Caso Santo Domingo, cerca del fin

Hoy comienza la etapa final de uno de los más polémicos episodios del conflicto: los sucesos que tuvieron lugar en Santo Domingo (caserío de Tame, Arauca) el 13 de diciembre de 1998. Episodio que se resume en el desencuentro de dos versiones: la del Estado colombiano, que asegura que una bomba plantada por las Farc produjo el trágico desenlace; y la de un grupo de víctimas, que sostiene que sus heridas o muertos los sufrieron por cuenta de un desatinado bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana.

A las 4 de la tarde, en la sede de la Corte en San José de Costa Rica, empezará la presentación del caso con una desventaja para el Estado: en cuanto a peritos se trata, Colombia no cumplió con el plazo que tenía para remitir las hojas de vida de aquellos que fungirían como tal en el proceso. Según el documento de resolución del presidente de la Corte, el Estado sustentó su tardanza en el hecho de que Eduardo Montealegre, quien era agente delegado para este expediente, había sido elegido fiscal general, hecho que “se convirtió en una fuerza mayor, que afectó la atención y seguimiento al caso”.

La Corte, sin embargo, estimó que el Estado no había hecho sus gestiones de manera oportuna y debida, que no había explicación clara para estas actuaciones tardías, e inadmitió las pruebas periciales solicitadas por éste. Aun así, ante ese tribunal internacional hablará el general (r) Jairo García Camargo, quien era inspector general de la Fuerza Aérea en el momento de los hechos. Para el Estado, el objetivo principal es demostrarle a la Corte Interamericana que fue una bomba casera, instalada por las Farc sobre un camión ubicado en la única vía del caserío de Santo Domingo, la causante de la desgracia.

García Camargo se presentará a pesar de los reclamos de los representantes de las víctimas, quienes aseveraron que el alto oficial “hace parte de la estrategia de desvío de investigación a nivel interno por parte de altos mandos militares”. El Estado colombiano, no obstante, señaló que el general en retiro podría dar luces sobre lo sucedido por haber sido uno de los primeros militares que llegó al lugar. Sobrevivió también a las críticas, esta vez por parte del Estado, Marcos Neite González, quien se espera declare hoy. González, dijeron los defensores de las víctimas, vivía en Santo Domingo y es familiar de varios de los que murieron ese 13 de diciembre de 1998. El hombre, expresó el Estado, vivía en ese tiempo en Venezuela.

Llevar testimonios creíbles y peritos que puedan sustentar sus tesis: esa es la estrategia principal que cada una de las partes asumirá para convencer a la Corte, especialmente por las minucias técnicas que rodean este caso. Defensores de la tesis del Estado han escrito un sinnúmero de documentos explicando cómo la explosión en el caserío de Santo Domingo, en el que murieron 17 personas —siete de ellas niños— y 26 más resultaron heridas —nueve de ellas menores de edad—, sólo pudo ocurrir por la bomba artesanal activada por la guerrilla. Los delegados de la Nación en San José de Costa Rica son Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, y Luz Marina Gil, exdirectora de la Justicia Penal Militar.

A las víctimas las representan varias organizaciones de Derechos Humanos: Humanidad Vigente, la Fundación Joel Sierra, Minga, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y tres litigantes extranjeros. Uno de sus testigos que se espera declare hoy será Alba Janeth García Guevara, familiar de víctimas. De hecho, ha sido ella el epicentro de una enredada discusión jurídica en Colombia, luego de que interpusiera una tutela contra una sentencia de un juzgado de Arauca. En ese fallo, del que la Corte tiene una copia enviada por el hoy fiscal Montealegre, se determinó que el crimen de los civiles en Santo Domingo había sido ordenado por Germán Suárez Briceño, alias Grannobles, comandante de las Farc.

En la Fiscalía, sin embargo, esa misma que hoy encabeza Montealegre Lynett, quedaron muy preocupados con los vacíos de esa condena por una simple razón: la investigación que llevó a la condena de Grannobles en enero de 2011 se refería a los nueve militares que habían muerto en enfrentamientos con la guerrilla, no a los 17 civiles fallecidos. Fue con base en esa premisa que Alba Janeth García tuteló la sentencia y que el Tribunal Superior de Arauca anuló el fallo en marzo pasado.

Dos meses más tarde, no obstante, la Corte Suprema dejó sin piso el pronunciamiento del Tribunal de Arauca. “Este caso de Santo Domingo es de los más complejos que hemos visto. Es tan enredado, que para nosotros es un indicador de que lo que se busca es la impunidad”, aseguró Janeth Zamora, quien es parte del grupo de defensores de víctimas. El Gobierno colombiano, por su parte, ha repetido a lo largo de estos 14 años que la Fuerza Aérea nunca arrojó una bomba racimo (cluster) contra la población civil.

La posición oficial ha sido rechazar las condenas en primera y segunda instancia contra dos oficiales de la Fuerza Aérea —que esperan la última palabra de la Corte Suprema—, así como las sanciones disciplinarias contra ellos. El caso Santo Domingo ha sido tan trascendental que senadores como Roy Barreras lo han usado como ejemplo de un “falso positivo judicial”, que justificaría la ampliación del fuero militar, con el fin de que los uniformados tengan más garantías a la hora de actuar. Para los defensores de las víctimas la cosa es a otro precio: el Estado cometió un error garrafal que costó muchas vidas y debe responder por ello. El fallo podría conocerse antes de noviembre próximo.