9 Feb 2020 - 6:56 p. m.

Caso chuzadas: JEP estudiará si admite al exfiscal Martínez Lugo y Luis C. Gómez Góngora

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esta justicia especial pidió los expedientes de los procesos que hay en la justicia ordinaria en contra de los exfuncionarios de la Fiscalía señalados de interceptar comunicaciones ilegalmente con el fin de determinar si los hechos por los que son procesados tienen relación con el conflicto armado.

José David Moreno Escobar/ @JoseDEM18/ jescobar@elespectador.com

El fiscal del caso, en la audiencia de imputación, dijo que posiblemente sería una “red de espionaje corporativo". En la foto, Fabio Augusto Martínez Lugo. / Cristian Garavito - El Espectador.
El fiscal del caso, en la audiencia de imputación, dijo que posiblemente sería una “red de espionaje corporativo". En la foto, Fabio Augusto Martínez Lugo. / Cristian Garavito - El Espectador.

Dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía con respecto a las interceptaciones ilegales que se cometieron al interior de ese organismo hasta ahora se han procesado a dos exfuncionarios: el exfiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, Fabio Augusto Martínez Lugo y el excordinador de la Sala Diamante, Luis Carlos Gómez Góngora. El primero llamado a juicio y el segundo condenado por participar en las interceptaciones en contra del sindicato de pilotos (Acdac); el presidente de Enel en Colombia, Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo.

En noviembre de 2019, la revista Semana reveló que tanto Martínez Lugo como Gómez Góngora habían pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ser aceptados en esta justicia nacida del acuerdo de Paz porque, según los exfuncionarios de la Fiscalía, también habrían chuzado a personas que hicieron parte de los Diálogos de Paz entre el Gobierno y la desaparecida guerrilla de las Farc. El Espectador conoció que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estudiará esas solicitudes y que pidió los expedientes a la justicia ordinaria para conocer por cuáles hechos son procesados y determinar si tiene relación o no con el conflicto armado colombiano.

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En auto de 10 páginas, la Sala solicitó copia completa de la sentencia condenatoria dictada contra Gómez Góngora y “las piezas procesales más relevantes de los procesos seguido” en su contra y contra Martínez Lugo. Además, solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que en 20 días remita un informe detallado “de las investigaciones o procesos de naturaleza penal, disciplinaria, fiscal, administrativa o en la justicia penal militar que actualmente se adelanten” en contra de ambos exfuncionarios.

Gómez Góngora solicitó acogerse a la JEP argumentando que “en el desarrollo de los fines del Estado' tuvo múltiples tareas que navegaban entre lo legal e ilegal" y señaló que solicitó la interceptación de una línea telefónica que pertenecía al capitán Julián Pinzón a petición de Roberto Carlos Montenegro, conocido como Sebastián, adscrito a la Sala Diamante de la Fiscalía.

Según dijo, “en el caso de Avianca, se indicó por parte de mis superiores que estaba en riesgo el patrimonio nacional representado en la empresa aérea más importante de Colombia, y que además era necesario conocer en tiempo real las conversaciones de la empresa y el sindicato, el cual amenazaba con mantener el paro indefinidamente, esto por considerar que estaba infiltrado por líderes pertenecientes a grupos subversivos”.

Por su parte, Martínez Lugo señaló en su solicitud de sometimiento que la orden de interceptación telefónica por la que es investigado fue dada a la Sala Diamante “por solicitud de la Polida Judicial del CTI”. “La Fiscalía adelantó reunión del Sistema Esperanza sobre las órdenes emitidas por mi despacho respecto de interceptaciones cumplidas por el CTI en las diferentes salas y que tenía [sic] como sustento los informes del investigador Luis Carlos Gómez Góngora, indicando que los motivos presentados en los informes no correspondían con los verdaderos titulares de las líneas telefónicas [...] Fui capturado el 08 de mayo de 2019, los hechos que nos vinculan son del año 2017, sin embargo, la actividad de interceptación de comunicaciones e realiza de tiempo atrás con la venia de la Fiscalía y otras entidades del Estado [...].

En diciembre de 2018, un juzgado condenó a Gómez Góngora a ocho años y cuatro meses de prisión, luego de que este aceptara los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público que le endilgó la Fiscalía en su momento. Se comprobó que sus acciones permitieron que fuera interceptado de manera irregular el capitán Julián Pinzón, director de Seguridad y Asuntos Técnicos de Acdac.

Según las pesquisas, el número celular del capitán Pinzón fue ingresado a la Sala Diamante en el marco de otra investigación, relacionada con la desparición forzada de la que fue víctima Yohan Giovanni Mona Granda en el año 2011. Las investigaciones apuntan a que los “resultados de la escucha corroboran que esta persona efectivamente corresponde al capitán de la aerolínea Julián Pinzón y que en ellas se abordan temas estrictamente sindicales, y que las conversaciones no guardan ningún tipo de relación con la tarea encomendada”.

En cuanto a Martínez Lugo, la Fiscalía lo llamó a juicio en octubre pasado  por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de comunicaciones. De la audiencia, que fue reservada y corta, solo se filtró que el tribunal reconoció como víctimas de las “chuzadas” supuestamente ordenadas por Martínez Lugo al presidente de Enel Colombia, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo Londoño, y al Pinzón Saavedra.

Para el momento de la captura de Martínez Lugo, en mayo de 2019, ya estaban bajo la lupa varios de los supuestos miembros de una red de interceptación de comunicaciones. Entre ellos está llamado a juicio el general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza; están bajo investigación los coroneles (r) Jorge Humberto Salinas y Carlos Andrés Pérez, y el mayor (r) Luis Quiroga Cubillos, todos del Ejército; así como la hacker Marialicia Pinzón Montenegro, quien aceptó colaborar con la justicia. Según la Fiscalía, los mencionados formaban parte de una red “que ofrecía y prestaba servicios ilícitos de obtención de información reservada de sus víctimas”.

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