El país nunca había presenciado unas críticas tan fuertes, promovidas por amplios sectores políticos y mediáticos, en contra del fallo de condena a un procesado. En este caso, el que la Juez 44 Penal de Bogotá, Sandra Heredia, profirió en el juicio al expresidente Álvaro Uribe ¿Cuál es la posición de Asonal Judicial sobre la situación de alta tensión que se vive por una decisión de la justicia que rechaza parte del poder político colombiano?
Las decisiones judiciales deben estar libres de cualquier injerencia externa, ya sea política, social, mediática o de las redes sociales. Las críticas que se han hecho por fuera del proceso tienen que ser rechazadas porque el debate probatorio se agotó, y porque el respeto por la decisión de la juez es de obligatorio cumplimiento, conforme lo indican los principios de autonomía e independencia de la justicia. La Constitución Política señala que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. Y, por tanto, es un deber de los ciudadanos acatar sus disposiciones. El pasado 28 de julio, la doctora Sandra Liliana Heredia Aranda, en su calidad de Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, emitió el sentido del fallo dentro del proceso adelantado en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, después de 13 años de que ese caso estuviera rodeado de plenas garantías para los sujetos procesales. La juez profirió la sentencia condenatoria el primero de agosto pasado. En Asonal Judicial, hemos exigido respeto por las decisiones de los jueces de la República, y hemos dicho que para que funcione adecuadamente el Estado Social de Derecho e impere la democracia, la autonomía y la independencia del poder judicial tienen que desarrollarse de manera efectiva.
El jueves pasado, 7 de agosto, se realizaron marchas convocadas por el Centro Democrático en varias ciudades para respaldar al expresidente condenado en primera instancia. Hubo un número significativo de personas en esas manifestaciones de protesta contra la decisión judicial ¿“Se le fue la mano” a la juez como ha dicho y repetido el uribismo en distintos tonos y grados?
Es importante resaltar la importancia constitucional de la independencia judicial sin desconocer el derecho que los ciudadanos tienen a expresarse libremente, siempre y cuando su propósito no sea el de poner en tela de juicio una decisión judicial. Para este efecto, existen mecanismos con que los sujetos procesales cuentan, como el recurso de apelación que tiene el objeto de que una segunda instancia conozca la actuación; existe, además, el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema. Las marchas son válidas consideradas como expresiones de apoyo político al condenado en primera instancia, a condición de que respeten los procedimientos legales en este o en cualquier otro proceso judicial.
Las críticas no solo se han centrado en el fallo. También han recaído en la persona de la juez: se ha dudado de su imparcialidad y hasta de su capacidad para leer y escribir la sentencia, además de la discriminación a su origen y familia ¿La difícil situación en que ella se encuentra, afectará, por miedo, a otros jueces cuando estos tengan que sancionar a políticos con poder?
Los jueces, así como los fiscales que adelanten las investigaciones en procesos penales que puedan denominarse “mediáticos” o de “trascendencia”, necesitan y deben estar rodeados de garantías para poder desempeñar su labor con independencia, incluyendo las de seguridad para el funcionario y para su núcleo familiar. Se presentan escenarios de amenazas que, a veces, se trasladan a las redes sociales; y, en ocasiones, también excesos de algunos medios de comunicación, como le sucedió a la Juez 44 que llegó a ser objeto de perfilamiento por parte de uno de ellos. Insisto en que este tipo de situaciones debe ser rechazado para que el imperio de la ley gobierne las decisiones, libres de injerencias o amedrentamiento social.
Le insisto: ¿otros jueces con menor determinación que quien falló este caso, sin duda, el más importante política y judicialmente hablando en lo que va corrido de este siglo en Colombia, pueden temer ¿Terminarán calculando los efectos políticos de su decisión antes de tomarla?
