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El centro de servicios judiciales de Paloquemao acaba de confirmar la fecha y la hora de la audiencia de preclusión solicitada por la Fiscalía, en medio de la investigación por fraude procesal y soborno en actuación penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Será el próximo 6 de abril, a las 8:00 a.m. y ante el Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, cuando el ente investigador presente los argumentos que lo llevaron a pedir el cierre del caso.
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De acuerdo con el fiscal Gabriel Jaimes, quien asumió el caso Uribe Vélez tras su renuncia al Senado, en agosto de 2020, las conductas por las cuales la Corte Suprema de Justicia vinculó al líder del Centro Democrático a una investigación penal “no tienen características de delito, y otros que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”. Por esa razón, el pasado 5 de marzo, Jaimes anunció que pediría la preclusión del expediente, trámite que, por reparto, recaerá sobre la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz.
Tras escuchar las razones de Jaimes, la jueza Carmen Helena Ortiz atenderá las solicitudes del senador Iván Cepeda, quien es víctima reconocida en el caso, y al exfiscal Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes también solicitaron fijar su posición en la audiencia. Luego de evaluar los argumentos de las partes, la jueza 28 decidirá si avala lo allegado por el fiscal Gabriel Jaimes para pedir que la investigación se archive o si, por el contrario, ordena mantenerla abierta.
Carmen Helena Ortiz es abogada y profesional en ciencias políticas de la Universidad Santo Tomás, universidad donde cursó su especialización en derecho administrativo en el 2000. Asimismo, la jueza 28 tiene una especialización en instituciones jurídico penales de la Universidad Nacional. Su carrera en la Rama Judicial inició en septiembre de ese año, como Oficial Mayor del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y Cundinamarca. A partir de allí, se ha desempeñado como jueza penal y de ejecución de penas y medidas de seguridad.
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“El juzgado está a cargo de una mujer que es completamente íntegra, cuidadosa, honesta, pero sobre todo absolutamente respetuosa. Es una persona justa. Encarna esa mística por la labor judicial. No tengo ninguna duda que este asunto tan importante tiene una juez que va a estar a la altura de las circunstancias”, explicó el abogado penalista Francisco Bernate, quien ha estado en el despacho de la jueza Ortiz en varias oportunidades.
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Si bien la determinación de la jueza 28 es crucial en el proceso, y su decisión podría desembocar en una tormenta judicial y política, la última palabra sobre el expediente de Álvaro Uribe no la tiene ella. Haciendo un trazado de las probabilidades, sería el Tribunal Superior de Bogotá el despacho judicial que, en definitiva, decida si el expresidente debe ir a juicio penal -o no-, pues ante la orden de la jueza Ortiz, las partes pueden apelar la decisión.
De acuerdo con el abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Uribe, el equipo de defensa está preparado para las fases procesales que siguen: “el Tribunal Superior de Bogotá, en sede de apelación, podría tomarse desde un mes hasta tres meses según la carga de trabajo para concluir el proceso. Lo importante es que la Fiscalía se decantó por una tesis, que es un criterio independiente, que refleja la realidad de los elementos probatorios”, dijo en entrevista con RCN Radio.
Por otro lado, la defensa del senador Iván Cepeda anunció que denunciará al fiscal Gabriel Jaimes por supuestamente haber actuado de forma arbitraria. Y, el pasado 11 de marzo, presentó una acción de tutela para que la Fiscalía le entregue los testimonios recolectados durante los últimos seis meses. De acuerdo con el recurso presentado por Reinaldo Villalba, abogado de Cepeda, en cinco oportunidades han pedido los documentos, pero les habrían respondido con evasivas.
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“Este despacho, en efecto, me ha hecho entrega de varios documentos, tanto por vía de correo electrónico como de 13 CDs recibidos en sede física del despacho de la Fiscalía. Sin embargo, ha hecho caso omiso a otras solicitudes relacionadas con otras actuaciones procesales, especialmente con las relacionadas con la expedición de copias de las entrevistas que la Fiscalía Sexta a llevado a cabo”, explicó Villalba en la tutela conocida por El Espectador.
La presente investigación contra Uribe inició en 2018 por orden de la Corte Suprema de Justicia. Tras dos años de indagaciones, la alta corte ordenó la detención preventiva y domiciliaria del expresidente, el 3 de agosto de 2020, de la cual se libró por orden de la Jueza 30 de Garantías de Bogotá, el 6 de noviembre pasado. Todo empezó con las denuncias de Iván Cepeda, quien, a través de testigos como Juan Guillermo Monsalve, asegura que Uribe Vélez habría intentado torcer testimonios a su favor en procesos por parapolítica en Antioquia.