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11 Apr 2022 - 10:45 p. m.

Caso exdiputados del Valle: el tortuoso camino por encontrar la verdad

Han pasado 20 años del secuestro de los once exdiputados del Valle del Cauca y aunque el Consejo de Estado condenó a la Nación por esos hechos, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no han encontrado el componente de verdad por parte de los victimarios. Medidas cautelares, derechos de petición, acciones de tutela y audiencias ha sido el camino que han batallado y que aún no logra definirse del todo para los familiares de los políticos.
El 11 de abril de 2002, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y el Frente 30 de las Farc secuestraron a 12 diputados del Valle del Cauca para presionar al Gobierno a intercambiar militares, civiles y políticos secuestrados, por guerrilleros presos. El 28 de junio de 2007, once de ellos fueron asesinados.
El 11 de abril de 2002, el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y el Frente 30 de las Farc secuestraron a 12 diputados del Valle del Cauca para presionar al Gobierno a intercambiar militares, civiles y políticos secuestrados, por guerrilleros presos. El 28 de junio de 2007, once de ellos fueron asesinados.
Foto: Archivo

La verdad sobre quién apoyó el secuestro y posterior masacre de los once exdiputados del Valle del Cauca no ha llegado en totalidad a sus familiares. Aunque el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de $23.000 millones por estos hechos, lo cierto es que, en materia penal, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha quedado corta. Así lo denuncia el abogado Juan Camilo Sanclemente, quien defiende los intereses de ocho familias de los exdiputados, y de Sigifredo López, el único político que sobrevivió al suceso.

El macrocaso número 1 de la JEP que investiga los secuestros ocurridos en el marco del conflicto armado, es quizá el expediente que se ha movido más rápido en la justicia transicional. Por este delito ya hay una imputación en firme en contra de los exmiembros del secretariado de las Farc que se comprometieron, no solo a reconocer la situación, sino también a entregar verdad a las víctimas. Para Sanclemente, la falla está en lo último. Los victimarios, no han entregado ese componente a los familiares de los exdiputados.

No obstante, por vía legal han buscado llegar a esa verdad de todas las formas. Han solicitado medidas cautelares, han elevado derechos de petición, acciones de tutela, e incluso, han pedido que se les endilgue un delito más a los exmiembros de las Farc, en el caso puntual de los exdiputados del Valle. “Hemos encontrado verdades a medias. No han aceptado su responsabilidad. Han hecho manifestaciones donde han revictimizado. Hemos pedido a la JEP que llame la atención a estos comparecientes para escucharlos, pero no ha pasado nada”, resaltó el abogado en diálogo con este diario.

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Todas esas negativas las han tenido las víctimas pese a que la imputación a los exmiembros de las Farc llegó el año pasado. Los familiares de los exdiputados y el abogado Sanclemente allegaron una serie de observaciones en las que básicamente pedían, nuevamente, que se hiciera efectivo el componente de verdad. Pidieron que Rodrigo Londoño, como máximo jefe del grupo guerrillero, entregara información detallada sobre el plagio y posterior masacre.

“Si bien la JEP efectuó la imputación a dichas personas que conformaban el Secretariado de las Farc, es importante tal como fue señalado en el Auto No. 19 de 2021 que le corresponde a los comparecientes reconocer o no la verdad aquí planteada, o aportar elementos suficientes para refutar efectivamente las razones presentadas por la Sala”, dice el documento.

La solicitud de los familiares no es otra que conocer en detalle los nombres de las personas que le colaboraron a la Farc para entrar a la Asamblea. También pretenden saber quiénes fueron las personas que ayudaron a armar todo el operativo para sacar a los políticos y trasladarlos hasta su cautiverio. “Hay familiares que quieren saber cómo vivían, qué hacían y nada de eso hemos podido obtener”, dijo el abogado quien se convirtió en un aliado para que los familiares de los exdiputados tuvieran verdad.

