Caso Galán revive de sus cenizas

El miércoles 18 de enero de 1989, Colombia fue sorprendida por un violento episodio que probó las reales dimensiones del paramilitarismo. Doce integrantes de una comisión judicial creada para investigar los crímenes de las autodefensas en el Magdalena Medio, fueron masacrados en el caserío de La Rochela (Santander). Sobrevivieron tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes identificaron al verdugo que dio la orden: El Negro Vladimir, después referenciado por su nombre: Alonso de Jesús Baquero Agudelo.

La justicia ya tenía prontuarios de otros paramilitares pero el individuo por capturar era Vladimir. Sin embargo, súbitamente, por su propia voluntad, tres semanas después apareció un arrepentido: el médico Diego Viáfara Salinas. Procedente de Puerto Boyacá, en busca de protección y hastiado de violencia, este ex concejal llegó al periódico El Espectador y luego a la dirección del DAS, en cabeza del general Miguel Maza Márquez, y entregó la radiografía de lo que representaba el paramilitarismo. Sus confesiones fueron determinantes.

En pocos días, el DAS configuró un completo dossier sobre la organización y, en acciones simultáneas con la Policía, concretó operativos en Antioquia y Bogotá. Mientras el coronel Valdemar Franklin Quintero desmantelaba fortines del narcoparamilitarismo en la llamada Operación Apocalipsis, el general Miguel Maza Márquez desvertebraba una banda de sicarios en el barrio Nueva Marsella en Bogotá, capturando a otro sujeto clave en sus averiguaciones: Camilo Zamora Guzmán, alias Travolta.

Las delaciones de Diego Viáfara y Camilo Zamora permitieron al DAS, no sólo golpear en el corazón del narcoparamilitarismo en el Magdalena Medio o en el Meta, sino que dejaron al descubierto sus principales secretos. En particular, el centro de operaciones situado en Puerto Boyacá, a través de una organización que pagaba páginas en los periódicos para disimular sus acciones: la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), fachada del paramilitarismo y eje social de su expansión militar.

Desentrañando las acciones de Acdegam, quedó claro que el ala militar estaba a cargo de Henry Pérez, con patrocinio de narcotraficantes, y que el accionar político lo promovía Iván Roberto Duque. En sus pesquisas, el director del DAS comprobó además que, meses atrás, la organización ilegal había contratado a mercenarios de origen británico e israelí para entrenar a sus grupos armados. Los alumnos, como se ratificó tiempo después, fueron escogidos por los capos Gonzalo Rodríguez Gacha, Fidel Castaño y Pablo Escobar Gaviria.

Al tiempo que el general Maza Márquez denunciaba conexiones del narcoparamilitarismo con el mercenario israelí Yair Klein, y la justicia estructuraba acusaciones contra Escobar, Rodríguez y Castaño, el sinuoso Iván Roberto Duque, con apoyo de dirigentes políticos de la región, le daba forma a su partido político, el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena). En Yacopí (Cundinamarca), en medio de desafiantes cantos e himnos de invocación a las autodefensas y contra la Unión Patriótica, la extrema derecha tomaba posiciones en el súbito escenario nacional.

No demoró la réplica. El martes 30 de mayo de 1989, el general Maza fue blanco de un atentado terrorista en Bogotá que le costó la vida a siete personas. Ese mismo día, el ileso director del DAS reveló que se trataba de un blanco anunciado, pues horas antes sus hombres habían capturado al capitán del Ejército, Luis Javier Wanumen, en posesión de comprometedores documentos con veladas acusaciones contra el director de la Dijin, coronel Óscar Peláez Carmona, por supuestas alianzas con el cartel de Cali y, obviamente, con la referencia del atentado a Maza.

