Caso clave para el ICBF, en la Corte Constitucional

En poco tiempo, la Corte Constitucional tendrá que definir el destino de la pequeña Manuela*: si devolverla a sus padres o permitir que otra familia pueda adoptarla. Recientemente, este alto tribunal seleccionó el caso de la menor para estudiarlo, luego de que el ICBF presentara una tutela en un último intento por evitar que la niña regrese a su familia biológica. Ella misma, la única mujer entre los cuatro hijos de sus padres, les ha dejado claro a los psicólogos y trabajadores sociales del Instituto que en el instante en que vuelva a poner un pie en su casa se va a escapar.

La tarea de la Corte será revisar si la jueza 29 de Familia de Bogotá, Sandra Mejía Mejía, y el Tribunal Superior de Bogotá tuvieron razón en decidir que la pequeña debía ser reintegrada de inmediato con su familia. Ante la jueza Mejía, la madre, quien trabaja como empleada en casas de familia, aseguró que ella no consumía drogas ni alcohol, y que si castigaba a su hija, sólo en casos extremos, usaba la correa. El padre, un reciclador, manifestó que la quiere mucho. La jueza determinó que los castigos con correa no eran suficientes para alejar a Manuela de sus padres y que en el proceso no había prueba de que ella corriera peligro.

Lo que Bienestar Familiar trata de demostrarle a la Corte Constitucional es que la realidad de Manuela es una muy distinta a la que quedó plasmada en el fallo del Juzgado 29 de Familia el 19 de octubre de 2016, y que luego ratificó el Tribunal de Bogotá. Que en el expediente, por ejemplo, sí había evidencia de un maltrato grave: apenas la niña quedó bajo resguardo del Estado, Medicina Legal le hizo un examen y encontró que tenía en la espalda “equimosis múltiples (sangrado bajo la piel) rojo violáceas, la mayor de ellas de 12 cm de longitud”. Los golpes que había recibido le valieron una incapacidad de siete días.

Manuela está bajo el cuidado del Estado desde el 28 de noviembre de 2014. Ese día, según testificó el patrullero que la encontró, ella se “encontraba deambulando en una calle pública y llorando”. Dijo que no sabía dónde vivía, por lo que el policía optó por llevarla a una comisaría de familia. En teoría, el trámite debía ser corto: los padres de Manuela preguntarían en alguna comisaría o estación de policía dónde estaba ella, les darían respuesta y ellos irían a recogerla. Pero el examen de Medicina Legal, que se practicó al día siguiente, prendió las alarmas enseguida.

Ante el Juzgado 29 de Familia, los padres de Manuela aseguraron que la buscaron por cielo, mar y tierra, pero los registros indican que la visitaron por primera vez dos meses después de haberse perdido. Para ese entonces, Manuela ya había contado en entrevistas con psicólogos -quienes sospechaban que quizá su extravío había sido a propósito- que el maltrato en su casa era frecuente, no sólo contra ella, sino también contra sus tres hermanos. Y que sus padres tenían un problema de trago. Los psicólogos evaluaron que era necesario que sus padres mejoraran como corregían a sus hijos, pues sus métodos eran “perjudiciales”.

Como el ICBF no estaba convencido de que Manuela estuviera segura en manos de sus padres, empezó un proceso para determinar si se precisaba quitarles la custodia. Ellos desertaron del proceso. Es decir, renunciaron a la custodia de su hija. En la fundación donde estaba la niña organizaron talleres con los padres: la madre fue a tres, el padre, a uno. En febrero de 2016 se hizo la audiencia en la que se declararía si Manuela podía o no ser dada en adopción: a la diligencia sólo fueron el padre y una hermana de él. Al preguntarle sobre su esposa, la respuesta del hombre fue que se había ido con un muchacho.

Al saber que tendría que volver a casa, la salud mental de Manuela comenzó a decaer. Se volvió agresiva, desafiante, le cogió pereza al colegio. Sus padres poco la visitaban, y de familia extensa, sólo fue a verla la hermana de su padre, quien expresó que apoyaría a su hermano y a su cuñada en el proceso -después del incidente del “muchacho” que el señor ventiló en la audiencia de adoptabilidad, se reconciliaron-, pero que ella no podía hacerse cargo de su sobrina. Cuando supo que la orden de los jueces era que la reintegraran a su familia entró en crisis, y ahí fue cuando manifestó que, si eso ocurría, ella escaparía.

En diciembre de 2016, también con la intermediación de jueces, los padres de Manuela adquirieron compromisos que difícilmente cumplieron. Ellos le habían dicho a la jueza 29 de Familia que habían inscrito a sus hijos en Batuta como muestra de que cuidarían bien de la niña, pero no presentaron el certificado. Debían vincularse a Alcohólicos Anónimos, pero no lo hicieron. Debían cambiarse de casa, pues Manuela había revelado que el dueño de la pensión donde vivían en el Bronx la había manoseado cuando tenía 7 años. La demora para cambiarse de casa fue el dinero, y al final, señaló la jueza, sí se trastearon.

Para Cristina Plazas, directora del ICBF, el caso de Manuela es emblemático con respecto a lo que puede hacer el Estado, incluida la justicia, para proteger a los niños. Habla de él en público y en medios cada que puede. Una de las cosas por las que Plazas más protestó fue porque la jueza 29 de Familia no recibió el testimonio de Manuela, sólo de sus padres. La niña les ha dicho a los psicólogos en reiteradas ocasiones que no quiere volver a vivir con ellos. La jueza determinó que los padres no habían asistido a todos los talleres por su situación económica, pero que sí quieren cuidar a la pequeña y que ella quiere estar con sus hermanos.

La Corte Constitucional tiene la palabra.

* Nombre modificado para proteger a la menor de edad de esta historia.

