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La Fiscalía profirió resolución de acusación contra 14 exintegrantes de la Policía por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 14 personas en 1982. La decisión judicial, adoptada tras la valoración del expediente conocido como Colectivo 82, establece que los uniformados —adscritos entonces a la División de Investigación, Policía Judicial y Estadística Criminal (DIPEC), conocida como F2— habrían actuado en alianza con el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS) en el marco de una operación encubierta para rescatar a tres menores secuestrados y posteriormente asesinados.
El fiscal del caso, adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, encontró elementos de prueba suficientes para vincular a los procesados con el delito de desaparición forzada agravada. Como medida preventiva, dispuso la detención de los acusados, al considerar que se trata de un delito de ejecución permanente, dado que más de 42 años después aún se desconoce el paradero de la mayoría de las víctimas.
Los implicados en esta causa son el brigadier general (r) Nacin Yanine Díaz; los oficiales (r) Jorge Alipio Vanegas Torres, Ernesto Condia Garzón, Miguel Rodrigo Torrado Badillo, Jairo Otálora Durán y Luis Ángel Perdomo Perdomo; los suboficiales (r) José Alirio Velásquez Garzón, Jaime Helí Colmenares Botero y Josué Rafael Cobos Silva; y los agentes (r) Henry Espitia Díaz, Benedicto Lara, Adrián Villamizar Jaimes, José David Quesada y Jorge Eliécer Barbosa Sánchez.
Según la acusación, los procesados habrían ejecutado una operación de inteligencia ilegal en Bogotá y Gachalá (Cundinamarca), durante la cual retuvieron arbitrariamente a 14 personas, incluyendo siete estudiantes universitarios, cuatro ciudadanos, y un niño que fue mantenido durante cinco días en una estación de Policía.
Estas detenciones habrían sido motivadas por una supuesta vinculación de las víctimas con el secuestro de los tres hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, ocurrido en octubre de 1981, sin que existieran pruebas que sustentaran dicha conexión. La operación habría contado con el apoyo logístico y armado del grupo MAS, una estructura paramilitar financiada por narcotraficantes para combatir el secuestro.
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El caso Colectivo 82
El caso Colectivo 82 es uno de los más representativos de desaparición forzada en Colombia y ha sido denunciado por organismos de derechos humanos desde la década de los ochenta. Las víctimas eran en su mayoría jóvenes estudiantes de universidades públicas, trabajadores y activistas, que fueron señalados sin evidencia de pertenecer a grupos insurgentes.
La investigación indica que muchos de ellos fueron detenidos, torturados y desaparecidos por funcionarios del F2, en un contexto marcado por la doctrina de seguridad nacional y la vigencia del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (decreto 1923 de 1978).
Este marco normativo autorizó detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades civiles, especialmente contra organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y sectores de izquierda. La Comisión de la Verdad documentado cómo esta estigmatización institucional propició crímenes como la desaparición forzada, en los que se involucraron directamente agentes del Estado.
La reapertura del caso en 2011 fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia, luego de una acción de revisión que obligó a retomar el expediente. Desde entonces, los familiares de las víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos, han exigido justicia, verdad y garantías de no repetición. Pese al paso de las décadas, los restos de las personas desaparecidas no han sido hallados, y sus familiares siguen esperando respuestas del Estado colombiano.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
