Caso Álvaro Gómez no fue declarado crimen de lesa humanidad

La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de abrirle proceso y citar a indagatoria al expresidente Ernesto Samper Pizano por el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado ya tiene réplica judicial. A través de su abogado, Yesid Reyes, el exmandatario radicó una petición para que la decisión sea modificada, hasta que no se practiquen otras pruebas testimoniales sobre el caso.

A pesar de que la decisión de la Comisión de Acusación sólo trascendió hace unas semanas, realmente fue tomada el pasado 5 de diciembre. Con ella, además de abrir instrucción contra el expresidente Samper por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Gómez, se adoptan otras determinaciones claves para el desarrollo del proceso. No obstante, la defensa del exgobernante cree que antes debe darse la versión libre que él solicitó.

El Espectador conoció la resolución adoptada por los representantes a la Cámara investigadores, Constantino Rodríguez y Orlando Clavijo, y el primer detalle del documento es la negativa a que el caso sea declarado delito de lesa humanidad, como ocurrió con los asesinatos de Guillermo Cano, Rodrigo Lara o Luis Carlos Galán. En esencia, los representantes concluyen que por ahora no se reúnen los requisitos para tal declaratoria.

Según la resolución, para declarar un delito como de lesa humanidad debe tenerse en cuenta que el ataque fuera ejecutado colectivamente contra una multiplicidad de víctimas, y al estudiar los seis cuadernos que integran el expediente de la investigación preliminar se encontró que no se cumplen las exigencias en derecho. Eso sí, la Comisión advirtió que si se llegan a reunir los requisitos, deberá procederse a aceptar la requerida declaratoria.

En segunda instancia se constata que, además de las publicitadas declaraciones del extraditado narcotraficante Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, que dejan entrever nexos entre el expresidente Samper e Ignacio Londoño Zabala, supuestamente el individuo que azuzó a los narcos del Norte del Valle a perpetrar el crimen, existen otros testimonios que el apoderado de la parte civil, Enrique Gómez, quiere agregar a la investigación.

En concreto, Enrique Gómez solicitó incorporar al expediente dos declaraciones del jefe paramilitar Freddy Rendón, alias El Alemán; una del hermano de éste, Daniel Rendón, alias Don Mario; la versión que el extraditado narcotraficante Johny Cano le dio a la Corte Suprema en Nueva York, y dos declaraciones más de los extraditados narcotraficantes Diego y Juan Carlos Montoya. La Comisión de Acusación consideró que debe ser la Fiscalía la que agregue estos testimonios al proceso.

Además, la Comisión accedió a la petición de la parte civil para que se cite cuanto antes a rendir testimonio a Carlos Alberto Lugo, uno de los primeros testigos del proceso Gómez Hurtado, cuya intervención, casi desde el mismo momento del magnicidio, ha generado toda clase de dudas. El tema central es que Lugo hizo una serie de graves imputaciones de las cuales extrañamente se retractó después.

Recientemente, Lugo le dijo a El Espectador que lo que ocurrió en 1996 fue que, ante las inconsistencias del programa de protección de testigos de la Fiscalía, decidió retirarse del caso. No obstante, uno de los jefes de esta dependencia se ofreció a ayudarlo y lo llevó a su apartamento. Supuestamente a ese sitio fue el edecán del presidente Samper, el coronel Germán Osorio, para darle las pautas de cómo retractarse. Enrique Gómez ha insistido en la validez de este testimonio.

Por esa razón, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le pidió a la Fiscalía que le colabore en la recepción de esa declaración y proteja al testigo, al tiempo que ordenó que las distintas autoridades judiciales remitan a esta dependencia las pruebas que ha recaudado en el caso Gómez Hurtado. La fecha de la diligencia para escuchar al expresidente Samper se fijó para el 28 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Consultado, el abogado Yesid Reyes, apoderado de Samper, observó que la Comisión de Acusación debió haber agotado la etapa de indagación preliminar, incluyendo la versión libre del expresidente Samper. Agregó que la citación a indagatoria es susceptible de modificación, entre otros aspectos porque existen otros medios de prueba testimoniales, amparados por la reserva, que desvirtúan el soporte probatorio del testimonio de Rasguño.

El exministro Horacio Serpa, quien también ha sido señalado en el supuesto plan de la mafia para asesinar a Gómez Hurtado, defendió la inocencia de Samper y calificó de calumnioso e infame todo lo que ha dicho el narcotraficante Hernando Gómez, alias Rasguño. “Lo que se quiere seguir buscando es que se diga que se trató de un crimen de Estado para así cobrarle una jugosa indemnización a la Nación”, agregó Serpa.

Cuando se conoció el llamado a indagatoria contra Samper, el exmandatario manifestó que entre dos conservadores, Augusto Posada y Constantino Rodríguez, tomaron de manera sorprendente una decisión violando sus garantías. Samper agregó que nunca se ha encontrado ni se encontrará una sola prueba que lo involucre. Enrique Gómez, parte civil en el proceso, cree lo contrario y sostiene que Samper debe responder.

La decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de abrirle proceso y citar a indagatoria al expresidente Ernesto Samper Pizano por el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado ya tiene réplica judicial. A través de su abogado, Yesid Reyes, el exmandatario radicó una petición para que la decisión sea modificada, hasta que no se practiquen otras pruebas testimoniales sobre el caso.

A pesar de que la decisión de la Comisión de Acusación sólo trascendió hace unas semanas, realmente fue tomada el pasado 5 de diciembre. Con ella, además de abrir instrucción contra el expresidente Samper por su presunta responsabilidad en el magnicidio de Gómez, se adoptan otras determinaciones claves para el desarrollo del proceso. No obstante, la defensa del exgobernante cree que antes debe darse la versión libre que él solicitó.

El Espectador conoció la resolución adoptada por los representantes a la Cámara investigadores, Constantino Rodríguez y Orlando Clavijo, y el primer detalle del documento es la negativa a que el caso sea declarado delito de lesa humanidad, como ocurrió con los asesinatos de Guillermo Cano, Rodrigo Lara o Luis Carlos Galán. En esencia, los representantes concluyen que por ahora no se reúnen los requisitos para tal declaratoria.

Según la resolución, para declarar un delito como de lesa humanidad debe tenerse en cuenta que el ataque fuera ejecutado colectivamente contra una multiplicidad de víctimas, y al estudiar los seis cuadernos que integran el expediente de la investigación preliminar se encontró que no se cumplen las exigencias en derecho. Eso sí, la Comisión advirtió que si se llegan a reunir los requisitos, deberá procederse a aceptar la requerida declaratoria.

En segunda instancia se constata que, además de las publicitadas declaraciones del extraditado narcotraficante Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, que dejan entrever nexos entre el expresidente Samper e Ignacio Londoño Zabala, supuestamente el individuo que azuzó a los narcos del Norte del Valle a perpetrar el crimen, existen otros testimonios que el apoderado de la parte civil, Enrique Gómez, quiere agregar a la investigación.

En concreto, Enrique Gómez solicitó incorporar al expediente dos declaraciones del jefe paramilitar Freddy Rendón, alias El Alemán; una del hermano de éste, Daniel Rendón, alias Don Mario; la versión que el extraditado narcotraficante Johny Cano le dio a la Corte Suprema en Nueva York, y dos declaraciones más de los extraditados narcotraficantes Diego y Juan Carlos Montoya. La Comisión de Acusación consideró que debe ser la Fiscalía la que agregue estos testimonios al proceso.

Además, la Comisión accedió a la petición de la parte civil para que se cite cuanto antes a rendir testimonio a Carlos Alberto Lugo, uno de los primeros testigos del proceso Gómez Hurtado, cuya intervención, casi desde el mismo momento del magnicidio, ha generado toda clase de dudas. El tema central es que Lugo hizo una serie de graves imputaciones de las cuales extrañamente se retractó después.

Recientemente, Lugo le dijo a El Espectador que lo que ocurrió en 1996 fue que, ante las inconsistencias del programa de protección de testigos de la Fiscalía, decidió retirarse del caso. No obstante, uno de los jefes de esta dependencia se ofreció a ayudarlo y lo llevó a su apartamento. Supuestamente a ese sitio fue el edecán del presidente Samper, el coronel Germán Osorio, para darle las pautas de cómo retractarse. Enrique Gómez ha insistido en la validez de este testimonio.

Por esa razón, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes le pidió a la Fiscalía que le colabore en la recepción de esa declaración y proteja al testigo, al tiempo que ordenó que las distintas autoridades judiciales remitan a esta dependencia las pruebas que ha recaudado en el caso Gómez Hurtado. La fecha de la diligencia para escuchar al expresidente Samper se fijó para el 28 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Consultado, el abogado Yesid Reyes, apoderado de Samper, observó que la Comisión de Acusación debió haber agotado la etapa de indagación preliminar, incluyendo la versión libre del expresidente Samper. Agregó que la citación a indagatoria es susceptible de modificación, entre otros aspectos porque existen otros medios de prueba testimoniales, amparados por la reserva, que desvirtúan el soporte probatorio del testimonio de Rasguño.

El exministro Horacio Serpa, quien también ha sido señalado en el supuesto plan de la mafia para asesinar a Gómez Hurtado, defendió la inocencia de Samper y calificó de calumnioso e infame todo lo que ha dicho el narcotraficante Hernando Gómez, alias Rasguño. “Lo que se quiere seguir buscando es que se diga que se trató de un crimen de Estado para así cobrarle una jugosa indemnización a la Nación”, agregó Serpa.

Cuando se conoció el llamado a indagatoria contra Samper, el exmandatario manifestó que entre dos conservadores, Augusto Posada y Constantino Rodríguez, tomaron de manera sorprendente una decisión violando sus garantías. Samper agregó que nunca se ha encontrado ni se encontrará una sola prueba que lo involucre. Enrique Gómez, parte civil en el proceso, cree lo contrario y sostiene que Samper debe responder.