En Asonal Judicial esperamos que la administración de justicia continúe desempeñando su labor de manera recta y autónoma, independientemente de cuál sea el caso que se tramite, y confiamos en que los jueces cumplan con su tarea como les corresponde. Pero también creemos que las cortes deben pronunciarse, enérgicamente, en defensa de la autonomía e independencia de la justicia y en respaldo a todos los administradores judiciales de nuestro país.
Las presuntas ilegalidades de que adolecería el fallo contra Uribe, han sido publicitadas no solo en el país; también en el exterior, particularmente en Florida, Estados Unidos, en donde unos congresistas de origen latino y el Secretario de Estado Marco Rubio, de raíces cubanas, han calificado esa sentencia condenatoria como un acto de “persecución política” En su opinión, ¿se agrava la vulnerabilidad de la justicia colombiana con la incidencia extranjera o no?
Las expresiones según las cuales la justicia ha sido “mancillada”; la decisión judicial representa “un abuso” o la sentencia de condena es una “arma contra la oposición”, deben ser rechazadas. Esas afirmaciones constituyen agresiones e intromisiones al sistema judicial colombiano y violan la autonomía de nuestros jueces. La injerencia mediática y las críticas que se han hecho en Estados Unidos a la decisión de la Juez 44 no pueden ser admitidas. La totalidad de la administración de justicia nacional debe manifestar su repudio a esta situación.
Refiriéndome al poder de intimidación que parecen tener las ácidas críticas contra la sentencia de condena, uno es el temor a las reacciones internas y otro, a las actuaciones del Congreso de Estados Unidos o del gobierno Trump con respecto a Colombia. A partir de ahora, los anuncios de ese país con relación al nuestro, ¿serán o no otro factor de amedrentamiento para los jueces colombianos?
Provenga de donde provenga la injerencia, estoy convencido de que la independencia judicial colombiana continuará imperando en el país, y de que los jueces cumplirán con el debido proceso siendo respetuosos de todas las garantías y del análisis exclusivo de las pruebas allegadas a cada caso, sin importar quiénes sean los sujetos procesales puesto que la justicia debe aplicarse por igual a todos. El rechazo a la intromisión de gobiernos extranjeros en nuestro sistema judicial debe ser permanente y expresarse públicamente, tanto por parte de los poderes del Estado como por parte de la ciudadanía, en general.
Sin embargo, en lugar de rechazar la injerencia externa, unos colombianos, congresistas del Centro Democrático y los precandidatos de ese partido, han anunciado que, además de la influencia que ya han ejercido sobre ciertos congresistas de Estados Unidos, viajarán, de nuevo, a ese país para insistir en la supuesta “persecución” al expresidente por ser jefe de la oposición.
Reitero que el debido proceso, el derecho de defensa y las garantías establecidas constitucional y legalmente, han rodeado el caso por el que usted pregunta. Además, existen mecanismos que pueden activar los sujetos legitimados para instaurarlos, que permiten la interposición de recursos contra la decisión de primera instancia proferida. De esta manera, será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de dictar la sentencia de segunda instancia bajo ponderación y análisis de las pruebas y teniendo en cuenta las consideraciones y argumentos del recurso. Viajar a Estados Unidos para reforzar el rechazo de la sentencia es inocuo porque el poder judicial colombiano practica los principios de autonomía e independencia.
Además de que le parezca inocuo, ¿Asonal Judicial cree que llevar el debate de un fallo penal colombiano a instancias políticas de Estados Unidos, es beneficioso o pernicioso? ¿Están de acuerdo o no con esa intención?
Por supuesto que no estamos de acuerdo. Es el poder judicial colombiano el que debe resolver este o cualquier otro caso con la activación de sus mecanismos internos. Si se admitiera injerencia extranjera en uno u otro proceso, se interrumpiría el ejercicio de la autonomía de la justicia y, más aún, la vigencia de nuestro sistema democrático.
Las críticas de los republicanos de La Florida al fallo Uribe, podrían traducirse en sanciones económicas a Colombia impuestas por Washington, tal como está ocurriendo en Brasil por la condena al expresidente Bolsonaro, protegido de Trump. En este dilema y a las puertas de una descertificación en la lucha contra las drogas, ¿sería o no prudente que el Tribunal Superior de Bogotá, adonde llegará para revisión de la sentencia condenatoria, tenga en cuenta los riesgos?
