Sobre lo que hoy se conoce como la Escuela de Logística del Ejército, en Bogotá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó medidas cautelares para proteger, durante al menos un año, el lugar que ha sido investigado por presuntas violaciones a derechos humanos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.
La solicitud presentada por la investigadora Helena Urán Bidegain tenía como objetivo ampliar las medidas cautelares que ya había ordenado la JEP para incluir a lo que en su momento se conoció como el Batallón Charry Solano debido a su presunta conexión con desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia en medio de la ola de violencia de esa época.
Helena Urán es hija del magistrado Carlos Horacio Urán, víctima de la toma y retoma al Palacio de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el magistrado Urán salió con vida del Palacio. A partir de pruebas que en su mayoría se adjuntaron al expediente, la Corte IDH estableció que Carlos Horacio Urán fue rescatado del Palacio de Justicia, pero luego lo desaparecieron, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente.
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La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP determinó que el lugar debe ser preservado. “La SAR advierte que las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la precitada unidad militar no se agotan en los hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia del 6 y 7 de noviembre de 1985, sino que parecen indicar la existencia de un patrón sistemático de comportamiento que involucra diferentes periodos de la existencia de la mencionada institución”, se lee en el documento.
De esta manera, el tribunal especial estableció que el Batallón deberá preservarse para investigar tanto lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985 como otros episodios de violencia. Loa magistrados de la JEP que analizaron la solicitud señalaron que existen otros elementos en la investigación que vinculan a ese Batallón con posibles patrones de violencia en los macrocasos 06 y 08, sobre crímenes contra la Unión Patriótica (UP).
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“Además de los hechos de violencia política ya relacionados en la presente decisión y en los que, presuntamente, intervino el personal de inteligencia adscrito al Batallón Charry Solano, en el informe presentado a la JEP se indica que se encontrarían también los atentados con artefactos explosivos a la revista Alternativa y a los periódicos El Bogotano y Voz Proletaria”, señaló la JEP.
Asimismo, el tribunal especial tomó en cuenta la versión de José Leonairo Dorado Gaviria, exintegrante de inteligencia militar, quien entregó detalles sobre las presuntas prácticas al interior de ese lugar. Además, ha hecho referencia al caso de Irma Franco, exintegrante del M-19, que habría salido con vida del Palacio de Justicia y posteriormente fue vista en el Batallón.
La JEP también tuvo en cuenta testimonios como los de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes han denunciado torturas en ese lugar. La magistratura recolectó además documentos judiciales y archivos sobre el funcionamiento del Batallón. Sobre este lugar ya existían medidas cautelares decretadas en 2024 asociadas a la búsqueda de Pedro Julio Movilla, desaparecido en 1993.
El pasado 22 de abril, a través de un auto, la justicia transicional determinó que lugares como la Casa del Florero, el Cantón Norte y el Cementerio del Sur en Bogotá son lugares de dignificación y educación sobre lo sucedido durante el 6 y 7 de noviembre de ese año.
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