Caso Pizarro: el testimonio pendiente de un mercenario en Medio Oriente

Una de las acciones investigativas que adelantaba la Fiscalía por el magnicidio de Carlos Pizarro, perpetrado el 26 de abril de 1990, era recoger el testimonio de un exmiembro de su esquema de seguridad que perteneció al DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia que desapareció en 2011. El hombre en cuestión es Óscar Castro*, quien fue contactado por el ente investigador hace pocos meses, con el fin de que aporte información sobre los hechos que rodearon el asesinato del entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 mientras iba en un avión rumbo a Barranquilla.

Le podría interesar: El último revés que podría trabar el proceso de Carlos Pizarro en la Fiscalía

Funcionarios de la Fiscalía lograron contactar a la familia de Castro, quien desde hace varios años es mercenario en Medio Oriente para grupos irregulares que suelen contratar a uniformados retirados de la fuerza pública colombiana, por su experiencia en contextos crudos de confrontación armada. Castro es uno de los hombres menos mencionados en el caso Pizarro, pero para el ente investigador su salida del esquema de protección días antes del homicidio se debe indagar. “Se revisó la hoja de vida y no se sabe qué hizo los siguientes dos o tres meses después de su salida del anillo de seguridad”, dice una fuente consultada.

Lea: Carlos Pizarro, un magnicidio que sigue en la impunidad después de 30 años

Lo que pudo establecer la Fiscalía es que después fue enviado a Estados Unidos durante quince días a realizar un curso con las Fuerzas Militares de ese país y un año más tarde volvió al mismo programa. “No se trató de una intensificación o de un segundo nivel del curso cuando Castro viajó por segunda vez a EE. UU. Su puesto en el esquema de Pizarro lo tomó Jaime Gómez Muñoz, el agente que mató al sicario que atentó contra Pizarro”, dice la fuente. Según el ente investigador, el escolta Gómez, detenido en 2017 y procesado por su presunta participación en el magnicidio, mató al sicario cuando este ya estaba reducido.

Uno de los inconvenientes de la toma del testimonio de Castro fue “porque el país donde se encuentra no tiene relaciones diplomáticas con Colombia. Lo que le implicaba un viaje a una nación que sí las tuviera. El señor le pidió a la Fiscalía que pagara unos tiquetes de avión a un país de esa región donde existiera un consulado colombiano para rendir la declaración”, dice la fuente. Pero la mayor dificultad se originó el pasado 5 de mayo de 2021, cuando la Fiscalía removió al fiscal del caso, Mauricio Ponce, quien llevaba siete años con el expediente y, según la familia Pizarro, es quien ha tomado las decisiones de fondo.

(Lea también: Las posibles omisiones del Estado colombiano por las que el caso Pizarro llegó a la CIDH)

Ponce ordenó la detención preventiva del escolta Jaime Gómez y de los llamados a indagatoria contra Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del DAS, y de Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la entidad, así como la compulsa de copias para investigar a Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, por su presunta responsabilidad en el magnicidio. Desde 2002, cuando fueron condenados los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño, el proceso quedó paralizado y solo volvió a tener avances con la llegada de Ponce, enviado recientemente a Quibdó.

En el libro Mi confesión, Carlos Castaño, jefe de las Auc, contó que alias Yerri fue preparado en Montecasino, icónica propiedad del clan paramilitar en Medellín. Sobre los cerebros de los asesinatos de Pizarro, Bernardo Jaramillo (marzo de 1990) y José Antequera (marzo de 1989) el menor de los Castaño dijo que fueron la “crema y nata” de la sociedad. Por su parte, el líder narcoparamilitar alias don Berna, detenido en Estados Unidos, en versiones ante Justicia y Paz habló del Grupo de los Seis, que servía como “consejero” de los paramilitares. Sobre este punto la Fiscalía empezó a indagar, pero del mismo don Berna jamás volvió hablar.

La Fiscalía sabe que en la terraza del hotel Nutibara, de Medellín, se reunieron personas influyentes del país para planear crímenes. Fue por eso que el ente investigador se dio a la tarea de buscar en el archivo de este alojamiento algunos nombres mencionados para determinar si estuvieron hospedados allí entre 1989 y 1990. Sin embargo, todo se frenó con la salida de Ponce. El 27 de mayo pasado, la Corporación Reiniciar le envió una carta al fiscal Francisco Barbosa, pidiendo que Ponce retome su cargo, ya que él también tenía el magnicidio de Jaramillo, entonces candidato de la UP. En el documento, conocido por este diario, le pidieron a Barbosa que explicara por qué había sido removido el fiscal.

“Esa decisión, señor fiscal general, no es comprensible a la luz del compromiso que el Estado colombiano ha manifestado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la superación de la impunidad del caso Unión Patriótica, del cual el crimen del candidato Jaramillo Ossa es uno de los más dolorosos y representativos. No quisiéramos interpretar que su decisión responde a un interés de paralizar el curso de las indagaciones, tal como ha sucedido con la desarticulación de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) bajo el mandato del fiscal general Néstor Humberto Martínez”, concluyó la misiva enviada por los abogados de Reiniciar.