Con el paso de los días, el caso Wanumen, que apuntaba a demostrar las infiltraciones de la mafia en el Estado, fueron declinando en importancia y del sujeto no volvió a saberse porque la violencia le sirvio de manto. Siguieron los asesinatos políticos y los carrobombas del narcoparamilitarismo mientras Morena desplegaba su disimulado proselitismo armado. En agosto de 1989, el país ya estaba aterrorizado. En tres días, del 16 al 18, la mafia asesinó al magistrado Carlos Valencia, al comandante de la Policía Antioquia, Valdemar Franklin Quintero y a Luis Carlos Galán.

Dos décadas después

Producto de sus delaciones,  colabora en el esclarecimiento de varios asesinatos contra líderes de la Unión Patriótica y, según fuentes de El Espectador, es uno de los personajes que hoy señala al ex director del DAS, Miguel Maza Márquez como un ex oficial comprometido en siniestras alianzas con diversos sectores del paramilitarismo para combatir a Pablo Escobar. Vladimir cayó preso 48 horas antes del asesinato de Luis Carlos Galán y salió libre en 2005. ¿Qué tanto supo durante sus andanzas como verdugo y qué tanto durante su tiempo en prisión?

En cuanto a Iván Roberto Duque, después de estructurar el discurso político del paramilitarismo a través de Morena, se convirtió en su vocero en los frustrados acercamientos con el gobierno Barco en procura de una “exoneración condicionada”, y ya en los tiempos de César Gaviria, después de una corta temporada en prisión, acusado del crimen del jefe paramilitar Ariel Otero, mientras secretos jefes del narcotráfico mutaban hacia las autodefensas contrainsurgentes, él recobró su lugar en la organización con el alias de Ernesto Báez.

Así llegó hasta los tiempos de la Ley de de Justicia y Paz. Él persiste en aseverar que su actividad  fue la política, pero los fiscales ya le advirtieron que su mala memoria sólo va a acarrearle perder los beneficios judiciales. No quiere admitir su papel en la guerra, especialmente en el Bloque Central Bolívar, y después de 20 años delinquiendo a sus anchas, sorpresivamente se convirtió en acusador. Su blanco: el ex director del DAS, Miguel Maza, a quien señala de sostener alianzas con Henry Pérez y proteger al asesino de Luis Carlos Galán.

Ese victimario se llamó Jaime Rueda Rocha y fue alumno dilecto de Jair Klein. Capturado en septiembre de 1989, un año después se evadió de La Picota y, según Ernesto Báez, regresó al Magdalena Medio protegido por el DAS. Murió abatido por la Policía en abril de 1992 en el municipio de Honda. Este fatal destino, semejante al de otros tres detenidos por el magnicidio de Galán, constituye la razón de ser del nuevo capítulo. La Fiscalía está decidida a esclarecer porque no fueron investigados y quiénes maquinaron  su silencio.

En medio del debate, regresa de su pasado de héroe en la lucha contra el narcotráfico el general Miguel Maza Márquez. Pero vuelve cuestionado. El jefe de seguridad de Galán, Jacobo Torregrosa, perteneciente al DAS, no sólo asumió esta tarea a última hora sino que fue incapaz de contrarrestar el magnicidio. Maza reclama que también le pidan cuentas a la Policía y el Ejército, porque en el expediente aparecieron oficiales y suboficiales comprometidos. Pero sobre todo reclama recobrar la historia. “Sólo quiero que el país recuerde lo que yo hice para defenderlo y lo que hizo Báez para destruirlo”.

A la Fiscalía sólo le importa que el caso Galán no quede en la impunidad y se apresta a revivir la investigación hasta sus últimas consecuencias. El general Maza sabe que cada que se acerca el 18 de agosto le piden explicaciones. “No sé cómo alguien pueda pensar que me alié con mis enemigos, que me quisieron matar con carro bombas, para matar a un líder que conocí y protegí”, es su único comentario. Él confía en su memoria. Sabe que señaló a Acdegam, que lo hizo contra los mercenarios, que fustigó a Morena. “Si me llaman estoy listo”, insiste y luego agrega. “La historia ya me absolvió hace tiempo”.