En poco tiempo, la Corte Constitucional tendrá que definir el destino de la pequeña Manuela*: si devolverla a sus padres o permitir que otra familia pueda adoptarla. Recientemente, este alto tribunal seleccionó el caso de la menor para estudiarlo, luego de que el ICBF presentara una tutela en un último intento por evitar que la niña regrese a su familia biológica. Ella misma, la única mujer entre los cuatro hijos de sus padres, les ha dejado claro a los psicólogos y trabajadores sociales del Instituto que en el instante en que vuelva a poner un pie en su casa se va a escapar.

La tarea de la Corte será revisar si la jueza 29 de Familia de Bogotá, Sandra Mejía Mejía, y el Tribunal Superior de Bogotá tuvieron razón en decidir que la pequeña debía ser reintegrada de inmediato con su familia. Ante la jueza Mejía, la madre, quien trabaja como empleada en casas de familia, aseguró que ella no consumía drogas ni alcohol, y que si castigaba a su hija, sólo en casos extremos, usaba la correa. El padre, un reciclador, manifestó que la quiere mucho. La jueza determinó que los castigos con correa no eran suficientes para alejar a Manuela de sus padres y que en el proceso no había prueba de que ella corriera peligro.

Lo que Bienestar Familiar trata de demostrarle a la Corte Constitucional es que la realidad de Manuela es una muy distinta a la que quedó plasmada en el fallo del Juzgado 29 de Familia el 19 de octubre de 2016, y que luego ratificó el Tribunal de Bogotá. Que en el expediente, por ejemplo, sí había evidencia de un maltrato grave: apenas la niña quedó bajo resguardo del Estado, Medicina Legal le hizo un examen y encontró que tenía en la espalda “equimosis múltiples (sangrado bajo la piel) rojo violáceas, la mayor de ellas de 12 cm de longitud”. Los golpes que había recibido le valieron una incapacidad de siete días.

Manuela está bajo el cuidado del Estado desde el 28 de noviembre de 2014. Ese día, según testificó el patrullero que la encontró, ella se “encontraba deambulando en una calle pública y llorando”. Dijo que no sabía dónde vivía, por lo que el policía optó por llevarla a una comisaría de familia. En teoría, el trámite debía ser corto: los padres de Manuela preguntarían en alguna comisaría o estación de policía dónde estaba ella, les darían respuesta y ellos irían a recogerla. Pero el examen de Medicina Legal, que se practicó al día siguiente, prendió las alarmas enseguida.

Ante el Juzgado 29 de Familia, los padres de Manuela aseguraron que la buscaron por cielo, mar y tierra, pero los registros indican que la visitaron por primera vez dos meses después de haberse perdido. Para ese entonces, Manuela ya había contado en entrevistas con psicólogos -quienes sospechaban que quizá su extravío había sido a propósito- que el maltrato en su casa era frecuente, no sólo contra ella, sino también contra sus tres hermanos. Y que sus padres tenían un problema de trago. Los psicólogos evaluaron que era necesario que sus padres mejoraran como corregían a sus hijos, pues sus métodos eran “perjudiciales”.

Como el ICBF no estaba convencido de que Manuela estuviera segura en manos de sus padres, empezó un proceso para determinar si se precisaba quitarles la custodia. Ellos desertaron del proceso. Es decir, renunciaron a la custodia de su hija. En la fundación donde estaba la niña organizaron talleres con los padres: la madre fue a tres, el padre, a uno. En febrero de 2016 se hizo la audiencia en la que se declararía si Manuela podía o no ser dada en adopción: a la diligencia sólo fueron el padre y una hermana de él. Al preguntarle sobre su esposa, la respuesta del hombre fue que se había ido con un muchacho.

Al saber que tendría que volver a casa, la salud mental de Manuela comenzó a decaer. Se volvió agresiva, desafiante, le cogió pereza al colegio. Sus padres poco la visitaban, y de familia extensa, sólo fue a verla la hermana de su padre, quien expresó que apoyaría a su hermano y a su cuñada en el proceso -después del incidente del “muchacho” que el señor ventiló en la audiencia de adoptabilidad, se reconciliaron-, pero que ella no podía hacerse cargo de su sobrina. Cuando supo que la orden de los jueces era que la reintegraran a su familia entró en crisis, y ahí fue cuando manifestó que, si eso ocurría, ella escaparía.

En diciembre de 2016, también con la intermediación de jueces, los padres de Manuela adquirieron compromisos que difícilmente cumplieron. Ellos le habían dicho a la jueza 29 de Familia que habían inscrito a sus hijos en Batuta como muestra de que cuidarían bien de la niña, pero no presentaron el certificado. Debían vincularse a Alcohólicos Anónimos, pero no lo hicieron. Debían cambiarse de casa, pues Manuela había revelado que el dueño de la pensión donde vivían en el Bronx la había manoseado cuando tenía 7 años. La demora para cambiarse de casa fue el dinero, y al final, señaló la jueza, sí se trastearon.

Para Cristina Plazas, directora del ICBF, el caso de Manuela es emblemático con respecto a lo que puede hacer el Estado, incluida la justicia, para proteger a los niños. Habla de él en público y en medios cada que puede. Una de las cosas por las que Plazas más protestó fue porque la jueza 29 de Familia no recibió el testimonio de Manuela, sólo de sus padres. La niña les ha dicho a los psicólogos en reiteradas ocasiones que no quiere volver a vivir con ellos. La jueza determinó que los padres no habían asistido a todos los talleres por su situación económica, pero que sí quieren cuidar a la pequeña y que ella quiere estar con sus hermanos.

La Corte Constitucional tiene la palabra.

* Nombre modificado para proteger a la menor de edad de esta historia.