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“Hasta la fecha ningún alto mando ha contribuido a aportar a la verdad de manera detallada, exhaustiva, plena y a honrar la centralidad de las víctimas”, dice el documento que, aunque no puso reparo alguno a la imputación de cargos, sí solicitó tener conocimiento de lo que está consignado en los computadores que se incautaron en medio del bombardeo al campamento del exjefe guerrillero Raúl Reyes. Esta petición la elevaron teniendo en cuenta que la JEP ha dicho que ha recurrido a lo allí consignado.

“Para los familiares y para su defensa existe un vacío de qué computadores y documentos tuvo acceso la sala, pues en ningún momento se hace mención sobre los mismos, sin embargo, es importante resaltar que se tiene pleno conocimiento de información de varios correos electrónicos encontrados en los computadores del abatido Raúl Reyes”, señala el documento allegado a la JEP. En él aclaran que, si bien la Corte Suprema de Justicia, en 2011, desestimó la legalidad de lo hallado, la Interpol aclaró que no había manipulación alguna por parte de las autoridades. Así las cosas, el pedido es que se esclarezca lo ocurrido con los correos electrónicos que, a su juicio, debe contener versiones del secuestro de los exdiputados.

Entre otros requerimientos a la JEP, también está que se tenga en cuenta el testimonio y remitirla a las partes de Pablo Emilio Morales, el patólogo de Medicina Legal que se encargó de realizar las necropsias a los exdiputados. Del mismo modo, pidieron copia de esos archivos con el propósito de conocer la forma en la que fueron asesinados los políticos teniendo en cuenta las armas que usaron, el tipo de proyectiles y la posterior sepultura de los cuerpos por parte de las Farc.

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También han pedido a la JEP información sobre los nombres de los terceros involucrados, que pertenecían a la administración de la Asamblea. El motivo por el cual se llevó a cabo el secuestro y de dónde provino la orden de este y de la muerte. Pidieron saber en qué consistía la Operación Palomera y cómo sabían de la ruta de evacuación de los exdiputados del Valle establecida por la Asamblea Departamental en caso de una emergencia.

Son en total 16 interrogantes que no han sido resueltos del todo. De ahí que una vez hayan solicitado una aclaración a la imputación sin tener respuesta alguna, hayan recurrido al derecho de petición en el que solicitaban conocer en su integridad la versión que rindió alias El Grillo, quien reconoció el secuestro y posterior asesinato de los políticos. Según el abogado Sanclemente, el hombre rindió versión el año pasado, y hasta el momento, desconocen lo que dijo. También saben que la hoy senadora Victoria Sanguino rindió declaración sobre esos hechos, pero la JEP tampoco les ha entregado esa información.

Según Sanclemente, han tenido que recurrir a todos los escenarios buscando verdad. Incluso, solicitaron que se ampliara la imputación al delito de perfidia para Rodrigo Londoño, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo, Jaime Alberto Parra, Milton De Jesús Toncel, Pastor Alape y Rodrigo Granda. Esta petición de la que tampoco han recibido respuesta por parte de la JEP reprocha que está prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios desleales para hacerlo.

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“Los integrantes del secretariado de las Farc-Ep son también responsables de mando de hechos del crimen de guerra de perfidia, cometido de manera concurrente con el de graves privaciones de la libertad por las unidades militares de las Farc-Ep sobre las cuales tuvieron mando efectivo”, explicó el abogado en uno de tantos documentos que ha elevado ante la JEP, y el cual denuncia han hecho caso omiso. Lo que sí es cierto es que durante el 30 de mayo y los primeros días de junio el tribunal realizará audiencias relativas al delito de secuestro para que haya reconocimiento y responsabilidad en cuanto al tema de los exdiputados del Valle. No obstante, en esa ocasión las víctimas no conocen en detalle el expediente.

“Los miembros del secretariado van a manifestar su responsabilidad, pero todas las demandas de verdad, que es lo que hemos requerido han sido omitidas (…) En últimas habrá sanción en contra de ellos, pero dónde queda esa verdad plena que se habla en el proceso de paz. No va a haber, porque solo se van a aplicar las sanciones y a la persona que se le imponga le dará lo mismo hablar o no”, explicó el abogado Sanclemente.

Por ahora, la JEP tiene la tarea, además de llamar a rendir a declarar a los comparecientes, responder a los requerimientos que hacen las víctimas en los expedientes que adelantan.

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