El miércoles 18 de enero de 1989, Colombia fue sorprendida por un violento episodio que probó las reales dimensiones del paramilitarismo. Doce integrantes de una comisión judicial creada para investigar los crímenes de las autodefensas en el Magdalena Medio, fueron masacrados en el caserío de La Rochela (Santander). Sobrevivieron tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes identificaron al verdugo que dio la orden: El Negro Vladimir, después referenciado por su nombre: Alonso de Jesús Baquero Agudelo.

La justicia ya tenía prontuarios de otros paramilitares pero el individuo por capturar era Vladimir. Sin embargo, súbitamente, por su propia voluntad, tres semanas después apareció un arrepentido: el médico Diego Viáfara Salinas. Procedente de Puerto Boyacá, en busca de protección y hastiado de violencia, este ex concejal llegó al periódico El Espectador y luego a la dirección del DAS, en cabeza del general Miguel Maza Márquez, y entregó la radiografía de lo que representaba el paramilitarismo. Sus confesiones fueron determinantes.

En pocos días, el DAS configuró un completo dossier sobre la organización y, en acciones simultáneas con la Policía, concretó operativos en Antioquia y Bogotá. Mientras el coronel Valdemar Franklin Quintero desmantelaba fortines del narcoparamilitarismo en la llamada Operación Apocalipsis, el general Miguel Maza Márquez desvertebraba una banda de sicarios en el barrio Nueva Marsella en Bogotá, capturando a otro sujeto clave en sus averiguaciones: Camilo Zamora Guzmán, alias Travolta.

Las delaciones de Diego Viáfara y Camilo Zamora permitieron al DAS, no sólo golpear en el corazón del narcoparamilitarismo en el Magdalena Medio o en el Meta, sino que dejaron al descubierto sus principales secretos. En particular, el centro de operaciones situado en Puerto Boyacá, a través de una organización que pagaba páginas en los periódicos para disimular sus acciones: la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), fachada del paramilitarismo y eje social de su expansión militar.

Desentrañando las acciones de Acdegam, quedó claro que el ala militar estaba a cargo de Henry Pérez, con patrocinio de narcotraficantes, y que el accionar político lo promovía Iván Roberto Duque. En sus pesquisas, el director del DAS comprobó además que, meses atrás, la organización ilegal había contratado a mercenarios de origen británico e israelí para entrenar a sus grupos armados. Los alumnos, como se ratificó tiempo después, fueron escogidos por los capos Gonzalo Rodríguez Gacha, Fidel Castaño y Pablo Escobar Gaviria.

Al tiempo que el general Maza Márquez denunciaba conexiones del narcoparamilitarismo con el mercenario israelí Yair Klein, y la justicia estructuraba acusaciones contra Escobar, Rodríguez y Castaño, el sinuoso Iván Roberto Duque, con apoyo de dirigentes políticos de la región, le daba forma a su partido político, el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena). En Yacopí (Cundinamarca), en medio de desafiantes cantos e himnos de invocación a las autodefensas y contra la Unión Patriótica, la extrema derecha tomaba posiciones en el súbito escenario nacional.

No demoró la réplica. El martes 30 de mayo de 1989, el general Maza fue blanco de un atentado terrorista en Bogotá que le costó la vida a siete personas. Ese mismo día, el ileso director del DAS reveló que se trataba de un blanco anunciado, pues horas antes sus hombres habían capturado al capitán del Ejército, Luis Javier Wanumen, en posesión de comprometedores documentos con veladas acusaciones contra el director de la Dijin, coronel Óscar Peláez Carmona, por supuestas alianzas con el cartel de Cali y, obviamente, con la referencia del atentado a Maza.

