Caso de Arauca "es una vergüenza nacional"

“Cuando cualquier miembro de nuestra Fuerza Pública viola flagrantemente su juramento, deshonra la dignidad que la democracia colombiana le ha conferido al otorgarle el derecho de portar un uniforme y las armas de nuestra democracia; incurre en una gravísima violación que no puede tener ninguna tolerancia, ninguna consideración ni complacencia”, manifestó indignado el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, después de que el subteniente retirado Raúl Muñoz aceptara su implicación en el abuso sexual de dos niñas en Tame, Arauca, una de ellas, la mayor de los hermanos Torres Jaimes, asesinados el pasado 14 de octubre.

El caso, que retumba dentro de las Fuerzas Militares, se dio a conocer después de que la Cruz Roja rescatara los cuerpos de los menores en una fosa común.

La confesión de Muñoz, que vino después de que el comandante de las FF.MM., almirante Édgar Cely, ordenara el relevo de otros cuatro oficiales y dos suboficiales más de la Octava División del Ejército —supuestamente implicados en el asesinato de los hermanos—, indicó que “las dos relaciones fueron consentidas por las niñas”. Sin embargo, el almirante fue claro en manifestar que Muñoz, quien se encuentra custodiado por la Fiscalía y recluido en un calabozo del DAS en el departamento de Arauca, sostuvo que, aunque aceptó su implicación en el abuso de dos menores, niega, de forma rotunda, su complicidad en el posterior asesinato de los hermanos Jenny, Jimmy y Jeferson Torres.

 La declaración del subteniente, quien será procesado por el delito de acceso carnal abusivo a menor de edad, se limita a la violación de una niña de 13 años ocurrida el 2 de octubre, un acto que fue conocido después de que la madre de la menor asegurara que su hija fue sacada a la fuerza de su casa por un “uniformado que portaba una arma larga”, quien amenazó con matarla si llegaba a contarles a las autoridades sobre el hecho. El segundo acto, que aconteció el 14 de octubre, comprende el ultraje cometido a Jenny Torres, niña de 14 años, que posteriormente fue degollada y torturada junto con sus dos hermanos. Hechos por los cuales también fueron relevados los tenientes coroneles Germán Belalcázar y James Pineda, el mayor James Granados, el sargento Luis Torrijos y los cabos Juan Sánchez y Róbinson Castro.

El comandante de las FF.MM. ha reiterado de forma constante que no hay indicios directos que demuestren la culpabilidad de los otros uniformados retirados por el asesinato de los hermanos en Tame. No obstante, la Fiscalía mantiene una hipótesis: los moretones y rasguños que fueron encontrados en los cuerpos de los oficiales habrían sido propiciados por los tres niños en un desesperado acto de defensa.  Un suceso que ha llevado al almirante Cely a afirmar que se revisarán los procesos de selección de los uniformados con el fin de tener un control sobre el personal de la Fuerza Pública.

Una declaración que se suma a la mano dura que está intentando poner el ministro Rivera sobre los actos cometidos y que lo llevó a recordar la intención de las Fuerzas Militares: “Este episodio en Arauca es una vergüenza para la institución, es un hecho inexcusable. La Fuerza Pública fue creada con el propósito de garantizar las libertades y derechos de todos los colombianos, especialmente de las mujeres y niños. Son momentos de pesar, indignación y vergüenza nacional, pero son decisiones indispensables para garantizar que el buen comportamiento de los miembros de la Fuerza Pública sea cabalmente cumplido”.