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Ayer 12 de mayo de 2023, se cumplió un cuarto de siglo desde que el general (r) Fernando Landazábal fue asesinado cerca a su casa, en el norte de Bogotá. Un crimen consumado que, durante dos décadas y media, aún no deja condenas penales y, al contrario, un mar de dudas sobre los responsables de acabar con la vida de quien fuera columnista de El Nuevo Siglo, comandante del Ejército, general de la República e, incluso, ministro de Defensa del gobierno de Belisario Betancourt.
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La familia de Landazábal no obtuvo respuesta alguna de la justicia durante largos años, hasta que el exsecretariado de las Farc se apropió del crimen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en 2020. Entonces, también dijeron ser los responsables de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, el rostro conservador de los ochenta y noventa, y Hernando Pizarro León – Gómez, hermano de Carlos Pizarro. A pesar de que se suponía el crimen estaría esclarecido, la familia del general asesinado reclama avances palpables y una respuesta contundente de la JEP.
Esta es la carta abierta de la familia del general (r) Landazábal:
Hoy, 12 de mayo de 2023, se cumple aquella mañana en la que sufrimos unos de los golpes más duros que cualquier familia podría recibir, nuestro padre, el General (r) Fernando Landazábal Reyes, haciendo servicio al país durante más de 50 años, con su trabajo, acciones y opiniones, a la edad de 76 años, en completo estado de indefensión, fue asesinado cobardemente a pocos metros de su residencia.
Después de 22 años en el año 2020, recibimos comunicación de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la que nos informaron que las FARC se habían declarado responsables del asesinado de 5 personajes de connotación nacional, entre ellos nuestro padre.
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Esa noticia revivió esos terribles momentos y durante estos años en que hemos estado atentos a cualquier desarrollo del proceso ante la JEP, no tenemos nada nuevo. La verdad real, exhaustiva, contrastable, esos aportes presentes, afectivos y suficientes de verdad, que se esperan por parte de quienes se atribuyeron esos nefastos hechos, ha estado ausente.
Aunque la JEP afirma ya tener las pruebas reunidas, no nos da acceso a las mismas; adicional a esa situación se nos niega solicitudes de pruebas, peticiones para citar personas que creemos que pueden de alguna manera contribuir a la consecución de esa verdad, para saber realmente qué paso, quién ordenó, qué personajes estuvieron involucrados y que intereses macabros había.
Más aún, después de transcurridos tres años, la Jurisdicción Especial para la Paz ni siquiera ha decidido si asume o no la competencia material del caso ¡Aspecto trascendental!
Estamos peor que antes. Hoy sentimos que se nos ha usado ya que, quienes asumieron la responsabilidad del vil asesinato de nuestro padre, hoy en día, solo se limitan a decir que no tienen conocimiento de nada, que no participaron del hecho y tampoco realizan aportes concretos de verdad. Además, ahora, se eliminan las audiencias para que, por escrito, mediante cuestionarios cerrados, sin la inmediación de un Juez y sin permitirnos confrontar a los presuntos responsables, estos brinden paupérrimas respuestas que no conducen a nada.
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Hoy, en esta coyuntura del aniversario 25 del magnicidio del general (r) Fernando Landazábal Reyes, con toda la información recibida y las pruebas recaudadas, ¿No hay nada? ¿Ni siquiera es posible aunque se asuma la competencia material por parte de la JEP?
No buscamos la respuesta acomodada sino la respuesta correcta: ¡LA VERDAD!
Otra vez nos sentimos revictimizados, utilizados, adoloridos y con profunda tristeza.
Atentamente, Adriana Landazábal Bernal, Olga Landazábal Bernal, María del Pilar Landazábal Bernal y Fernando Landazábal Bernal.
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