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El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego por el delito de concusión como interviniente, que contempla una pena de seis años de prisión, el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 60 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Tarquino Gallego, según la investigación de la Fiscalía, fue una de las piezas del denominado cartel de la toga: un grupo de políticos, magistrados de la Corte Suprema y abogados que torcían expedientes judiciales en el alto tribunal.
Lo que dice la acusación contra Tarquino afirma que se reunió en varias oportunidades en un apartamento del norte de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2014, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para hablar sobre las indagaciones que se seguían por irregularidades de contratación en el departamento y la posible participación de este último en el denominado cartel de la hemofilia.
La Fiscalía estableció que el exfuncionario, en dos de los encuentros conocidos, pidió dinero para facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario o podrían impedir actuaciones en su contra. Tarquino, dice el expediente, le exigió $20.000 millones al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para “ayudarle” con las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema.
El juez de primera instancia, que lo condenó en 2023, señaló como responsable de aprovechar su posición de poder para incidir en las investigaciones en contra el exgobernador de Córdoba.
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Estos sobornos, al parecer, se dieron en 2014 en al menos cuatro reuniones en el apartamento del exmagistrado. Así lo reveló por la Fiscalía y lo confesó Lyons, quien en 2018 fue condenado vía preacuerdo con la justicia, comprometiéndose a revelar nombres y momentos clave del cartel de la toga. En esos encuentros, el exmagistrado Tarquino, según la investigación, solicitó el dinero para tener acercamientos con personas que podrían conocer detalles sobre los asuntos por los que era investigado Lyons.
El presidente de la Corte Suprema en 2011, como probó en ente investigador, le dijo a Lyons que conocía al fiscal que llevaba su caso y que podía persuadirlo para que le ayudara en el mismo. El entonces exgobernador de Córdoba era investigado por el desfalco al departamento, entre 2011 y 2015, de hasta $87.000 millones. Según su sentencia condenatoria, se apropió de $8.900 millones de contratos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología.
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El cartel de la toga se conoció a finales de junio de 2017, cuando el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue capturado. El alto funcionario había sido grabado por la DEA, a través de Lyons. En una conversación, Moreno le contó a Lyons que Camilo Tarquino se encontraba detrás del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, insistiendo para que actuara en contra del exgobernador; y Lyons le cuenta a Moreno el millonario pedido que le hizo el exmagistrado y asegura que no podía cumplir con la pretensión.
Durante el proceso contra el exmagistrado Francisco Ricaurte se supo que Lyons habría contactado a Tarquino a través de la excongresista Muriel Benito Rebollo, una amiga que tenían en común. El contacto se habría realizado para conseguir ayuda del abogado Tarquino, pero los dos negaron los hechos. No obstante, ambos resultaron condenados por la misma Corte que presidieron.
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