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El grupo de representantes de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investiga al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en las cuentas de su campaña está dividido. Mientras dos de sus miembros sostienen que el primer mandatario debe ser investigado y llamado a indagatoria, otro pidió cerrar el proceso.
La propuesta de llamarlo a indagatoria quedó consignada en un salvamento de voto presentado por los representantes investigadores Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo frente a la ponencia del congresista Alirio Uribe, quien planteó un auto inhibitorio dentro del proceso. La decisión se dio tras concluir la investigación preliminar adelantada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Las bases de esta investigación contra el hoy presidente están en las pesquisas que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en abril pasado, dejó en firme la sanción contra el equipo de campaña del presidente y concluyó que sí hubo violaciones a los topes de financiación, sobrepasando el límite en COP 3.000 millones. Entre los sancionados se encuentra el gerente de la campaña, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien se encuentra en licencia, así como la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto. Todos podrían asumir una multa que asciende a COP 6.000 millones.
Además, el pasado 11 de mayo, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa por el presunto delito de violación de topes electorales. Según el ente acusador, cuando se desempeñó como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022, habría permitido que se superaran los límites legales de financiación en al menos COP 1.664 millones y, además, no habría reportado varias contribuciones millonarias recibidas durante la contienda electoral. Durante la audiencia, el funcionario rechazó los cargos formulados en su contra.
En contexto: Los COP 1.664 millones de la campaña de Petro que tienen a Ricardo Roa ante la justicia
Los hechos clave que investigó el CNE
Para tomar su decisión de sancionar al equipo de campaña del presidente Gustavo Petro por violar los topes de financiación y ocultar gastos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) examinó una serie de operaciones financieras que, a su juicio, no fueron reportadas o infringieron las reglas que regulan la financiación de las campañas presidenciales. Estos fueron los principales hallazgos que sustentaron la decisión del tribunal electoral.
Donaciones de la USO y Fecode que no fueron reportadas
Uno de los hallazgos se relaciona con aportes provenientes de organizaciones sindicales. Según el CNE, COP 500 millones aportados por la Unión Sindical Obrera (USO) fueron utilizados en la campaña presidencial, pero no fueron incluidos en los reportes oficiales. De ese total, COP 121 millones correspondieron a la primera vuelta y COP 379 millones a la segunda.
La autoridad electoral también concluyó que otros COP 500 millones provenientes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) fueron utilizados para cubrir gastos de la campaña durante la primera vuelta presidencial. De acuerdo con la investigación, esos recursos habrían sido tramitados a través del movimiento Colombia Humana.
Pagos a más de 35.000 testigos electorales
Otro de los puntos centrales del expediente fue el relacionado con los recursos destinados al pago de testigos electorales. Según la investigación, la campaña omitió reportar COP 1.108 millones utilizados para remunerar a los testigos que participaron durante la primera y la segunda vuelta presidencial. El análisis del CNE concluyó que durante la primera vuelta se destinaron COP 931 millones para 30.256 testigos electorales, mientras que en la segunda vuelta se desembolsaron COP 177 millones para otros 5.328 testigos.
Adicionalmente, la autoridad electoral estableció que COP 530 millones provenientes de Colombia Humana fueron utilizados para cubrir gastos logísticos relacionados con esos testigos electorales durante la segunda vuelta, recursos que tampoco habrían sido incluidos en la contabilidad oficial de la campaña.
Un préstamo del Polo Democrático que no estuvo la contabilidad
La investigación también examinó un préstamo por COP 500 millones otorgado por el Polo Democrático durante la primera vuelta presidencial. De acuerdo con el CNE, ese crédito figuró inicialmente dentro de los movimientos financieros de la campaña, pero leugo fue excluido de las cuentas finales reportadas y no habría tenido incidencia en el cálculo de los topes de financiación.
El caso del Movistar Arena
No todos los hechos investigados terminaron siendo considerados una irregularidad electoral. En el caso del alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria presidencial, el CNE concluyó que ese gasto no podía ser considerado como un gasto de campaña.
Sin embargo, la autoridad electoral consideró que la inclusión de ese desembolso dentro de los reportes oficiales ameritaba una revisión penal y, por esa razón, compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a Ricardo Roapor un posible fraude procesal con el reporte de esos recursos.
