Caso grafitero: en manos de la Corte Constitucional sanción a coroneles de la Policía
A través de una tutela, los padres de Diego Felipe Beccera pidieron la sanción disciplinaria en contra de los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo.
Redacción Judicial
La Corte Constitucional admitió una acción de tutela instaurada por Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, padres de Diego Felipe Becerra. La decisión de la familia del grafitero se dio por la absolución disciplinaria de la Procuraduría, en favor de los coroneles de la Policía, José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, investigados por la alteración de la escena del crimen.
(Lea aquí: Caso grafitero: Muerte de Diego Felipe Becerra "no fue un accidente")
El Ministerio Público durante la administración de Alejandro Ordoñez, por medio de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, en cabeza de Jaime Mejía Ossman consideró que los uniformados procesados por la Fiscalía no incurrieron en fallas disciplinarias.
Sin embargo, la familia apeló el fallo y ahora la Corte deberá revisar, si existió una violación a los derechos humanos y además si constituye a los padres de Diego Felipe Becerra como parte activa en el proceso.
“Cabe afirmar con toda certeza, que el procurador delegado nos ha negado el acceso al expediente, y a la posibilidad de apelar el fallo absolutorio en contravía de la obligación legal que exige su cargo, violentando nuestro derecho al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia”, dice el escrito presentado por la familia del joven grafitero.
Gustavo Trejos reprochó que hasta el momento en el proceso solo han sido castigados suboficiales, “sabiendo que existieron órdenes superiores para alterar la escena del crimen de Diego Felipe Becerra”.
El pasado 12 de mayo la tutela aceptada por la Corte quedó a cargo del magistrado sustanciador, Iván Humberto Escrucería Mayolo quien resolvió suspender por dos meses “los términos procesales a partir de la fecha”, con el objetivo de darle tiempo a las partes.
El Espectador conoció que la Procuraduría General no se podrá pronunciar en segunda instancia hasta que la Corte Constitucional haya definido de fondo en este proceso.
El 19 de agosto de 2011, aproximadamente hacia las diez de la noche, en inmediaciones de la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, un miembro activo de la policía de la policía, Wilmer Antonio Alarcón Vargas disparó en contra del menor de edad, Diego Felipe Becerra Lizarazo causándole la muerte.
(Lea aquí: El rol de los coroneles que quedaron en libertad en el caso grafitero)
La Corte Constitucional admitió una acción de tutela instaurada por Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, padres de Diego Felipe Becerra. La decisión de la familia del grafitero se dio por la absolución disciplinaria de la Procuraduría, en favor de los coroneles de la Policía, José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, investigados por la alteración de la escena del crimen.
(Lea aquí: Caso grafitero: Muerte de Diego Felipe Becerra "no fue un accidente")
El Ministerio Público durante la administración de Alejandro Ordoñez, por medio de la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, en cabeza de Jaime Mejía Ossman consideró que los uniformados procesados por la Fiscalía no incurrieron en fallas disciplinarias.
Sin embargo, la familia apeló el fallo y ahora la Corte deberá revisar, si existió una violación a los derechos humanos y además si constituye a los padres de Diego Felipe Becerra como parte activa en el proceso.
“Cabe afirmar con toda certeza, que el procurador delegado nos ha negado el acceso al expediente, y a la posibilidad de apelar el fallo absolutorio en contravía de la obligación legal que exige su cargo, violentando nuestro derecho al debido proceso, y al acceso a la administración de justicia”, dice el escrito presentado por la familia del joven grafitero.
Gustavo Trejos reprochó que hasta el momento en el proceso solo han sido castigados suboficiales, “sabiendo que existieron órdenes superiores para alterar la escena del crimen de Diego Felipe Becerra”.
El pasado 12 de mayo la tutela aceptada por la Corte quedó a cargo del magistrado sustanciador, Iván Humberto Escrucería Mayolo quien resolvió suspender por dos meses “los términos procesales a partir de la fecha”, con el objetivo de darle tiempo a las partes.
El Espectador conoció que la Procuraduría General no se podrá pronunciar en segunda instancia hasta que la Corte Constitucional haya definido de fondo en este proceso.
El 19 de agosto de 2011, aproximadamente hacia las diez de la noche, en inmediaciones de la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá, un miembro activo de la policía de la policía, Wilmer Antonio Alarcón Vargas disparó en contra del menor de edad, Diego Felipe Becerra Lizarazo causándole la muerte.
(Lea aquí: El rol de los coroneles que quedaron en libertad en el caso grafitero)