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Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Andrea Ramírez Oliveros, asesora del Ministerio de Hacienda, terminaron sus interrogatorios en el búnker de la Fiscalía por sus menciones dentro del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ambos están señalados de cuadrar la entrega de contratos a congresistas de la Comisión de Crédito Público y, según fuentes enteradas del caso, el ente investigador les presentó el abanico de posibilidades judiciales que tienen.
La primera en sentarse frente a frente con la fiscal novena delegada ante la Corte fue la exasesora del Ministerio de Hacienda, quien estuvo en el cargo durante la gestión del entonces ministro Ricardo Bonilla, también señalado de haber pactado los convenios irregulares. Ramírez dejó el cargo en septiembre de 2024 por una licencia de maternidad, y en su reemplazo llegó María Alejandra Benavides.
Benavides habló también en el búnker de la Fiscalía, en una declaración que reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, donde entrega algunos detalles de la entrega de contratos y señala a Ramírez Oliveros. “A mi Andrea Ramírez desde el primer día me dijo: tú te entiendes con el Congreso, y ¿qué significa eso?: garantizar la gobernabilidad” de las comisiones económicas, le dijo la exfuncionaria al ente de control.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, le preguntó: “¿Y Andrea Ramírez se enteró de la existencia de unos contactos para el direccionamiento de la contratación?”. A lo que Benavides respondió: “Yo en diciembre tuve una reunión con ella, el primero de diciembre tuve una reunión con ella en la que yo le dije, yo le dije que habían tres cupos indicativos, que eran para tales congresistas. Yo se lo dije, ella lo sabía”.
Ramírez Oliveros ya había declarado ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, más precisamente ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien investiga el caso desde el alto tribunal. En esa declaración, la ahora exfuncionaria señaló que durante la administración de Bonilla existía un listado de proyectos regionales que beneficiarían a ciertos congresistas.
El segundo en atender al búnker fue Jaime Ramírez Cobo, aun asesor del Dapre. Acompañado de su abogado, el exfiscal Mario Iguarán, el funcionario atendió las preguntas de la fiscal Patiño, las cuales, según conoció este diario, estuvieron ligadas a la posible participación de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro en el entramado corrupto.
Ramírez Cobo, quien funcionaba como enlace entre la Presidencia y el Congreso por su puesto en el Dapre, es señalado inicialmente por Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, con quien sostuvo conversaciones por WhatsApp en donde hablaron sobre los contratos que debían salir de la entidad para beneficiar a seis legisladores a cambio de sus votos a favor de altos prestamos para la nación.
Cabe recordar que esos congresistas son Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Manrique (Circunscripciones de Paz) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Todos atendieron el llamado de la Sala de Instrucción de la Corte, pero ejercieron su derecho a guardar silencio, salvo la senadora Bitar.
Ramírez Cobo, según ha señalado el ente investigador, se habría contactado primero con María Alejandra Benavides para gestionar los contratos de la Ungrd. Al no tener éxito ni celeridad en esa conversación, el asesor del Dapre buscó después a Diana Carolina Martínez, quien fuese la secretaria de Olmedo López, exdirector de la Ungrd.
La secretaria de López también habló ante la Corte Suprema, y señaló que su jefe no contestaba el celular y por eso muchas veces ella atendía sus llamadas. Contó, además, que Ramírez Cobo era insistente con el tema de los contratos, los cuales, señalan las investigaciones, sumarían cerca de $92.000 millones y serían adjudicados en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
Diana Carolina Martínez le escribió a Pinilla sobre los mensajes de Ramírez Cobo, señalando que él le había mencionado que, de no adjudicar esos convenios, se caerían los créditos de la Nación. El asesor del Dapre, entonces, decidió escribirle al propio Pinilla, en una conversación quedó registrada así:
Jaime Ramírez Cobo: El ministro (Ricardo Bonilla) se está intentando comunicar con el director (Olmedo López), pero no ha podido.
Sneyder Pinilla: Dile que estamos en la marcha, calmando la gente.
Jaime Ramírez Cobo: Lo entendemos de verdad, pero se nos van a caer los créditos de la Nación. Por eso es la urgencia.
María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, confirmó ante la Fiscalía el afán de Ramírez Cobo de que se adjudicaran rápido esos contratos, los cuales, a la final, nunca se firmaron. “Jaime sabía de la urgencia. Jaime sabía que tenía que gestionar esos cupos indicativos. Él sabía que tenía que salir. Y (Luis Fernando) Velasco también, los tenían clarísimos”, dijo la exfuncionaria del ministerio.
Así las cosas, tanto Ramírez Cobo, como Ramírez Oliveros, tienen sobre la mesa las opciones de la Fiscalía, si negociar un preacuerdo o principio de oportunidad para buscar beneficios judiciales en sus procesos en caso de ser investigados oficialmente, o continuar señalando su inocencia. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía los tiene en calidad de indiciados; es decir, vinculados a la investigación sin ninguna responsabilidad penal.
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