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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó este jueves las condenas impuestas contra los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez y Gustavo Malo Fernández por corrupción en el escándalo conocido como el cartel de la toga. Además, compulsó copias a la Fiscalía para que decomise los bienes que se adquirieron con los dineros ilegales.
Los dos exmagistrados llevaron su caso hasta la Sala Penal para que volvieran a revisar su expediente y buscar que cambiara. Sin embargo, el alto tribunal decidió no recbir el caso y confirmó lo que se sentenció años atrás: 16 años y cinco meses de prisión para Ricaurte, y nueve años para Malo.
La pena, porque, en el caso de Ricaurte, ya como exmagistrado, recibió sobornos para ayudar en los procesos que adelantaba el alto tribunal contra los excongresistas Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, por parapolítica. Asimismo, contra los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons, y del Valle del Cauca,Juan Carlos Abadía, por otros delitos. En el caso de Malo, sus acciones ilegales ocurrieron cuando seguía como magistrado. Según lo que ha encontrado la justicia, Álvaro Ashton le dio $1.200 millones para que el entonces togado le ayudara con su proceso por concierto para delinquir con grupos paramilitares.
Dentro de las más recientes decisiones en contra de los dos corruptos exmagistrados, la Sala Penal confirmó la condena que le impuso la Sala Especial de Primera Instancia a Malo Fernández por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricado por omisión.
Igualmente, la Corte le compulsó copias a la Fiscalía para que adelante los procesos de extinción de dominio contra los dineros que se traficaron por estos hechos de corrupción. También, pidieron al ente investigador que averigüe sobre otros hechos “que no han sido objeto de judicialización y que tendrían que ver con la misma organización criminal”.
Por su parte, la Corte le mantuvo la condena al exmagistrado Ricaurte Gómez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo y utilización indebida de información privilegiada.
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