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La Fiscalía General de la Nación solicitó una nueva audiencia de imputación contra José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por su presunta participación en el proceso de contratación de pasaportes. El exfuncionario será investigado por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
La solicitud fue presentada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, que señala a Salazar Ramírez por la expedición de tres resoluciones firmadas en febrero de 2024. Según la Fiscalía, esos actos administrativos revocaron las decisiones del entonces canciller Álvaro Leyva Durán, quien había declarado desierta la licitación para el contrato de elaboración de pasaportes por COP 600.000 millones.
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De acuerdo con la Fiscalía, las resoluciones permitieron reactivar el proceso y avanzar en la adjudicación del contrato a la única empresa que permanecía en la convocatoria, Thomas Greg & Sons. Salazar Ramírez salió de la Cancillería en febrero de 2024, luego de ser declarado insubsistente. La audiencia de imputación contra el exsecretario general fue programada para el próximo 10 de junio.
Como antecedente de este caso, el pasado 23 de abril la Fiscalía acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva y lo llamó a juicio por su presunta responsabilidad en las decisiones adoptadas durante el proceso de contratación de pasaportes. El exministro deberá responder por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Según la Fiscalía, varias decisiones adoptadas desde la Cancillería alteraron el curso normal de una convocatoria pública que ya contaba con una recomendación técnica para adjudicar el contrato. En septiembre de 2023, Leyva declaró desierta la licitación. Días después, de acuerdo con el ente acusador, la Cancillería rechazó un recurso presentado por Thomas Greg & Sons y emitió un tercer acto administrativo que excluyó a esa empresa del proceso y abrió la puerta a una contratación directa para garantizar la continuidad del servicio que pasó a estar a cargo de la Imprenta Nacional de Colombia.
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Para la Fiscalía, estas decisiones no obedecieron a razones jurídicas válidas, sino que buscaron modificar el resultado de un proceso contractual que, hasta ese momento, se había desarrollado conforme a las reglas establecidas.
A estas conclusiones llegó también la Procuraduría General de la Nación, que en noviembre de 2024 destituyó e inhabilitó por diez años a Leyva al considerar que incurrió en faltas gravísimas relacionadas con el manejo de la licitación de pasaportes.
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