En la mañana de este martes 2 de junio, la Fiscalía General de la Nación imputó a la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, prevaricato por acción, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y peculado por apropiación simple. Todo, por su presunta participación en el escándalo de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca).
La exfuncionaria es investigada por el presunto direccionamiento irregular de tres proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), por más de COP 91.542 millones. Las iniciativas estaban destinadas a la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector Playitas, en Arauca, y de las celdas dos y tres del relleno sanitario de Tame (Arauca).
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El ente investigador señaló que, durante las indagaciones dirigidas por la fiscal séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se estableció que: “a través del Decreto 864 del 24 de mayo de 2022, la entonces mandataria designó como ejecutora de las iniciativas, con sus respectivos contratos de interventoría, a la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), la cual no cumplía los requisitos legales, técnicos, financieros y jurídicos para administrar dineros provenientes de regalías”.
Adicionalmente, se estableció que Aremca tampoco estaba inscrita en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior. Asimismo, se verificó que los proyectos no estaban incluidos en el Plan de Desarrollo de la Gobernación de Arauca ni figuraban inscritos en el banco de proyectos del Sistema General de Regalías.
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Según la Fiscalía, las evidencias también indican que “de manera consciente y voluntaria, en la fase precontractual y en las etapas de formulación, estructuración, viabilidad y registro de los proyectos, la entonces gobernadora habría avalado documentos técnicos sin estar soportados por expertos y, en algunos casos, expedido certificaciones y decretos con base en documentos falsos o de origen ilegal”.
El ente investigador señaló, por ejemplo, que uno de los documentos utilizados correspondería a un estudio topográfico elaborado por una persona que había fallecido ocho años antes y que, además, no contaba con el título de topógrafo.
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Por último, la Fiscalía sostuvo que la procesada, presuntamente, favoreció a terceros que se apropiaron de recursos públicos provenientes de regalías por COP 40.327 millones, “representados en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y de altas cuantías significativas de los anticipos”.
¿Qué es el caso Aremca?
De acuerdo con el ente investigador, Aremca venía acumulando, desde años atrás, advertencias de la Contraloría y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por presuntas irregularidades en el manejo de contratos con recursos públicos. Ese antecedente derivó en el operativo realizado el pasado 15 de abril, que terminó con la captura de nueve personas.
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Para el ente acusador, los hechos hacen parte de una presunta red de corrupción que habría direccionado y desviado contratos financiados con regalías por cerca de COP 496.000 millones en diferentes regiones del país. La dimensión del caso y el grado de responsabilidad de los implicados continúan en verificación dentro del proceso penal.
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