las pesquisas, el exfuncionario habría pactado con Olmedo López —entonces director de la Ungrd— la entrega de contratos por $60.000 millones para Iván Name, quien en ese momento presidía el Senado, y de $10.000 millones para Andrés Calle, su par en la Cámara de Representantes. De acuerdo con las declaraciones del exdirector de la Ungrd ante investigadores del búnker y de la Corte Suprema de Justicia, la entrega de esos contratos se adelantó a cambio del apoyo de ambos congresistas a los proyectos que el Ejecutivo presentó ante el Congreso, como la reforma a la salud. No obstante, la entrega de esos convenios nunca se materializó.
Olmedo López explicó que ambas cabezas del Legislativo presionaron por lo que les prometieron, motivo por el cual González Merchán habría variado la oferta para cumplirles. El ofrecimiento, al parecer, pasó a ser una coima en efectivo de $3.000 millones para Name y de $1.000 millones para Calle, y los recursos saldrían del contrato firmado por la Ungrd para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira, que presentó un sobrecosto de $14.163 millones. La Fiscalía señala a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones —copartidaria de Name y González en la Alianza Verde y procesada por estos hechos— como la encargada de entregar la plata al expresidente del Senado. Además, López aseguró que el exdirector del Dapre ordenó cuadrar el soborno de Calle directamente y sin intermediarios. Ambos expresidentes del Congreso están detenidos desde mayo pasado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
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De hecho, ante autoridades judiciales, el exdirector de la entidad encargada de atender desastres recordó que, el 21 de septiembre de 2023, en una reunión previa en un consejo de ministros, Ortiz se le acercó para hablarle del tema y preguntarle por la plata, haciendo énfasis en que con ella “solo era lo de Name”. Esa conversación, según el exdirector de la Ungrd, quedó registrada en las cámaras de seguridad de Palacio y también fue conocida por Carlos Ramón González. Respecto a Calle, López aseguró que se reunió con él en su oficina para pactar el soborno de $1.000 millones, pues la orden era que ese asunto debía gestionarse directamente. Esa coima fue entregada por Sneyder Pinilla —exsubdirector de la Unidad y también condenado por su participación en el entramado— en Montería (Córdoba).
González Merchán asegura ser inocente de los señalamientos en su contra y durante la audiencia de medida de aseguramiento tanto él como su abogado reiteraron que no existen pruebas sólidas para vincularlo al caso. Cancino manifestó que el nombre de su cliente solo ha sido pronunciado por Olmedo López con la única intención de buscar beneficios en su proceso judicial y que ni siquiera Sneyder Pinilla ha declarado contra el exfuncionario. Por su parte, González anotó: “Estamos ante un acto de incriminación que tiene una motivación clarísima. (...) Aquí estamos analizando mi conducta, no la de Olmedo ni la de Sneyder, y no encuentro ni una que me permita pensar que pude haber cometido un error (...) ¿Yo soy sospechoso por ser amigo del presidente? ¿Por haber sido guerrillero?”.
Así las cosas, con los cuestionamientos del procesado terminó la diligencia en la que se definió que el también exdirector del DNI debe ir a la cárcel. La Fiscalía dejó en claro que esa medida también debe cobijar el delito de lavado de activos, una solicitud que fue apoyada por las víctimas y la Procuraduría. El balón está ahora en la cancha del propio Carlos Ramón González, quien deberá volver al país para evitar que sea una circular roja de Interpol la que lo traiga de nuevo a Colombia, una vez se resuelva la apelación que presentó contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá. En todo caso, lo que sí está claro es que ya desbancó a Sandra Ortiz como la ficha más alta del Ejecutivo en ser requerida por la justicia para ir a prisión por el caso de la Ungrd.
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Por Santiago Díaz Gamboa
