Caso chuzadas: exfiscal Fabio Martínez Lugo es condenado a siete años de prisión
El exfuncionario de la Fiscalía aceptó que hizo parte de una red de corrupción al interior del ente investigador, la cual interceptó ilegalmente las comunicaciones de profesionales y representantes de empresas y sindicatos entre 2017 y 2018.
El exfiscal 32 contra las Organizaciones Criminales, Fabio Martínez Lugo, acaba de ser condenado por los delitos fraude procesal, prevaricato por acción, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones. El exfuncionario judicial tendrá que pagar siete años de prisión por su participación en una red criminal que interceptó empresarios, entre otras personas, desde 2017 hasta 2018.
En marzo de 2022, la Fiscalía, “víctimas de chuzadas”, su defensa judicial y un juez de la República avalaron un preacuerdo, con el cual el exfuncionario público aceptó su responsabilidad por “chuzar” a por lo menos seis ciudadanos: entre ellos, las cabezas del sindicato de pilotos de Avianca y el abogado Felipe Jaramillo
En contexto: Exfiscal Martínez Lugo, vinculado en “chuzadas”, busca negociar con la Fiscalía
Fabio Martínez Lugo, según la acusación de la Fiscalía, se amparó en procesos abiertos para, a través de órdenes judiciales, “chuzar” por ejemplo al presidente de Enel Codensa, Lucio Rubio; el abogado Felipe Jaramillo, contraparte judicial en procesos contra el Grupo de Energía de Bogotá; y al vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra. El ente investigador confirmó la hipótesis sobre Martínez Lugo, quien no había aceptado cargos en imputación en 2019 y quien fue acusado a la par con Luis Carlos Gómez Góngora, antes coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía.
Antecedentes: ¿En qué va el caso de las “chuzadas” desde la Fiscalía, después de dos años?
“Con mi actuar irresponsable y desfasado lesioné la confianza depositada por la sociedad en sus órganos investigativos, judiciales y de juzgamiento. Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales. Por ello, mi proceso debe ser tema de reflexión para todos los funcionarios judiciales e investigadores sobre las consecuencias de salir del límite de la ley”, explicó Martínez Lugo en audiencia de marzo pasado.
“En todos los casos que se le atribuyen al exfiscal, las órdenes de interceptación fueron legalizadas ante jueces de control de garantías con documentos que contenían datos y hechos contrarios a la verdad, lo que hizo incurrir en error a los diferentes despachos judiciales. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá indica que la pena se cumplirá en centro carcelario y que Martínez Lugo deberá pagar una multa de 302 millones de pesos. Además, fue inhabilitado por 87 meses para ejercer cargos públicos”, señaló la Fiscalía General.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El exfiscal 32 contra las Organizaciones Criminales, Fabio Martínez Lugo, acaba de ser condenado por los delitos fraude procesal, prevaricato por acción, concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones. El exfuncionario judicial tendrá que pagar siete años de prisión por su participación en una red criminal que interceptó empresarios, entre otras personas, desde 2017 hasta 2018.
En marzo de 2022, la Fiscalía, “víctimas de chuzadas”, su defensa judicial y un juez de la República avalaron un preacuerdo, con el cual el exfuncionario público aceptó su responsabilidad por “chuzar” a por lo menos seis ciudadanos: entre ellos, las cabezas del sindicato de pilotos de Avianca y el abogado Felipe Jaramillo
En contexto: Exfiscal Martínez Lugo, vinculado en “chuzadas”, busca negociar con la Fiscalía
Fabio Martínez Lugo, según la acusación de la Fiscalía, se amparó en procesos abiertos para, a través de órdenes judiciales, “chuzar” por ejemplo al presidente de Enel Codensa, Lucio Rubio; el abogado Felipe Jaramillo, contraparte judicial en procesos contra el Grupo de Energía de Bogotá; y al vicepresidente del sindicato de aviadores (Acdac), Julián Pinzón Saavedra. El ente investigador confirmó la hipótesis sobre Martínez Lugo, quien no había aceptado cargos en imputación en 2019 y quien fue acusado a la par con Luis Carlos Gómez Góngora, antes coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía.
Antecedentes: ¿En qué va el caso de las “chuzadas” desde la Fiscalía, después de dos años?
“Con mi actuar irresponsable y desfasado lesioné la confianza depositada por la sociedad en sus órganos investigativos, judiciales y de juzgamiento. Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales. Por ello, mi proceso debe ser tema de reflexión para todos los funcionarios judiciales e investigadores sobre las consecuencias de salir del límite de la ley”, explicó Martínez Lugo en audiencia de marzo pasado.
“En todos los casos que se le atribuyen al exfiscal, las órdenes de interceptación fueron legalizadas ante jueces de control de garantías con documentos que contenían datos y hechos contrarios a la verdad, lo que hizo incurrir en error a los diferentes despachos judiciales. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá indica que la pena se cumplirá en centro carcelario y que Martínez Lugo deberá pagar una multa de 302 millones de pesos. Además, fue inhabilitado por 87 meses para ejercer cargos públicos”, señaló la Fiscalía General.
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