3 Feb 2020 - 11:00 a. m.

Caso chuzadas: las pruebas para llevar a juicio a Laude Fernández, exdirector de BRG

Este lunes, en los juzgados de Paloquemao, se llevará a cabo la audiencia de acusación en contra de quien también fue el director de contrainteligencia del DAS en los años noventa. Será acusado de chuzar a miembros del sindicato de Avianca, al presidente de Enel Colombia y al abogado Felipe Jaramillo. Detalles de este nuevo escrito de acusación.
David Escobar Moreno

David Escobar Moreno

Periodista Judicial
Caso chuzadas: las pruebas para llevar a juicio a Laude Fernández, exdirector de BRG

Luego de más de un año de que por primera vez fuera capturado el exdirector de Berkeley Research Group, Laude Fernández, la Fiscalía no ha logrado sentarlo en el banquillo de los acusados del caso chuzadas por distintos motivos. Entre ellos, que fue capturado nuevamente en junio de 2019 por otros hechos relacionados a las interceptaciones ilegales que salieron de la Fiscalía General. Al parecer, en la tarde de este lunes, en los juzgados de Paloquemao, se llevará a cabo la audiencia de lectura del escrito de acusación, en la que, según fuentes cercanas al caso se podrían definir otras aristas del caso.

(En contexto: Caso chuzadas: la acusación contra Laude Fernández, exdirector de BRG)

Por ejemplo, en caso de que Avianca y el Grupo de Energía de Bogotá soliciten ser reconocidos como víctimas en el proceso contra Fernández, las víctimas ya reconocidas se opondrán a tal pretensión de las dos poderosas empresas. Este diario supo que el sindicato de aviadores (Acdac); el presidente de Enel en Colombia, Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo, quienes fueron víctimas de las chuzadas -que al parecer ordenó Fernández por medio de exfuncionarios de la Fiscalía- expresarían su descontento con que las empresas que contrataron a BRG sean consideradas como víctimas. Por su parte, las empresas han dicho que no conocían de las supuestas acciones ilícitas de Fernández.

Durante una audiencia que se llevó a cabo la semana pasada en la que la defensa del exdirector de BRG pidió infructuosamente que a su cliente le concedieran prisión domiciliaria (se encuentra preso en La Picota), también se supo que Fernández se opondrá a que Avianca sea considerada como víctima. La Fiscalía le ha ofrecido a Fernández pactar algún tipo de colaboración, pero la defensa de este sostiene que, a la fecha, la oferta se ha rechazado y van para juicio. Ese ofrecimiento, que se conoció esta semana, también fue hecho a el exfiscal Fabio Martínez Lugo, llamado a juicio por este caso y a Luis Carlos Gómez Góngora, excoordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía (condenado).

La Fiscalía ha hecho ofrecimientos pero la defensa se ha negado y quiere ir a juicio.

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El Espectador también conoció el nuevo escrito de acusación en contra de Fernández en el que se dan nuevos detalles de esa presunta red ilegal de interceptaciones en el ente investigador. En enero pasado, la Fiscalía solicitó al juez del caso unir en un solo escrito de acusación los hechos por los que el exdirector de BRG en Colomba está a punto de ser llamado a juicio, es decir, las chuzadas al sindicato de pilotos (por las que fue capturado en octubre de 2018) y las realizadas al ciudadano español Lucio Rubio y a Felipe Jaramillo (por las que fue recapturado en junio de 2019).

Con respecto a los escritos de acusación anteriores, en este nuevo documento la Fiscalía sostiene que tiene claro cómo Fernández tuvo acceso a esa supuesta red ilegal de exmiembros de la Fuerza Pública que realizaban “interceptación informática” bajo una empresa fachada dirigida por el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas. Según el escrito, el enlace de la antigua cabeza de BRG fue Roberto Carlos Montenegro un investigador del CTI, adscrito a una de las salas de interceptaciones de la Fiscalía General.

“Este conoció al aquí procesado por intermedio de su entonces jefe, el señor Luis Carlos Gómez Góngora, entre los meses de marzo y abril de 2018. En dicho encuentro, ambos le preguntaron a Montenegro si conocía a alguna persona que se encargara de temas de seguridad privada, a lo que respondió que un viejo conocido suyo, el coronel (R) Salinas Muñoz, se ocupaba profesionalmente de dichas labores”, señala el escrito de acusación en manos de este diario.

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Y añade: “Fernández, a través de estos intermediarios, solicitó a Salinas que accediera a información de los trabajadores sindicalizados de Avianca, particularmente, para la época en la cual sucedió el paro de trabajadores organizado por Acdac, específicamente el contenido de sus conversaciones de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería instantánea. A su vez, pidió la obtención de información y documentación en tiempo real de estas personas, por medio de la cual se pudiera dilucidar los presentes y futuros movimientos de los pilotos y directivos de este sindicato”.

