Durante la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López (conocido como el Pastuso) por su responsabilidad en el esquema de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Fiscalía volvió a insistir en la participación de Carlos Ramón González, exdirector nacional de Inteligencia y quien para el momento de los hechos fungía como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
De acuerdo con el ente investigador, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del Dapre le solicitó a Olmedo López que se “cumpliera” con contratos de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros convenios por más de $10.000 millones para su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La Fiscalía, basándose en las pruebas e interrogatorios presentados por Olmedo López, señaló que estos pactos se dieron en reuniones presenciales en la Casa de Nariño a principios de noviembre de 2023 con el exdirector del Dapre.
No obstante, en lugar de contratos, los legisladores habrían recibido sobornos por $3.000 millones (para Iván Name) y $1.000 (para Andrés Calle). Esto, dice la Fiscalía, por una orden que fue trasladada desde la oficina de Carlos Ramón González al despacho de Olmedo López. Cabe recordar que, según exfuncionarios de la Ungrd, estos sobornos fueron pactados para que ambas cabezas del Legislativo le dieran celeridad al trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.
Las pesquisas del ente investigador arrojaron que durante esas reuniones, que según Olmedo López se mantuvieron a solas con Carlos Ramón González, el también exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia le habló de haber llegado a “acuerdos” con los expresidentes del Senado y la Cámara, refiriéndose a los contratos que les debían ser entregados por más de $70.000 millones.
No obstante, el mismo Olmedo López le dijo a la Fiscalía que el 27 de noviembre sostuvo reuniones tanto con González como con algunos ministros (como Ricardo Bonilla, de Hacienda y Luis Fernando Velasco, exministro de Interior), encuentros denominados por el exdirector de la Ungrd como “cónclaves”, en los cuales se habrían pactado la entrega de contratos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar), con el fin de beneficiar a congresistas de las comisiones terceras del Congreso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
