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La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a un grupo de exaltos mandos de la Fuerza Pública y del sistema penitenciario por su presunta responsabilidad en el caso de secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, ocurridos en mayo del año 2000, cuando investigaba masacres y desapariciones en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Entre los llamados a indagatoria figuran los generales (r) de la Policía José Leonardo Gallego Castrillón, exdirector de la Dijín; y Fabio Campos Silva, exdirector del Inpec. También fueron vinculados Reinaldo Fierro Rico, exdirector de la cárcel La Modelo; Luis Bernardo Maldonado, exsubdirector general del Inpec; Jaime Gallo Zuleta, exasesor de la dirección de la entidad; y Evangelista Basto Bernal, exmiembro del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La decisión, adoptada por la Fiscalía 251 Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado, ratifica que los delitos cometidos contra Bedoya y los crímenes ocurridos en la prisión son de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Según el ente acusador, las pruebas indican que las violencias ejercidas contra la periodista hacen parte de un patrón criminal ejecutado dentro del penal “bajo la custodia del Estado” y en medio del conflicto armado.
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En un auto de más de 120 páginas, una fiscal del Grupo de Compulsa de Copias de la Dirección de Justicia Transicional, señaló que funcionarios del Estado, en el ejercicio de sus cargos, habrían incumplido sus deberes legales al permitir el ingreso de armas de fuego y otros elementos prohibidos en la cárcel La Modelo de Bogotá. Esa presunta omisión habría facilitado la consolidación de estructuras paramilitares al interior del penal.
Según la investigación, esa situación permitió que los paramilitares se tomaran el ala sur de la prisión, desde donde se habrían cometido al menos tres masacres, dos homicidios múltiples, ejecuciones selectivas y desapariciones forzadas contra la población reclusa. Sobre general (r) Leonardo Gallego, la Fiscalía advirtió que, en los días previos a las masacres del 27 de abril de 2000 y del 2 y 3 de julio de 2001, se realizaron supuestos operativos de requisa que, en realidad, habrían servido como fachada para introducir armamento a la cárcel.
En relación directa con Jineth Bedoya, el ente investigador recalcó la periodista fue “víctima seguimientos, previamente planificados en distintas reuniones entre internos de La Modelo, y de fragmentos de violencia sistemática, sexismo y hostigamiento, de cara a su ejercicio periodístico y por su condición de mujer. Esto ocurrió con la posible mirada complaciente de integrantes de la fuerza pública y otros agentes del Estado”.
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Por estos hechos, los cinco exfuncionarios, junto con Evangelista Basto Bernal, serán vinculados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado. Asimismo, el ente investigador advirtió que “en caso de que no comparezcan se librará orden de captura”.
La Fiscalía compulsó copias para que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evalúe la competencia frente a los oficiales retirados, en atención a que los hechos se enmarcan dentro del conflicto armado. Asimismo, aclaró que el proceso se adelanta bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, aunque sin descartar la eventual competencia de la JEP.
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