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La jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, no la tiene nada fácil. En sus manos está zanjar el extenso e inédito debate jurídico que surgió en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Desde febrero de 2018 y hasta el 31 de agosto pasado a Uribe lo investigó la Corte Suprema de Justicia por una supuesta manipulación de testigos en su favor. Los delitos por los que resultó investigado el exmandatario eran soborno en actuación penal y fraude procesal, y el expediente avanzó tanto, que el pasado 3 de agosto la Sala de Instrucción de la Corte resolvió su situación jurídica y ordenó su detención domiciliaria. Dos semanas más tarde, alegando falta de garantías, Uribe renunció al Senado.
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Ese fue el punto de partida para que el caso llegara a la jueza Salcedo, una funcionaria de Paloquemao cuya principal labor es verificar que acciones de la Fiscalía como detener a alguien o interceptar una línea telefónica se hagan de manera legal. En ese despacho, sin embargo, lo que hay hoy con el caso Uribe es una madeja difícil de desenmarañar. “No existe ningún caso que se haya presentado en el cual hubiésemos tomado un proceso en un estado tan avanzado como el que hoy nos ocupa”, admitió en su intervención Gabriel Jaimes Durán, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema y uno de los hombres de confianza del fiscal Francisco Barbosa.
La funcionaria de Paloquemao ya tuvo que tomar decisiones complejas, como expresar por qué sistema debía continuar el caso Uribe: si por Ley 600 (la que rige para aforados constitucionales, como lo era él en su calidad de congresista) o por el sistema penal acusatorio. Ella manifestó que la respuesta era la segunda y así lo refrendó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el lunes de esta semana. Ese mismo alto tribunal devolvió la pelota a la cancha de la jueza con un “chicharrón” mayor por resolver: definir qué de lo que hizo la Sala de Instrucción de la Corte se considerará válido en el proceso que ahora está en manos de la Fiscalía.
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Este proceso, como bien advirtió el fiscal Jaimes Durán, llegó a la Fiscalía en una etapa bastante adelantada: Uribe ya había rendido indagatoria y su situación jurídica estaba resuelta; estaba formalmente vinculado a una investigación penal. Los abogados del exmandatario, sin embargo, creen que la Fiscalía debe arrancar de ceros con el expediente y así lo manifestaron en la audiencia de ayer: “No se puede hacer equivalencia entre la indagatoria y la formulación de imputación, por ser estructuras procesales totalmente diferentes. El cambio entre una ley y otra es total, no vale hacer una equiparación”, señaló el penalista Jaime Granados.
Para Granados, la imputación “corresponde de manera exclusiva a la Fiscalía. Es un acto en el que la Fiscalía comunica al procesado la imputación de cargos, nada de esto se ha dado en este caso”. Y la Fiscalía, por su parte, apoya ese argumento. Según el fiscal Jaimes, hay una “disonancia entre las dos figuras”. Jaimes fue más allá y dijo que, al revisar la indagatoria rendida por el expresidente Uribe, concluía que allí no se expusieron “con rigor los hechos jurídicamente relevantes”, lo cual afectaba el derecho a la defensa del exsenador, que hubo imprecisión sobre el título de autoría o participación y que no fueron claras las razones para imponerle medida de aseguramiento.
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Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, quien está acreditado como parte civil en este proceso, se opuso tajantemente a las conclusiones del organismo investigador. “No encuentra esta representación de dónde saca la Fiscalía que no hay precisión fáctica en la indagatoria, o dónde hay un desconocimiento del principio de legalidad, son manifestaciones no fundamentadas”. Villalba le dijo a la jueza que su despacho tenía la indagatoria y la decisión de la Corte del pasado 3 de agosto, para constatar que lo que dijo el fiscal Jaimes no “correspondía a la realidad”. Jaimes dijo, básicamente, que a Uribe le habían violado el debido proceso. Villalba lo refutó.
“La investigación no parte de cero, la gran cantidad de pruebas (que recopiló la Sala de Instrucción de la Corte) no se desestima, sino que, por el cambio de sistema, se ha convertido en material probatorio que será revisado para ser valorado legalmente de cara a una posible formulación de imputación”, explicó Jaimes. Villalba, en abierto desacuerdo, se refirió a esa intención de dejar en ceros el caso -el fiscal Jaimes dice que Uribe no ha sido imputado y pidió su libertad-: el trabajo de la Corte, expuso, tiene presunción de legalidad. Nada de lo que hizo la Corte, alegó el abogado, se ha declarado nulo. Arrancar de nuevo, dijo Villalba (usando una expresión de guerra), sería “tierra arrasada”.
Aquí fue donde la discusión adquirió su matiz más complejo: el abogado Granados aseguró que no se estaba pidiendo nulidad de nada; la Fiscalía sostuvo que “no queda(ba) un camino procesal distinto que desestimar la vigencia de la vinculación jurídica al proceso o dejarla sin efectos y, consecuentemente, igual proceder con la resolución de situación jurídica”. Lo último no es otra cosa que tumbar todo lo que hizo la Corte. Si se pasa por alto todo el trabajo de la Sala de Instrucción de la Corte, cuestionó el abogado Villalba, ¿habrá conseguido el expresidente Uribe la nulidad del proceso sin siquiera pedirla? ¿Qué precedente se sentará con otros aforados que renuncien a su fuero para salir de la órbita de la Corte Suprema?
La audiencia duró más de 10 horas y, al cierre de esta edición, no se habían tomado decisiones de fondo. Se suponía que era una audiencia para determinar si Uribe quedaba libre o no, pero lo que hay en juego es mucho más que eso. La jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, no la tiene nada fácil.