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En un documento de 22 páginas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pidió a la Corte Constitucional que defina, entre esa corporación y la Superintendencia de Sociedades, cuál entidad debe quedarse con el dinero de las multas y sanciones que dejó a su paso el entramado de corrupción que se suscitó con Odebrecht. El caso tuvo dos episodios puntuales. El primero fue una acción popular que presentó el entonces procurador Fernando Carrillo en contra de la Concesionaria Ruta del Sol II y el Instituto Nacional de Concesiones, hoy conocido como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), del cual salió victoriosa la Nación. El segundo, es la decisión que emitió el Tribunal de Arbitramento en el que dijo que el Estado sí debía pagar por las obras que alcanzó a entregar la Concesionaria previo a que se registrara el escándalo.