El Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía para el caso Odebrecht imputó a cinco extrabajadores de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como posibles responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cargos que no fueron aceptados. Se trata de Yasmina del Carmen Corrales Paternina, Francisco Javier Forero Lozano, Jorge Huertas Luna, Mauricio Orlando Castro e Iván Mauricio Fierro Sánchez.
La Fiscalía investiga posibles irregularidades en las que habrían incurrido los procesados y que están relacionados con el trámite de los Otrosíes 4, 5, 8 y 10 que modificaron el contrato de la Ruta del Sol 2, el cual fue adjudicado durante el gobierno de Álvaro Uribe a Odebrecht y sus socios de Corficolombiana (Grupo AVAL).
La investigación da cuenta que mediante el otrosí 4 el contratista se benefició en cuanto a la forma de pago. Precisa la Fiscalía que los estudios de conveniencia y oportunidad no fueron sustentados en temas carácter jurídico, técnico y administrativo. Los otrosíes 5 y 8 autorizaron la elaboración de estudios, diseños, obtención de licencias y la ejecución de una obra para el acceso al municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). Para esto fueron girados más de 10.000 millones de pesos.
La Fiscalía evidenció que esta obra no estaba incluida en el contrato original y la destinación de los recursos no fue consultada con el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), ni con el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). El otrosí 10 autorizó la no construcción de la segunda calzada ni la rehabilitación de la vía existente que comprendía el tramo ubicado entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y la base área Germán Olano. Esta determinación impidió la construcción de andenes, pasos peatonales, bermas, y bahías de aislamiento o parqueo.
Además, no se contrataba la señalización, lo que incrementaba el riesgo para la seguridad vial en el sector. El ente investigador evidenció que, por dejar de realizar esta obra, al concesionario le fueron descontados tan solo 19.976 millones de pesos, aunque dicha cifra debió haber sido de 65.395 millones.
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