Un fallo de cualquier juez debe ser totalmente imparcial y objetivo. Sus decisiones gozan del principio de autonomía, esto es, que no admiten injerencias o amedrentamientos políticos, sociales, mediáticos nacionales o internacionales. El Tribunal tiene que actuar absolutamente libre de presiones, insinuaciones o influencias. Estoy seguro de que así lo harán los magistrados que conozcan el asunto y que no tendrá en cuenta factores externos al proceso. A la justicia solo la guían sus principios rectores.
El presidente Petro ha calificado de “traidores a la patria” a los políticos que están haciendo lobby en Washington en contra del fallo. Pero el mandatario también ha sido muy crítico de las decisiones judiciales que no han sido favorables a su gobierno ¿El jefe de Estado se contradice con respecto a su propia conducta?
No veo contradicciones puesto que él les está exigiendo a los políticos que están haciendo lobby en Washington en contra del fallo, respeto por las decisiones, autonomía e independencia de la justicia de Colombia.
Pero le recuerdo que el mismo jefe de Estado ha criticado unas sentencias de las cortes cuando han afectado los programas o intereses de su administración…
Cierto. No obstante, las objeciones que ha expresado el presidente en contra de algunas decisiones, se relacionan con sentencias que afectan sus programas de gobierno, como usted lo afirma; y no lo ha hecho sobre medidas de condena a conductas personales que estén en conocimiento de la administración de justicia. Es distinto.
Las cortes, a través de sus presidentes, han confrontado a Petro cuando este ha objetado unas decisiones judiciales. Según su criterio, ¿los altos tribunales pueden o no polemizar públicamente con el Ejecutivo? ¿Cuál es la posición de Asonal Judicial en cuanto a este aspecto?
Ningún otro poder del Estado debe interferir en la libertad del juzgador para aplicar la ley. En ese sentido, puede decirse que las cortes tienen la obligación de rechazar, como órganos máximos de la justicia que son, la intromisión indebida del Ejecutivo en sus decisiones.
A propósito del tema, los presidentes de las tres cortes (Constitucional, Suprema y Consejo de Estado) han protestado contra las declaraciones del presidente y sus relaciones se han agrietado tanto que ni siquiera lo invitan o le aceptan invitaciones de Estado. Esas manifestaciones no parecieran tener el mismo tono ahora, frente al ataque que sufre la juez del caso Uribe ¿Está de acuerdo?
Aun cuando, en el marco legal y de esfera de su competencia, los tribunales, jueces y organizaciones sindicales hemos venido pronunciándonos en respaldo a la Juez 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, Asonal Judicial reitera el llamado para que la institucionalidad de la justicia, por medio de los presidentes de las altas cortes, asuma una férrea defensa de la autonomía, la independencia y el respeto que le debe toda la ciudadanía y todos los poderes a los fallos judiciales.
La polémica por el fallo de la juez 44 no va a desaparecer fácilmente ¿Su organización se ha planteado cómo actuar hacia adelante y cómo protegerla? Si no, ¿que se debería hacer en el caso puntual de la juez que ha quedado en una situación de alto riesgo por largo tiempo?
Los servidores judiciales de Colombia estaremos vigilantes para impedir cualquier vulneración a la independencia de la justicia e invitamos a rodear a sus funcionarios para hacer respetar sus decisiones. Igualmente, hacemos un llamado a los ciudadanos para que no quebranten su acatamiento a los jueces de la República. Puntualmente, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscal General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección deben brindar las garantías físicas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad y la vida de todos los servidores judiciales y, especialmente, de la señora Juez 44. Asonal Judicial siempre estará lista a apoyarla así como a cualquiera de los demás servidores de la rama.
Precisamente, Asonal Judicial, sindicato que usted preside, ¿cuántos afiliados tiene y con cuántos servidores cuenta la Rama de la Justicia?
