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La familia de Álvaro Gómez Hurtado, líder conservador asesinado en 1995, solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejar la investigación por el magnicidio y crimen de lesa humanidad. A través de un informe de 173 páginas, la Fundación Álvaro Gómez Hurtado y la Asociación Únete por Colombia desplegaron una serie de presuntas evidencias con las cuales esperan que el caso vuelva a la Fiscalía. Señalan al expresidente Ernesto Samper, aun cuando líderes exFarc reconocieron su responsabilidad en octubre de 2020.
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“En este documento se consigna el oprobioso camino de desviaciones y las pruebas recaudadas que acreditan la ocurrencia de un crimen de Estado de lesa humanidad en cabeza de la Administración de Ernesto Samper Pizano, y que desvirtúan total, claramente y de manera contundente la autoincriminación de las Farc”, señaló Enrique Gómez Martínez, sobrino del fallecido líder político y actual candidato a la presidencia.
Álvaro Gómez Hurtado, hijo del político conservador Laureano Gómez, fue un abogado y político que, entre otras cosas, participó como artífice y firmante de la Constitución Política de 1991. El asesinato del abogado ocurrió el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda, donde enseñaba la cátedra de Historia Política y Constitucional de Colombia. Fue baleado por sicarios. En 2017, el caso fue declarado crimen de lesa humanidad, por lo cual no prescribirá.
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La responsabilidad de las Farc en el asesinato fue tempranamente reconocida en octubre de 2020, cuando le enviaron una carta a la entonces presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, admitiendo que fueron ellos quienes ordenaron y ejecutaron el crimen. En ese entonces, la togada dijo que, en la misiva, los excombatientes manifestaron que también hablarán y asumirán los homicidios de Hernando Pizarro León-Gómez, hermano de Carlos Pizarro, el exguerrillero José Fedor Rey o Javier Delgado y el economista Jesús Antonio Bejarano, entre otros.
El candidato Gómez Martínez, sin embargo, no le sigue la cuerda a esa hipótesis: “Clara e indudablemente, el homicidio de Gómez Hurtado benefició a Ernesto Samper en su hora más atribulada, en la cual se revelaban pruebas de la profundidad de su compromiso y el de su administración y sus seguidores en el Congreso con los carteles de la droga. Y si solo fuera por el enorme beneficio para el gobierno, también es válido predicar la existencia en este caso de un crimen de Estado”.
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En el informe, ambas organizaciones describen decenas de hechos representativos antes, durante y luego del crimen. Por ejemplo, se reseñan las conversaciones entregadas por el expresidente Andrés Pastrana, en las cuales se escucharían a Alberto y Miguel Rodríguez Orejuela, capos del Cartel de Cali, hablando de inyectar dinero en la campaña presidencial de Ernesto Samper. El denominado “proceso 8000″, del cual el expresidente Samper ha resultado libre. Álvaro Gómez, desde entonces, inició una campaña de denuncia.
Para 1995, se lee en el informe, Gómez Hurtado fue el primer líder político en pedir expresamente la renuncia de Samper. Para sostener su discurso, se amparó en una agenda “anti-samperista” en el Noticiero 24 Horas o en el periódico El Nuevo Siglo. Las organizaciones denuncian que, hasta el momento, la Fiscalía no tiene evidencia de que el entonces presidente Samper hubiese creado un grupo elite para investigar la muerte, lo cual prometió ante la opinión pública.
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“Para el Gobierno Samper la investigación concluyó con la captura de los miembros del grupo llamado Sincelejo el 18 de noviembre de 1995. Así lo reconoció el exministro Horacio Serpa en su declaración ante la fiscalía dentro de la investigación No. 61.434, reconociendo que no recuerda haber dado ninguna orden específica para dotar de eficacia a la investigación”, se lee en el informe. De acuerdo con el candidato Gómez, tales afirmaciones están fundamentadas en la investigación que adelantó la Fiscalía hasta la llegada de la JEP.
Según se lee en el escrito, las evidencias recuperadas el día del asesinato se encuentra desaparecidas. La Fiscalía y el Juzgado 2° Penal de Circuito de Bogotá, denuncian las organizaciones, no dan razón de los elementos. Incluso, aseguran que tendrían cómo probar que el ministro de Defensa de Samper hasta julio de 1995, Fernando Botero Zea, ha reconocido que desde meses previos al crimen, Gómez Hurtado representaría una “preocupación” para el alto gobierno. Ahora, la JEP deberá estudiar el informe de la familia Gómez y decidir si mantiene su competencia sobre la investigación.
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