Cinco años después de que el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro fuera destituido e inhabilitado por el procurador Alejandro Ordoñez por la presunta responsabilidad del exmandatario en las irregularidades que rodearon la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo en la capital de la República, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte Interamericana para que inicie el debido proceso contra el Estado colombiano. Así lo informó el excandidato a la presidencia a través de su cuenta de Twitter.
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Para el Ministerio Público, la crisis generada en la ciudad los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 fue debido a la “absoluta incapacidad” del Distrito y la administración de Gustavo Petro para la prestación de este servicio fundamental. Ante esto aclaró que se confirmó, después de practicar las pruebas documentales y testimoniales, y escuchar los descargos del procesado, que se presentaron serias fallas en la planeación y celebración de los contratos dirigidos a la prestación del servicio de aseo.
Tras conocerse la decisión, Petro la apeló y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medias cautelares para evitar que lo destituyeran de la alcaldía, alegando que el fallo era una persecución política.
Después de varios años de peleas judiciales, en noviembre del año pasado el excandidato a la presidencia recibió una buena noticia por parte del Consejo de Estado que tumbó el fallo con el que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez lo sacó de su cargo hace más de cinco años. Tras un largo debate en el alto tribunal y en la que se discutió una ponencia del consejero César Palomino, quien expuso que en la decisión del entonces procurador Ordóñez no se pudo comprobar el dolo o la mala intención de Gustavo Petro en el cambio del esquema de basuras de Bogotá, como lo sostuvo el Ministerio Público.
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Con tal decisión se dio vía libre para que Petro pudiera aspirar como candidato a las elecciones presidenciales de este año, en donde salió derrotado por el presidente Iván Duque tras una segunda vuelta electoral. El ultimo pronunciamiento de la CIDH sobre este tema se hizo el pasado 7 de noviembre quien recomendó al Estado colombiano dejar sin efecto los actos administrativos sancionatorios que inhabilitaban a Petro para que poder ejercer sus derechos políticos, además, recomienda adoptar las medidas legislativas necesarias “para asegurar la imparcialidad de la autoridad disciplinaria, de forma tal que la autoridad que establece los cargos no sea la misma llamada a determinar la responsabilidad disciplinaria”.