En la Rama Judicial hay aproximadamente 62 mil servidores distribuidos entre las cortes, tribunales, juzgados, direcciones administrativas, centros de servicios y la Fiscalía General de la Nación con sus entidades adscritas, CTI y Medicina Legal. Estamos organizados en más de 20 sindicatos. Asonal Judicial es uno de ellos con, aproximadamente, 9 mil afiliados que trabajamos en todas las instituciones mencionadas anteriormente, y cuyas sedes se ubican a lo largo y ancho del territorio nacional. Contamos con una junta directiva nacional y con 26 subdirectivas repartidas en diferentes departamentos; entre nuestros afiliados tenemos magistrados, jueces, fiscales y empleados de despachos fiscales y de la judicatura, además de los servidores del CTI y Medicina Legal.
También existe en Colombia la Corporación de Jueces y Magistrados ¿Por qué estos togados tienen una agremiación diferente a la de otros jueces que sí pertenecen a Asonal Judicial?
La Corporación de Jueces y Magistrados es una organización que, como lo define su página Web, es “no gubernamental y representa a los Jueces y Magistrados de Colombia ante el mundo con el objetivo de promover la independencia, autonomía judicial, la excelencia profesional y la defensa de los derechos laborales”. Como se nota en algunos de sus intereses expresados, la Corporación dista de ser una organización sindical. Probablemente por este motivo, varios funcionarios que integran esa institución, son simultáneamente miembros de sindicatos e, incluso, hacen parte de sus juntas directivas.
Críticas duras al fallo por parte de los hijos del expresidente
Las manifestaciones y marchas para criticar el fallo judicial que condena al expresidente Uribe Vélez a 12 años en reclusión, han subido de tono, forma y fondo hasta tocar limites riesgosos para la democracia judicial colombiana: aun cuando ya habían sido tramitadas las objeciones antes de la sentencia por senadores del Centro Democrático que visitaron a unos congresistas de los sectores más radicales de derecha de Florida, pasaron, de nuevo, del plano interno al externo pero asumidas personalmente por los hijos del condenado. Tomás y Jerónimo se hicieron notar en sus redes con mensajes agresivos en contra de la decisión judicial de la que han afirmado, aunque sin presentar evidencias, que es “política” y que busca “encarcelar a la oposición”. El mayor de la familia Uribe Moreno la emprendió contra el senador Iván Cepeda, opositor de su padre y víctima declarada dentro del juicio. Se lanzó a señalar a Cepeda como “el heredero de las Farc” a quien habría que “investigar y extraditar”. Un juego de palabras que no se queda ahí porque lo acompaña con fotos suyas en el edificio del FBI de Miami y al lado del congresista Diaz-Balart. El senador anunció que lo denunciará.
“Trabajamos por un mismo fin: los derechos y la dignidad de los nuestros”
Jairo Alberto Amézquita Collazos, presidente de Asonal Judicial desde hace dos años, es abogado y contador público. Ingresó a la Rama Judicial hace 34 años y hoy trabaja en el departamento del Cauca. Hace parte de la organización sindical desde 1997 y ha desempeñado varios cargos en la junta directiva nacional. Asonal Judicial es uno de los dos sindicatos mayoritarios de la justicia colombiana con más de 9 mil afiliados. La otra agrupación con alto número de sindicalizados se llama, también, Asonal Judicial pero con las siglas S.I. (Sindicato de Industria). En todo caso, en estas dos asociaciones se concentra el poder de convocatoria de los servidores de la Rama y, como lo han demostrado, son capaces de tomar acciones de presión en defensa de los derechos de sus agremiados. Según las palabras de Amézquita “no se podría hablar de una división de los servidores judiciales al interior de sus sindicatos sino que, debido a la ley y al derecho de asociación consagrado en la Carta Política, nos hemos distribuido en varias organizaciones para trabajar por un mismo fin: la dignidad de nuestros trabajadores”.
