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Emilio Tapia, empresario vinculado a diversos casos de corrupción, aceptó ser el principal responsable del entramado corrupto de Centros Poblados y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su pena. Este escándalo, que dejó un detrimento de $70.000 millones, involucró irregularidades en la adjudicación de un contrato de $1 billón de pesos, cuyo objetivo era llevar internet a zonas rurales apartadas del país.
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Durante una audiencia celebrada este 21 de noviembre, se dieron a conocer los detalles del acuerdo entre Tapia y la Fiscalía, que contempla una condena de aproximadamente seis años de prisión. Además, el empresario se comprometió a cumplir varias obligaciones, entre ellas devolver $5.063 millones, de los cuales ya ha reintegrado $2.532 millones. También entregará dos propiedades: una avaluada en $1.128 millones y otra con un valor estimado de $17.692 millones.
La Fiscalía destacó que Tapia, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en Barranquilla tras ser condenado por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá, también asumió el compromiso de colaborar con las autoridades. En este sentido, se desempeñará como testigo clave en los procesos judiciales contra otros implicados en el caso de Centros Poblados, entre ellos Luis Fernando Duque, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde, quienes ya enfrentan imputaciones.
El empresario reconoció ante el juzgado haber tramitado irregularmente las pólizas de garantía necesarias para obtener un anticipo de $70.000 millones del contrato, que estaba destinado a conectar a las comunidades más aisladas del país. Tapia también ofreció disculpas públicas a la sociedad por el daño causado y admitió que sus acciones desviaron recursos que debían beneficiar a miles de personas.
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El acuerdo incluye la restitución de bienes y dinero, así como su disposición para colaborar con la justicia en el esclarecimiento total del caso. Sin embargo, el juez encargado del proceso aún debe decidir si aprueba o no los términos del pacto. Para ello, convocó una nueva audiencia que se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre, donde se determinará el futuro jurídico de Emilio Tapia.
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