5 Feb 2020 - 11:17 a. m.

Cartel de la toga sí tiene relación con el conflicto: JEP contraataca en pelea con Fiscalía

La Corte Constitucional tiene que dirimir quién continúa la investigación contra el exsenador Álvaro Ashton por el cartel de la toga: si la justicia ordinaria —en cabeza de la Fiscalía— o la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP le insistió a la Corte que el caso es de su competencia y aseguró que esa discusión ya es “cosa juzgada”.

Felipe Morales Sierra - @elmoral_es

La JEP dejó en libertad condicionada a Ashton en septiembre del año pasado.  / Gustavo Torrijos - El Espectador
La JEP dejó en libertad condicionada a Ashton en septiembre del año pasado. / Gustavo Torrijos - El Espectador

El escándalo del cartel de la toga tiene en una nueva rencilla a la Procuraduría y a la Fiscalía con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las cabezas de ambas entidades han expresado públicamente que no están de acuerdo con que el órgano encargado de esclarecer el conflicto armado investigue estos sobornos que torcían procesos en la Corte Suprema de Justicia. Una de las primeras batallas la dirimirá la Corte Constitucional, que deberá definir quién se queda con el expediente del exsenador liberal Álvaro Ashton. La JEP le aseguró al alto tribunal en los últimos días que este caso de corrupción sí tiene relación con el conflicto armado e insistió que sí tiene competencia para juzgarlo.

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La controversia nació con la admisión del exsenador Ashton en la JEP a mediados del año pasado. El excongresista tenía cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, de las cuales tres pasaron a manos de la justicia especial: la primera, por vínculos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas (Auc); otra por amenazas a un exparamilitar que era testigo en su contra, y una última, la del cartel de la toga, porque pagó —como él mismo ya aceptó— un millonario soborno para que su expediente por parapolítica se archivara, según reveló quien recibió el dinero: el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno. En los tres expedientes, la JEP encontró una relación con el conflicto armado.

La discusión llegó a la Corte Constitucional en enero de este año. El 20 del pasado mes, la fiscal Claudia Patricia Vanegas, que lleva varios procesos del cartel de la toga, le planteó a ese alto tribunal que había un conflicto de competencias por resolver. Según la funcionaria, que la JEP asumiera el estudio de este entramado de corrupción que se fraguó desde la Corte Suprema genera “un incentivo perverso para aquellos que quieren recibir los beneficios propios de la justicia transicional habiendo cometido delitos ordinarios por fuera del marco o contexto del conflicto armado”. Por ende, le pidió a los magistrados que le quiten el caso a la JEP y lo dejen en manos de la Fiscalía.

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La JEP contraataca

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la justicia especial le respondió el pasado 31 de enero a la Corte, en un documento conocido por El Espectador. Allí, la JEP no solo planteó que tienen competencia para juzgar a Ashton, sino que esa competencia es prevalente. O sea, que por ley le ganan el pulso a la Fiscalía. Además, señaló que como desde agosto de 2018 la Sección de Apelación había aceptado el sometimiento del exsenador liberal, luego ratificado por la SDSJ en 2019, con cartel de la toga a bordo, la discusión ya “constituye cosa juzgada”. Es decir, como ya hay, no una, sino dos decisiones que avalaron la entrada del cartel de la toga a la JEP, no hay lugar a más discusión.

En el documento, asimismo, la SDSJ reprochó que la fiscal Vargas cuestione que es lo que la justicia especial define por relación con el conflicto armado. “Esta Sala debe advertir que, si se entendiera que cualquier autoridad de la jurisdicción ordinaria puede abrogarse la determinación del nexo de una conducta con el conflicto armado cuando las salas y secciones ya se han pronunciado sobre ello, podría derivar en un paralelismo jurídico en perjuicio de la seguridad jurídica de las víctimas y su derecho fundamental a la verdad, así como de las personas comparecientes a la JEP”, señaló la Sala.

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En conclusión, a juicio de la Sala, “no le asiste razón” a la fiscal y el expediente debería permanecer en la justicia especial, aunque, aclaran que “nada obsta para que las salas o secciones de la JEP determinen la falta de competencia material sobre determinados asuntos de esta Jurisdicción Especial en etapas posteriores a la aceptación del sometimiento de las personas comparecientes, esto una vez se cuenten con todos los elementos de estudio para ello, evento en el que procedería la devolución de su estudio a la jurisdicción ordinaria”. En otras palabras, más adelante, con más pruebas, la JEP podría concluir que el cartel de la toga no es de su resorte y devolvérselo a la Fiscalía.

A renglón seguido, la justicia especial descalificó la petición de la fiscal Vanegas, pues asegura que, “sin ningún argumento diferente a citar las normas que rigen esta jurisdicción y declarar lo que para ella es evidente sobre este asunto, pretende desconocer una serie de decisiones judiciales ejecutoriadas proferidas por los órganos colegiados que hacen parte de esta Jurisdicción”. A la vez, según la SDSJ, con el documento enviado a la Corte Constitucional se pone “en tela de juicio el cumplimiento de las funciones legales” de la JEP.

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La Procuraduría también intentó dar la pelea en esta tema, pero perdió. El ente disciplinario apeló en julio del año pasado que la JEP entrara a investigar el cartel de la toga. Según el documento que radicó el Ministerio Público en la justicia transicional, el cohecho cometido por Ashton, al pagar por desviar la investigación en su contra por parapolítica, “se gesta en un entorno de corrupción en abuso del poder público que no se corresponde con lo pretendido en Acuerdo Final de Paz”. Es decir, que la conducta no guarda relación con el conflicto y debería volver a la justicia ordinaria.

No obstante, en octubre siguiente, la Sección de Apelación de la JEP dejó en firme la admisión de Ashton. Esa decisión ni siquiera se refiere a los reparos de la Procuraduría a que este caso de corrupción sea estudiado como relacionado con el conflicto, pues los magistrados consideraron que ya había cosa juzgada. “Esta Sección estableció en el Auto 20 de 2018 —que ordenó aceptar al exsenador en la justicia transicional— que dicha conducta estaba relacionada con el conflicto de forma indirecta, por cuanto fue cometida para encubrir el delito de concierto para delinquir —parapolítica— que el compareciente perpetró en connivencia con paramilitares”, dice el auto.

Así las cosas, la Corte Constitucional deberá resolver esta batalla jurídica y determinar si es la JEP o la Fiscalía la entidad encargada de investigar a Ashton por el cartel de la toga.

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