El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht de la Fiscalía le imputó cargos a siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), presuntamente implicados en acciones irregularidades cometidas en la construcción del tramo vial entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), conocida como la Ruta del Sol II.
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Esta obra, que estuvo a cargo de Odebrecht y sus socios de Corficolombiana (Grupo Aval) ha sido uno de los focos de corrupción que las autoridades ha investigado desde 2017, cuando estalló el escándalo de los sobornos de la empresa brasilera en Colombia.
Los exfuncionarios de la ANI que fueron imputados son: Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.
La investigación evidenció que estas personas, según sus responsabilidades individuales, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato de la Ruta del Sol 2, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora brasilera Odebrecht.
“Las pruebas en poder de la Fiscalía evidencia que los ahora judicializados habrían vulnerado los principios de trasparencia, economía y responsabilidad debido a que los otrosíes no contaban con estudios solidos técnicos de conveniencia, ni de planeación. Los procesados son señalados de incurrir en maniobras ilícitas para beneficiar económicamente al concesionario (Conformado por Odebrecht, Corficolombiana y el Grupo Solarte), mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir giros por anticipado, sin terminar el proyecto; ni incurrir en créditos, entre otras irregularidades”, señaló la Fiscalía.
El material probatorio da cuenta que la Fiscalía constató que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.
Además, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenia derecho y obtener mayor flujo de caja. Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.
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