Ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y la Fiscalía pidieron dejar en firme las condenas en contra de Felipe Hernández, ex subsecretario académico de la Universidad de Medellín, y a Yolanda Cossio Rincón, exsecretaria y exjefa del programa de Derecho de la misma institución por haber permitido que el excongresista Julián Bedoya obtuviera el presunto título falso como abogado.
Hernández y Cossio fueron condenados por el Tribunal Superior de Medellín a cinco años y a cuatro años y cuatro meses, respectivamente. Ambos exfuncionarios fueron condenados en dos instancias por el delito de falsedad ideológica en documento público y ahora le piden al alto tribunal que los absuelva por, supuestamente, no haber cometido ningún delito.
Por su parte, durante la audiencia llevada a cabo este jueves 21 de mayo, la Fiscalía y la Procuraduría le pidieron a la Sala Penal de la Corte mantener las condenas. Según ambas entidades, en las dos instancias previas sí se detallo el actuar que habría tenido cada uno de los exfuncionarios en el entramado por el cual Bedoya obtuvo los títulos que serían falsos.
Durante su intervención, la fiscal Marelen Orjuela sostuvo que “efectivamente se logró probar dentro del juicio la participación y se estableció que no fueron actos aislados o inocuos, sino intervenciones coordinadas dentro de una secuencia orientada a expedir el diploma falso”. Asimismo, dijo que “se permitió el extemporáneo ingreso de Bedoya y se dio aplicación a una norma que no exigía una segunda lengua y le permitió ser considerado como estudiante de la facultad”.
Los casos en contra de los exdirectivos de la U. de Medellín derivaron del caso contra el político, quien es investigado por presuntas irregularidades en su título profesional como abogado, obtenido en la Universidad de Medellín. Las denuncias en su contra aparecieron en 2019, cuando se señaló que el entonces congresista habría regresado a la universidad tras casi una década de haber abandonado sus estudios y habría aprobado 16 exámenes en apenas cuatro jornadas de evaluación.
La velocidad con la que Bedoya habría completado los requerimientos necesarios para graduarse como abogado despertó el interés del Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría. Las distintas entidades iniciaron pesquisas hasta llevar al exsenador a responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Sin embargo, el proceso en contra de Bedoya Pulgarín ha estado acompañado por la sombra de las posibles dilaciones. En febrero pasado, el Tribunal Superior de Bogotá advirtió que la defensa del excongresista estaría buscando dilatar el proceso para lograr la prescripción del delito de fraude procesal, el plazo legal para la investigación que se alcanzará en julio de este año. Según el tribunal, “no persigue la protección de garantías procesales, como lo quiere hacer ver, sino la declaratoria de la prescripción de la acción penal”.
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