La jueza novena de Bogotá avaló en la tarde de este miércoles 1 de julio, los preacuerdos de alias “El Costeño” y alias “El Hermano”, los dos hombres implicados en el asesianto del exsenador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Así las cosas, Elder José Arteaga y William Fernando González cumplirán una codena de 26 años y 21 años de prisión, respectivamente.
La decisión se tomó tras considerar que el trato hecho entre la Fiscalía General de la Nación y ambos hombres se ajustó a la ley y demuestra interés por reparar a la familia. Estas penas son por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego; y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas.
En entrevista con El Espectador, María Claudia Tarazona habló sobre su rechazo contundente a la decisión y señaló que no hubo justicia. Además, aseguró que van a apelar el preacuerdo que avaló la juez.
¿Cómo toman esta decisión judicial de que se avale el preacuerdo entre dos de los participantes en el crimen de Miguel Uribe?
Como familia, como víctima y en representación de Alejandro, nos sentimos muy desconcertados de la decisión que tomó la Fiscalía al aceptar el preacuerdo, presentarlo y dar su consentimiento al acuerdo que se le impuso a alias “El Costeño”. La razón principal es porque no fue un crimen de impulso; fue un crimen premeditado en el cual alias “El Costeño” fue la persona encargada de organizar toda la estructura criminal que ejecutó el crimen de Miguel en Bogotá. No fue un hecho aislado ni fue simplemente un partícipe; fue el determinador y no se trata de violencia común.
Cuando la violencia busca silenciar actores democráticos, el daño deja de ser individual y se convierte en un crimen institucional. Este señor sabía quién era Miguel Uribe y a qué se dedicaba. Tuvo tiempo de arrepentirse y, no obstante, teniendo varios momentos en los cuales pudo echarse para atrás, realizó todo lo que estaba a su alcance, planeó y ejecutó el crimen de Miguel
Ahora, refiriéndonos al tema de alias “El Hermano”, con quien se acordó 21 años y 9 meses de prisión, ¿Cómo toman ese preacuerdo?
Prácticamente los preacuerdos se dan porque quien participa tiene que cumplir varias condiciones: la primera es la aceptación de los cargos; lo segundo es que haga un aporte significativo para que la investigación tenga celeridad. No solamente es aceptar los cargos, sino dar información relevante, verificada y certera para que la investigación pueda avanzar. En el caso de alias “el hermano”, tenemos que de alguna manera la información que él da es relevante dentro de la organización criminal, pero es completamente distinto de la participación de alias “El Costeño”. “El Costeño” borra toda la información de los celulares, no da ningún tipo de información relevante, tiene prácticas dilatorias para que el proceso pudiera caerse procesalmente por tiempos, cambia de abogados y no asiste a las intervenciones.
Además, se vio en la audiencia anterior un total desprecio, una burla y falta de respeto por el momento jurídico, y finalmente un desprecio total y absoluto por la vida. No se nos puede olvidar algo sumamente grave: alias “El Costeño” es quien recluta a los menores para la ejecución del crimen. La instrumentalización y reclutamiento de menores tiene que tener una condena ejemplarizante
Ahora, la pregunta importante sería: ¿por qué la Fiscalía aceptó ese preacuerdo? ¿Cuál fue la información relevante que Alias El Costeño dio? La respuesta, tanto de la Fiscal General como del fiscal delegado, fue que no hubo ningún aporte significativo. Si no hubo aporte y su actuar procesal ha sido de una gravedad constante, ¿por qué le están aceptando un acuerdo de 26 años? La respuesta de ellos no fue clara.
¿Usted considera que la Fiscalía se equivocó totalmente al buscar este acuerdo con alias “El Costeño” por haber sido el cerebro detrás de todo esto? ¿Usted considera que la justicia, al menos en esta instancia, también se equivocó al avalar el preacuerdo?
No tengo la menor duda de que en la apelación vamos a tumbar ese preacuerdo; no hay ninguna justificación jurídica. Mi posición frente a la Fiscalía es que ellos necesitan cerrar la investigación lo más pronto posible y mostrar resultados. Por el afán de decir que tienen a todos los participantes y que la primera parte está cerrada, se están llevando por delante algo demasiado relevante para nosotros como familia, que es que haya justicia.
¿Usted le ha puesto de presente a la Fiscalía estos desacuerdos y cuál ha sido la respuesta?
Le dije a la señora Fiscal General que el tema de la justicia no es algo que podamos volver relativo; la justicia es una y es que las personas que cometen actuaciones delictivas reciban una condena ejemplarizante proporcional a sus actos. Esto es un precedente para que ninguna persona ejerciendo su derecho a la participación política vuelva a ser asesinada de la manera que fue Miguel. La democracia se fortalece cuando la justicia es real.
Estoy muy decepcionada de que esta juez haya avalado ese preacuerdo, pero tengo toda la esperanza para que en la apelación se revoque esta decisión.
¿Qué esperan que pase más adelante en términos de justicia, además de que se revoque el preacuerdo?
Esperamos que con el nuevo gobierno, y volviendo a fortalecer la democracia, podamos tener toda la colaboración para llegar a saber quiénes fueron los verdaderos determinadores en el crimen de Miguel y esclarecer la hipótesis de la Fiscalía de que el crimen de Miguel fue un crimen de Estado.
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