Frente a estos antecedentes, los representantes investigadores Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo señalan que es necesaria la indagación al presidente para que de su versión sobre estas posibles irregularidades.
La ponencia que pide llamar al presidente Petro a indagatoria
Lo que sostiene el documento firmado por los representantes, es que Petro sí tenía un rol clave en la administración de su campaña porque, según las normas que rigen las contiendas electorales, el candidato ostenta una calidad de garante del correcto funcionamiento de las finanzas de su campaña. Por eso, para los investigadores, el hecho de que Petro hubiera depositado su confianza en miembros de su equipo para administrar los dineros, “no lo exime de su deber de vigilancia y control”.
Sin embargo, se lee en el documento, el hoy presidente no ejerció ninguno de esos controles. “La magnitud de las irregularidades detectadas, que superan los COP 3 mil millones y que involucran mecanismos sofisticados de triangulación financiera, habría debido ser perceptible para cualquier persona que ejerciera de manera diligente el deber de vigilancia sobre las finanzas de la campaña”.
En la ponencia, los representantes también insisten en que las irregularidades detectadas no pueden analizarse como hechos aislados o errores administrativos independientes. Por el contrario, sostienen que las pruebas recopiladas por el Consejo Nacional Electoral muestran la existencia de una estrategia sistemática de financiación paralela que operó durante las dos vueltas presidenciales de 2022.
Según los investigadores, el esquema tuvo cuatro componentes principales: la recepción de recursos de fuentes prohibidas, la ocultación de gastos para evitar superar los topes electorales, la omisión de pagos a testigos electorales y la presentación de informes contables que no reflejaban la realidad financiera de la campaña. A su juicio, estos hechos podrían constituir delitos relacionados con la financiación de campañas con fuentes prohibidas, la violación de topes de gasto, la omisión de información sobre aportantes y el fraude procesal.
La ponencia señala varias operaciones que, según los investigadores, evidenciarían una financiación paralela de la campaña. Entre ellas menciona aportes de Fecode y la USO, modificaciones en facturas de transporte aéreo y pagos a más de 35.000 testigos electorales que no fueron reportados. A juicio de los representantes, estas maniobras permitieron ocultar más de COP 3.042 millones en gastos que habrían llevado a superar los topes electorales.
Para Arizabaleta y Carrillo, la importancia de estos hallazgos no radica solo en las sumas involucradas, sino en la aparente coordinación de las operaciones. Por ello, consideran insuficiente atribuir las irregularidades a errores contables o actuaciones aisladas de terceros, dado que se trató de una estructura que involucró múltiples intermediarios y miles de transacciones.
Los investigadores también cuestionan la tesis según la cual la responsabilidad recaería exclusivamente en gerentes, auditores y tesoreros. A su juicio, la delegación de funciones no excluye automáticamente la responsabilidad de quien ejercía la dirección política y estratégica de la campaña que era Gustavo Petro. En ese sentido, sostienen que la discusión no debe centrarse en si el ahora presidente autorizó personalmente pagos o contratos, sino en determinar si participó en decisiones estratégicas relacionadas con el funcionamiento financiero de la campaña o si tuvo conocimiento de posibles irregularidades.
Por esa razón, concluyen que la investigación no debía cerrarse. Según su análisis, las pruebas trasladadas por el CNE constituyen indicios suficientes para profundizar la instrucción y establecer el grado de participación que pudo tener el entonces candidato presidencial.
Finalmente, los representantes consideran prematuro descartar que Petro conociera lo ocurrido. Para ellos, la existencia de aportes de fuentes cuestionadas, pagos no reportados a testigos electorales y gastos ocultos por más de COP 3.000 millones justificaba adelantar nuevas diligencias antes de excluir cualquier eventual responsabilidad.
En su salvamento de voto, los miembros de la Comisión también pidieron que se ordene una “solicitud a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), de la información que repose en sus archivos sobre operaciones financieras inusuales o sospechosas relacionadas con la campaña presidencial de 2022″.
La ponencia que pide archivar la investigación contra Petro
Por otro lado, está la ponencia del congresista Alirio Uribe, quien solicitó un auto inhibitorio dentro del proceso contra el presidente Petro. La ponencia sostiene que el aforado (Petro) no tuvo injerencia en la disposición material de los recursos. Así lo demuestran las declaraciones del propio Ricardo Roa, de la gerente de la campaña, Lucy Aidé Mogollón, y de la tesorera, Laura Sarabia Torres. Los tres explicaron a la Comisión que Petro se concentró exclusivamente en la agenda política y programática de la contienda, delegando la totalidad de la gestión financiera en la gerencia.