El nombre del axgente del DAS fue modificado por motivos de seguridad*

Una de las acciones investigativas que adelantaba la Fiscalía por el magnicidio de Carlos Pizarro, perpetrado el 26 de abril de 1990, era recoger el testimonio de un exmiembro de su esquema de seguridad que perteneció al DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia que desapareció en 2011. El hombre en cuestión es Óscar Castro*, quien fue contactado por el ente investigador hace pocos meses, con el fin de que aporte información sobre los hechos que rodearon el asesinato del entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19 mientras iba en un avión rumbo a Barranquilla.

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Funcionarios de la Fiscalía lograron contactar a la familia de Castro, quien desde hace varios años es mercenario en Medio Oriente para grupos irregulares que suelen contratar a uniformados retirados de la fuerza pública colombiana, por su experiencia en contextos crudos de confrontación armada. Castro es uno de los hombres menos mencionados en el caso Pizarro, pero para el ente investigador su salida del esquema de protección días antes del homicidio se debe indagar. “Se revisó la hoja de vida y no se sabe qué hizo los siguientes dos o tres meses después de su salida del anillo de seguridad”, dice una fuente consultada.

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Lo que pudo establecer la Fiscalía es que después fue enviado a Estados Unidos durante quince días a realizar un curso con las Fuerzas Militares de ese país y un año más tarde volvió al mismo programa. “No se trató de una intensificación o de un segundo nivel del curso cuando Castro viajó por segunda vez a EE. UU. Su puesto en el esquema de Pizarro lo tomó Jaime Gómez Muñoz, el agente que mató al sicario que atentó contra Pizarro”, dice la fuente. Según el ente investigador, el escolta Gómez, detenido en 2017 y procesado por su presunta participación en el magnicidio, mató al sicario cuando este ya estaba reducido.

Uno de los inconvenientes de la toma del testimonio de Castro fue “porque el país donde se encuentra no tiene relaciones diplomáticas con Colombia. Lo que le implicaba un viaje a una nación que sí las tuviera. El señor le pidió a la Fiscalía que pagara unos tiquetes de avión a un país de esa región donde existiera un consulado colombiano para rendir la declaración”, dice la fuente. Pero la mayor dificultad se originó el pasado 5 de mayo de 2021, cuando la Fiscalía removió al fiscal del caso, Mauricio Ponce, quien llevaba siete años con el expediente y, según la familia Pizarro, es quien ha tomado las decisiones de fondo.

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Ponce ordenó la detención preventiva del escolta Jaime Gómez y de los llamados a indagatoria contra Manuel Antonio González Henríquez, exjefe de protección del DAS, y de Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la entidad, así como la compulsa de copias para investigar a Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, por su presunta responsabilidad en el magnicidio. Desde 2002, cuando fueron condenados los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño, el proceso quedó paralizado y solo volvió a tener avances con la llegada de Ponce, enviado recientemente a Quibdó.

En el libro Mi confesión, Carlos Castaño, jefe de las Auc, contó que alias Yerri fue preparado en Montecasino, icónica propiedad del clan paramilitar en Medellín. Sobre los cerebros de los asesinatos de Pizarro, Bernardo Jaramillo (marzo de 1990) y José Antequera (marzo de 1989) el menor de los Castaño dijo que fueron la “crema y nata” de la sociedad. Por su parte, el líder narcoparamilitar alias don Berna, detenido en Estados Unidos, en versiones ante Justicia y Paz habló del Grupo de los Seis, que servía como “consejero” de los paramilitares. Sobre este punto la Fiscalía empezó a indagar, pero del mismo don Berna jamás volvió hablar.

La Fiscalía sabe que en la terraza del hotel Nutibara, de Medellín, se reunieron personas influyentes del país para planear crímenes. Fue por eso que el ente investigador se dio a la tarea de buscar en el archivo de este alojamiento algunos nombres mencionados para determinar si estuvieron hospedados allí entre 1989 y 1990. Sin embargo, todo se frenó con la salida de Ponce. El 27 de mayo pasado, la Corporación Reiniciar le envió una carta al fiscal Francisco Barbosa, pidiendo que Ponce retome su cargo, ya que él también tenía el magnicidio de Jaramillo, entonces candidato de la UP. En el documento, conocido por este diario, le pidieron a Barbosa que explicara por qué había sido removido el fiscal.

“Esa decisión, señor fiscal general, no es comprensible a la luz del compromiso que el Estado colombiano ha manifestado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la superación de la impunidad del caso Unión Patriótica, del cual el crimen del candidato Jaramillo Ossa es uno de los más dolorosos y representativos. No quisiéramos interpretar que su decisión responde a un interés de paralizar el curso de las indagaciones, tal como ha sucedido con la desarticulación de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) bajo el mandato del fiscal general Néstor Humberto Martínez”, concluyó la misiva enviada por los abogados de Reiniciar.

El nombre del axgente del DAS fue modificado por motivos de seguridad*