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Desde que el caso de Aida Merlano volvió a la agenda pública, con su reaparición en la Corte Suprema de Justicia y sus denuncias en contra del clan Char y otros políticos, en el trasfondo de la polémica quedó una pregunta: ¿Qué ha podido establecer la justicia en casi cuatro años sobre las personas que la ayudaron a crear un sofisticado esquema de corrupción electoral? Parte de la respuesta está en una de las investigaciones que tenía como objetivo establecer la responsabilidad de al menos siete personas que cayeron, junto con Merlano, en marzo de 2018. Han pasado un poco más de tres años y el expediente no ha tenido mayores avances en la justicia.
El proceso es en contra de la abogada Lilibeth Llinás, señalada como una de las cabezas de la organización criminal, y los exdiputados, exconcejales y abogados Jorge Luis Rangel, Vicente Carlos Tamara, Juan Carlos Zamora, Alberto Castro Reyes, Gregorio Castro Bravo y Margarita María Balen. Esta última, esposa del fallecido Jorge Gerlein, hermano de Julio Gerlein, acusado de financiar este entramado de corrupción. Según la Fiscalía, los siete investigados fueron parte de la estructura ilegal que llevó a Merlano a conseguir una curul en el Senado a punta de compra de votos. Como se sabe, el castillo de naipes se desmoronó en marzo de 2018.