Los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, irán a la cárcel por su presunta participación en el escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Así lo decidió la magistrada Aura Rosero Baquero, del Tribunal Superior de Bogotá, quien impuso la medida de aseguramiento en contra de los exjefes de las carteras de Hacienda y del Interior, investigados por su presunta participación en el desfalco a la Ungrd.
La decisión se conoció este jueves 18 de diciembre, luego de que la Fiscalía les imputara los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Bonilla y Velasco se declararon inocentes y señalaron que probarán su inocencia durante el proceso que apenas arranca.
Aunque la Fiscalía había pedido una medida de aseguramiento en prisión domiciliaria, la magistrada Aura Rosero Baquero encontró que el ente investigador no argumentó por qué ambos investigados podían acceder a ese beneficio y no ir a la cárcel. Para la magistrada, era necesaria la justificación legal para ello y, por eso, sustituyó el tipo de la medida y ordenó enviar a Bonilla y a Velasco a prisión.
Y no solo eso. El Tribunal señaló que, por la gravedad de las pruebas presentadas por la Fiscalía y por el rol dominante que tuvieron los exministros en el esquema de corrupción, una medida de prisión domiciliaria simplemente no es suficiente y corre el “riesgo de que sea solo una medida formal”. En consecuencia, ordenó la captura inmediata de ambos exfuncionarios.
La Procuraduría y la defensa de Bonilla y Velasco presentaron varios recursos en contra de la decisión de la magistrada.
Para tomar esta decisión, el Tribunal Superior de Bogotá tuvo en cuenta todas las pruebas que presentó la Fiscalía durante la imputación de cargos. Allí, explicó que Bonilla y Velasco habrían sido las cabezas de un plan criminal para comprar congresistas a cambio de sus votos en proyectos legislativos claves para el gobierno actual.
Ambos están imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Sobre los hechos puntuales, la Fiscalía sostiene que Velasco y Bonilla, en 2023, habría comprometido más de COP 612.000 millones en contratos a congresistas, con el objetivo de amarrar sus votos a favor de las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso de la República.
Entre esos proyectos, la reforma pensional y a la salud, que han sido parte de las banderas del presidente Gustavo Petro. Según el ente investigador, los exfuncionarios habrían puesto en juego millonarios recursos del erario público, a través del intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Por esa razón, tras la imputación, la Fiscalía pidió la detención domiciliaria preventiva para los exministros.
La magistrada Roso no estuvo de acuerdo con esa medida y ordenó enviarlos a la cárcel. Bonilla y Velasco han dicho que nada tienen que ver en este escándalo y que van a defender su inocencia en juicio. Por ahora, la estrategia para su defensa tendrán que planearla desde la cárcel.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
