En fallo de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 15 años a Emilia Álvarez Guerrero, exdirectora de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), por irregularidades en un contrato de mejoramiento de vías rurales en San Andrés que superó los COP 30.000 millones. La exfuncionaria fue capturada en las últimas horas durante un operativo adelantado por la Fiscalía.
El proceso disciplinario se originó tras un informe de la Oficina de Planeación del Ministerio Público, del 27 de abril de 2023, en el que se advirtieron presuntas anomalías en la reinversión y ejecución de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). La iniciativa contemplaba la intervención de corredores rurales estratégicos en sectores como Four Corner, Pepper Hill (tramo 1), Duppy Gully y Orange Hill.
A partir de esos hallazgos, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR abrió investigación disciplinaria el 4 de julio de 2023 contra varios funcionarios, entre ellos el entonces gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins; Juan Camilo Suárez, funcionario del Ministerio de Transporte; Álvaro Ávila Silva secretario técnico del OCAD Paz; Fredy Francisco Borelly, coordinador jurídico de Aremca para la época de los hechos; y la propia exdirectora Álvarez Guerrero.
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Según el ente de control, las irregularidades encontradas comprometerían la destinación de recursos públicos y evidenciarían fallas en la ejecución contractual del proyecto vial en la isla de San Andrés.
¿Qué es el caso Aremca y cómo operaba el presunto desvío de regalías?
El caso Aremca, sin embargo, no se limita a este contrato. Durante años, la entidad acumuló alertas de la Contraloría y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por posibles inconsistencias en su gestión contractual con recursos públicos. Ese historial derivó, el pasado 15 de abril, en una redada de la Fiscalía que dejó nueve personas capturadas.
De acuerdo con el ente acusador, la investigación apunta a una presunta red de corrupción que habría desviado contratos financiados con regalías por cerca de COP 496.000 millones en distintos departamentos del país. La magnitud de los hechos y la responsabilidad de los involucrados continúan bajo investigación de la Fiscalía.
El ente investigador señala que los integrantes de Aremca, una asociación que se presenta como gestora de proyectos para municipios del Caribe, habrían aprovechado la figura de los esquemas asociativos de municipios para apropiarse, presuntamente, de al menos 101 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en departamentos como Arauca, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Santander.
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Los contratos estaban destinados a obras civiles, interventorías y programas en áreas como medioambiente, saneamiento básico, agricultura y alimentación. Sin embargo, según el ente acusador, habrían sido adjudicados de forma irregular y sin que la entidad contara con la capacidad técnica para ejecutarlos.
La Fiscalía también sostiene que, solo en Arauca, la asociación habría desviado cerca de COP 3.200 millones que debían invertirse en proyectos. A esto se suma otra presunta irregularidad: la omisión del descuento obligatorio del 5 % en cada contrato, recursos que por ley deben destinarse a seguridad. Por este concepto, se habrían dejado de girar alrededor de COP 14.000 millones.
Por estos hechos deberán responder Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo, quienes se desempeñaban como representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, o en funciones de tesorería dentro de Aremca.
Las capturas son resultado de una investigación penal que ya había sido advertida por distintos organismos de control y cuyas denuncias se venían acumulando en la Fiscalía. Aunque aún no se han precisado todos los contratos comprometidos, desde 2022 ya existían alertas públicas.
En ese momento, la entonces representante a la Cámara Lina María Garrido y el diputado de Arauca Wilinton Rodríguez denunciaron que la gobernación de ese departamento, bajo la dirección encargada de Indira Luz Barrios, habría desviado más de COP 125.000 millones en regalías hacia proyectos no contemplados en el plan de desarrollo.
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