El Consejo de Estado acaba de revocar una condena contra Colombia, específicamente contra la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), por más de $16.000 millones. La alta corte revocó una decisión anterior del Tribunal Administrativo de Antioquia, que había hecho caso a los reclamos de los inversionistas que buscaron, sin éxito, crear una hidroeléctrica a filo de agua en el municipio de Támesis (Antioquia), denominado proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío”
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Los inversionistas a cargo del proyecto son los empresarios antioqueños José Roberto Arango Pava, Juan Gonzalo Echavarría Greiffestein y Gabriel Londoño White, quienes, según información de El Colombiano, iniciaron con el trámite de la licencia ambiental desde 2007. Aunque en principio se las concedieron, la autoridad ambiental de la región, Corantioquia, revocó la licencia mediante resolución de abril de 2011. Allí inició el pleito judicial, el cual le otorgó una primera victoria a los inversionistas en 2016, cuando el Tribunal anuló la revocatoria de la licencia.
No obstante, Corantioquia solicitó la apelación de esta decisión de 2016 y, con intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), lograron finalizar el expediente sin ninguna condena contra el país. Los inversionistas, no obstante, habían alegado ser merecedores de una indemnización por supuestos perjuicios económicos derivados de la revocatoria de la licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico.
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“La Agencia argumentó que la revocatoria de la licencia ambiental se basó en estudios técnicos actualizados, que demostraban la insuficiencia del caudal del Río Frío para soportar el proyecto en los términos propuestos. Así mismo, explicó que la actuación de la autoridad ambiental fue legal, objetiva y sustentada en la normativa vigente. Además, la ANDJE señaló que el licenciamiento ambiental es una herramienta de carácter preventivo y adaptable, que puede ser modificada o revocada si existen nuevas evidencias que comprometan la sostenibilidad del entorno”, explicó Defensa Jurídica nacional en un comunicado de prensa.
De acuerdo con César Palomino, director de la Agencia, “esta decisión demuestra que la defensa jurídica del Estado no solo protege el patrimonio público, sino que también respalda el actuar legítimo de nuestras instituciones, especialmente cuando se trata de garantizar la sostenibilidad ambiental. Seguiremos trabajando con rigor técnico y compromiso por los intereses de la ciudadanía colombiana”.
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