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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir formalmente una investigación en contra de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los magistrados le siguen la pista por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
Concretamente, la Corte investiga su presunta responsabilidad en el direccionamiento de contratos de la Ungrd. En medio del escándalo, la senadora ha sido señalada como ser la presunta “articuladora” del entramado al interior del Congreso para conseguir votos a favor de proyectos de Gobierno.
Por ejemplo, durante la audiencia de imputación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, procesados dentro del caso, la fiscal María Cristina Patiño la mencionó como una de las presuntas “articuladoras” del entramado para asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno.
Según la investigación, Peralta habría liderado una estrategia para alinear votos de congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con la promesa de gestionar proyectos desde la Ungrd para sus regiones. Incluso, se aseguró que en junio de 2023 el entonces director de la entidad, Olmedo López, habría acordado con ella tramitar proyectos para varios parlamentarios de esa célula legislativa.
Dentro de las pruebas que revisa la Corte en contra de Peralta están otros testimonios que apuntan a que ella se habría interesado indebidamente en una orden de proveeduría del 25 de octubre de 2023 por un valor de COP 2.170 millones que se usó para la contratación de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas que servirían para obras de recuperación en Riohacha (La Guajira).
Las pesquisas en contra de Peralta están siendo lideradas por la magistrada Cristina Lombana, quien desde julio del año pasado también adelanta averiguaciones sobre la supuesta participación de Julio Elías Chagüi Florez en el caso de corrupción. Las indagaciones en contra de Chagüi Flórez son por presuntamente haber actuado en representación de nueve congresistas de la Comisión Primera del Senado en el direccionamiento irregular de contratos públicos.
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