“El candidato no intervino en la ordenación de gastos ni en la ejecución de pagos, cumpliendo con la separación funcional que impone la normativa electoral para garantizar la transparencia”, se lee en el documento elaborado por el representante Alirio Uribe.
Ahora bien, frente al delito de fraude procesal, el representante Uribe explicó que, como las pruebas para relacionar a Petro con ese delito fueron excluidas del proceso, no había hechos que investigar. En concreto, el congresista recordó que esta conducta fue denunciada a raíz de lo que se denominó los “petrovideos”: un material audiovisual en el que, supuestamente, se escuchaban reuniones privadas de la estrategia de la campaña en 2022.
Lea: Fiscalía investigará presuntos aportes de “Pipe Tuluá” a campaña de Petro en 2022
Aunque varios denunciaron que esos audios incluían presuntos manejos ilegales del dinero de la campaña, los archivos fueron excluidos de la investigación porque nunca se logró comprobar su trazabilidad y porque fueron grabados sin autorización de los intervinientes. Además, dice la ponencia, la investigación “realizada no arroja evidencia de que el aforado investigado haya utilizado medios fraudulentos para alterar la realidad de las cuentas de campaña; por el contrario, los reportes financieros fueron avalados por auditorías externas independientes que certificaron la razonabilidad de las cifras en su momento y por el CNE, mediante resolución que ordenó la reposición de votos”.
“La investigación no ha arrojado evidencia material ni probatoria que permita afirmar que el investigado indujo en error a la autoridad electoral mediante informes mendaces”, explicó Uribe en su ponencia, en la que sostuvo que la campaña nunca mintió ni sobrepasó los topes electorales, porque todos sus ingresos y gastos fueron sometidos a un “riguroso sistema de pesos y contrapesos que incluyó auditorías internas y la supervisión técnica en tiempo real de la firma Nexia Montes & Asociados”.
De acuerdo con el representante, estos dictámenes periciales concluyeron que los estados financieros expresaban una imagen “fiel de la realidad económica de la contienda, lo que desvirtúa técnicamente la existencia de una maniobra engañosa orientada a viciar el juicio de la administración de justicia”.
Sobre los cambios que hizo la campaña en la plataforma de Cuentas Claras, los mismos que fueron utilizados por el CNE para sancionar a Roa, el representante Uribe explicó que “lejos de constituir una alteración fraudulenta, obedecieron a correcciones técnicas y operativas permitidas por el ordenamiento jurídico”.
En esa vía, la ponencia sostiene que hay pruebas periciales que también justifican la posición sobre la cual el congresista pidió cerrar el caso. Por ejemplo, una auditoría realizada por la firma Nexia Montes & Asociados, designada por el Consejo Nacional Electoral, que corroboró que el candidato no tenía acceso operativo a la cuenta bancaria de la campaña ni intervino en la ordenación del gasto.
Las únicas instrucciones que recibieron Roa y Sarabia por parte de Petro, dice la ponencia de Alirio Uribe, fueron: “Ser minuciosos con la procedencia de los recursos y no violar los topes”. Para Alirio Uribe, es claro que el entonces candidato Petro se situó en una posición de “supervisión política general, confiando la ejecución administrativa a un equipo profesional”, por lo que no hay ninguna conducta reprochable en contra del hoy presidente.
En ese contexto, la ponencia señala que, como no se logró probar que Petro hubiera aprobado actos de disposición, ordenación o manejo directo de los recursos de la campaña, “no se configura el elemento estructural del sujeto activo en cuanto al ejercicio de actos de administración, en ausencia de órdenes o control material sobre la ejecución de los gastos. En consecuencia, estamos ante un fenómeno de atipicidad”.
La próxima semana, la Sala Plena de la Comisión tendrá que debatir ambas propuestas y tomar una decisión: ya sea que la investigación contra el presidente no continúe o, por el contrario, Gustavo Petro sea llamado a indagatoria por presuntamente haber recibido financiación ilegal y haber violado los topes de financiación en la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño.
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