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Caso Papá Pitufo: Corte Suprema indagará al excongresista Juan Diego Gómez

El alto tribunal busca confirmar si Gómez, excongresista del Partido Conservador, habría usado su poder político para mover fichas y asignar oficiales de la Polfa en cargos estratégico para la red de contrabando de Papá Pitufo. El magistrado César Augusto Reyes Medina estará al frente de la investigación previa.

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03 de marzo de 2025 - 02:57 a. m.
Juan Diego Gómez, excongresista del Partido Conservador.
Juan Diego Gómez, excongresista del Partido Conservador.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga
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Sigue creciendo la lista de posibles aliados a la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando. Ahora el turno es para el excongresista antioqueño Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación previa por su presunta relación con el entramado de corrupción.

En manos del magistrado César Augusto Reyes Medina estará la labor de verificar si existió o no algún tipo de nexo entre el también expresidente del Senado y alias Papá Pitufo. De ser así, el excongresista entraría a una lista de personas señaladas en la que están también investigadores del CTI de la Fiscalía y oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

El nombre del político conservador apareció relacionado con el caso por presuntamente haber utilizado su poder y contactos en el Congreso para poner y quitar a oficiales de la Polfa en los puertos dominados por la red de contrabando de Papá Pitufo. Esto, para facilitar el ingreso irregular de mercancía al país.

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Las investigaciones adelantadas por las autoridades demostrarían el poder que tenía Gómez para determinar las movidas de puestos en las sedes de la Polfa en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta, La Guajira y Santa Marta.

De una de las reuniones que hacen parte de los hechos jurídicamente relevantes expuestos por la Fiscalía ante la juez del caso, realizada el 4 de agosto de 2023 en el Hotel Las Américas (Cartagena), se habría filtrado un audio de la conversación en la que Papá Pitufo aseguraría que el excongresista había gestionado la designación del mayor Royce Díaz como jefe de la Polfa en Barranquilla. El oficial ya está siendo investigado por la Fiscalía.

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Sobre el caso de Papá Pitufo

El nombre de Diego Marín Buitrago tomó popularidad en el país hace al menos un mes, cuando el presidente Gustavo Petro dijo públicamente que el zar del contrabando había intentado ingresar dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022. Dinero que, según el mandatario, habría sido devuelto por una propia orden suya.

Sin embargo, el historial delictivo de alias Papá Pitufo tiene al menos tres décadas de recorrido. Las primeras señales datan de 1993, pues en el mundo de la mafia era relacionado con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali. Durante esa época, habría gestionado el ingreso de electrodomésticos forrados en dólares, producto del narcotráfico, que luego eran lavados en el mercado negro de divisas.

Para 1995, según fuentes de la Policía, ya habría montado su propio imperio de contrabando con productos procedentes de China. Las autoridades colombianas no eran las únicas que tenían el radar prendido. Pero el único proceso judicial en contra de Papá Pitufo que avanza en un juzgado de Paloquemao, a la espera de que el procesado sea extraditado desde Portugal, corresponde a hechos ocurridos entre 2023 y 2024.

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En ese expediente, la Fiscalía logró documentar sus andanzas criminales durante un período de siete meses, de septiembre de 2023 a marzo de 2024. “Era el líder de una organización criminal que buscaba cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas como teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás, para lograr que estas personas dejaran de lado sus funciones”, dijo la Juez 48 con Función de Garantías de Bogotá, al dictarle medida de aseguramiento.

Según las investigaciones, el zar del contrabando tenía control del ingreso de mercancías por los puertos de Buenaventura y Cartagena. Lo hacía a través del pago de coimas y sobornos a funcionarios de la Polfa a los que, en palabras de la Fiscalía, Papá Pitufo les pagaba por “mirar para otro lado”. Es decir, por omitir sus funciones de control aduanero.

Pero ese entramado delictivo no solo involucró a uniformados de la Polfa. También habría permeado a la propia Fiscalía. Francisco Javier Martínez Ardila, funcionario del CTI conocido como Pacho Malo, habría puesto al servicio de los negocios ilegales su posición privilegiada como funcionario de ese ente.

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De lo que se sabe del proceso en contra de Pacho Malo, la Fiscalía aseguró que pertenecía a una red delictiva conformada por funcionarios y particulares, “que auspiciaban y facilitaban la entrada ilegal de mercancía por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y Barranquilla (Atlántico)”.

Reo ausente

Cuando la red de negocios ilegales de Papá Pitufo empezó a desarmarse por una fiscal que, con rapidez, tiró del hilo en el caso, el hombre aprovechó su ciudadanía española y se fugó a España. Allí fue capturado el 5 de abril de 2024, por una Orden Internacional de Detención de Colombia, pero luego quedó en libertad condicional mientras avanzaba el proceso de su extradición.

Tras ser aprobada por la justicia española, se fugó a Portugal, donde fue retenido, una vez más, el 3 de diciembre de 2024. Allí permanece privado de la libertad y no ha querido asistir a las audiencias de su caso ante las autoridades colombianas.

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La Fiscalía pidió declararlo en contumacia o rebeldía, una medida que fue aprobada por la juez del caso y que permitirá avanzar en las audiencias y condenarlo sin que esté presente. Aunque el gobierno portugués ya le dio luz verde a su extradición, la justicia de ese país tiene la última palabra, pues Marín pidió asilo. Mientras tanto, en Colombia avanza el proceso en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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