Como se sabía, la Fiscalía encontró que después de que BRG firmó los contratos con Avianca y con el GEB, empezaron a ocurrir las anomalías dentro de la plataforma Esperanza. En el caso de Avianca, en 2017 entró en controversia laboral con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, lo cual desembocó en una huelga de varios meses que afectó fuertemente el servicio al cliente de la aerolínea. En el caso del GEB, esta tiene laudos de arbitramento sin resolver con Enel Colombia, además de procesos administrativos en el Eje Cafetero relacionados con servidumbres, en los que aparece el abogado Felipe Jaramillo como representante de personas que se volvieron contraparte del GEB.

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Según el escrito de acusación, los teléfonos de Julián Pinzón, Lucio Rubio y Felipe Jaramillo fueron interceptados ilegalmente porque "un modus operandi para lograr este cometido, consistente en la emisión, por parte del fiscal, de órdenes de interceptación de comunicaciones con motivos fundados espurios y carentes de relación con los hechos investigados bajo la noticia criminal específica”. El fiscal en mención es Fabio Martínez Lugo, quien hasta la fecha ha defendido su inocencia en este asunto. Pero, para el ente investigador, él se prestó para cometer irregularidades de la mano de un subordinado suyo: Luis Carlos Gómez Góngora, quien sí aceptó cargos y ya fue condenado.

El modus operandi se desarrolló así, sostiene la Fiscalía: el fiscal Martínez tomó un expediente quieto desde hacía muchos años, Gómez Góngora hizo un informe para incluir un número de teléfono de una persona que, interceptada, podría dar luces en la investigación de ese caso, y la interceptación se llevó a juez para su aprobación. En el caso de las chuzadas al piloto Julián Pinzón, el expediente fue el de la desaparición forzada de Yohan Giovanni Mona Granda, que estaba en el despacho de Martínez Lugo desde 2011 y sobre el cual no había actuaciones desde enero de 2014. El 15 de diciembre de 2017, Gómez Góngora elaboró un informe en el cual se recomendó interceptar cierta línea telefónica.

Intervenir ese número, decía el informe, ayudaría a “realizar actividades de ubicación de la persona denunciada como desaparecida”. La Fiscalía agrega que se elaboró “sin antecedentes, anexos o verificación alguna” y que, aun así, recibió luz verde del fiscal Martínez Lugo. El teléfono pertenecía, en realidad, al piloto Julián Pinzón y, agrega la Fiscalía, “vale la pena destacar que esta interceptación de comunicaciones no tuvo ninguna clase de relación con la desaparición forzada de ese expediente, ya que el señor Pinzón Saavedra no figuraba como indiciado o siquiera fue objeto de mención en las pesquisas investigativas”. El 18 de diciembre de 2017 se aprobó la interceptación por 30 días.

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En el caso de Lucio Rubio y Felipe Jaramillo, el proceso fue el mismo. En el despacho del fiscal Martínez Lugo se hallaba un expediente en el que la víctima era Leonel Flórez González y un hombre llamado Cristian León Pinto aceptó los cargos de secuestro y hurto calificado y agravado, tras ser detenido en flagrancia. Luis Carlos Gómez Góngora presentó un informe el 25 de junio de 2018 en el que explicó, con base en una “fuente humana no formal anónima”, que se debían interceptar los teléfonos de dos sujetos “debido a que sus portadores, supuestamente, pertenecerían al grupo criminal que realizó el secuestro del señor Flórez González”. Ese mismo día se proyectó la orden de interceptación.

En todos los casos, cuando se hicieron las tareas posteriores para saber si las interceptaciones habían dado frutos, se encontró que las conversaciones de los interceptados nada tenían que ver con los expedientes a los que pertenecían. En uno, por ejemplo, el “despacho decidió impartir ilegalidad a la orden por su carencia de motivos fundados”. En otro se comprobó “su completa impertinencia con los hechos investigados”. Las interceptaciones se quemaron (es decir, se grabaron), pero esa acción no quedó registrada en el sistema de la Fiscalía (conocido como SPOA) “ni ingresó al almacén de evidencias de la Fiscalía General de la Nación”.

*Nota de la Editora: El Espectador informó inicialmente que, por el supuesto interés de Laude Fernández de negociar con la Fiscalía, este consideraba no presentarse a la audiencia de acusación de hoy. Modificamos ese dato indicando que a Fernández sí le han hecho oferta para negociar en la Fiscalía, pero, hasta ahora, no hay ningún acuerdo y la audiencia sigue en pie.

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