Con el paso de los días, el caso Wanumen, que apuntaba a demostrar las infiltraciones de la mafia en el Estado, fueron declinando en importancia y del sujeto no volvió a saberse porque la violencia le sirvio de manto. Siguieron los asesinatos políticos y los carrobombas del narcoparamilitarismo mientras Morena desplegaba su disimulado proselitismo armado. En agosto de 1989, el país ya estaba aterrorizado. En tres días, del 16 al 18, la mafia asesinó al magistrado Carlos Valencia, al comandante de la Policía Antioquia, Valdemar Franklin Quintero y a Luis Carlos Galán.

Dos décadas después

Producto de sus delaciones,  colabora en el esclarecimiento de varios asesinatos contra líderes de la Unión Patriótica y, según fuentes de El Espectador, es uno de los personajes que hoy señala al ex director del DAS, Miguel Maza Márquez como un ex oficial comprometido en siniestras alianzas con diversos sectores del paramilitarismo para combatir a Pablo Escobar. Vladimir cayó preso 48 horas antes del asesinato de Luis Carlos Galán y salió libre en 2005. ¿Qué tanto supo durante sus andanzas como verdugo y qué tanto durante su tiempo en prisión?

En cuanto a Iván Roberto Duque, después de estructurar el discurso político del paramilitarismo a través de Morena, se convirtió en su vocero en los frustrados acercamientos con el gobierno Barco en procura de una “exoneración condicionada”, y ya en los tiempos de César Gaviria, después de una corta temporada en prisión, acusado del crimen del jefe paramilitar Ariel Otero, mientras secretos jefes del narcotráfico mutaban hacia las autodefensas contrainsurgentes, él recobró su lugar en la organización con el alias de Ernesto Báez.

Así llegó hasta los tiempos de la Ley de de Justicia y Paz. Él persiste en aseverar que su actividad  fue la política, pero los fiscales ya le advirtieron que su mala memoria sólo va a acarrearle perder los beneficios judiciales. No quiere admitir su papel en la guerra, especialmente en el Bloque Central Bolívar, y después de 20 años delinquiendo a sus anchas, sorpresivamente se convirtió en acusador. Su blanco: el ex director del DAS, Miguel Maza, a quien señala de sostener alianzas con Henry Pérez y proteger al asesino de Luis Carlos Galán.

Ese victimario se llamó Jaime Rueda Rocha y fue alumno dilecto de Jair Klein. Capturado en septiembre de 1989, un año después se evadió de La Picota y, según Ernesto Báez, regresó al Magdalena Medio protegido por el DAS. Murió abatido por la Policía en abril de 1992 en el municipio de Honda. Este fatal destino, semejante al de otros tres detenidos por el magnicidio de Galán, constituye la razón de ser del nuevo capítulo. La Fiscalía está decidida a esclarecer porque no fueron investigados y quiénes maquinaron  su silencio.

En medio del debate, regresa de su pasado de héroe en la lucha contra el narcotráfico el general Miguel Maza Márquez. Pero vuelve cuestionado. El jefe de seguridad de Galán, Jacobo Torregrosa, perteneciente al DAS, no sólo asumió esta tarea a última hora sino que fue incapaz de contrarrestar el magnicidio. Maza reclama que también le pidan cuentas a la Policía y el Ejército, porque en el expediente aparecieron oficiales y suboficiales comprometidos. Pero sobre todo reclama recobrar la historia. “Sólo quiero que el país recuerde lo que yo hice para defenderlo y lo que hizo Báez para destruirlo”.

A la Fiscalía sólo le importa que el caso Galán no quede en la impunidad y se apresta a revivir la investigación hasta sus últimas consecuencias. El general Maza sabe que cada que se acerca el 18 de agosto le piden explicaciones. “No sé cómo alguien pueda pensar que me alié con mis enemigos, que me quisieron matar con carro bombas, para matar a un líder que conocí y protegí”, es su único comentario. Él confía en su memoria. Sabe que señaló a Acdegam, que lo hizo contra los mercenarios, que fustigó a Morena. “Si me llaman estoy listo”, insiste y luego agrega. “La historia ya me absolvió hace tiempo”.