La Fiscalía acusó formalmente a Sandra Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La audiencia se realizó este jueves 12 de junio de manera virtual y la exfuncionaria del alto gobierno se conectó desde el sitio de reclusión a donde fue enviada en diciembre del año pasado por orden de un juez de Bogotá. La exfuncionaria, además, ha negado los señalamientos en su contra y asegura ser inocente.
La participación de Ortiz Nova en el entramado tendría que ver con el presunto soborno entregado al expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, quien es además su copartidario en la Alianza Verde. Según la Fiscalía, la exfuncionaria fue determinante para que el dinero llegara al congresista en dos tandas diferentes.
Inicialmente, señala el ente investigador, Carlos Ramón González —también de la Alianza Verde—, habría ordenado que se entregaran contratos por $60.000 millones para el expresidente de la cámara alta y por $10.000 millones para Andrés Calle, quien fungía como presidente de la Cámara de Representantes.
González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos en mayo pasado, por, al parecer, haber ordenado las coimas. La orden recayó sobre Olmedo López, exdirector de la Ungrd, pues, supuestamente, se necesitaba entregar los sobornos para que ambos presidentes del Legislativo le dieran trámite a los proyectos del gobierno en el Congreso.
No obstante, dicen los investigadores del caso, ambos legisladores presionaron para obtener los convenios y, como no hubo respuesta, se habría ordenado cambiar la oferta: $3.000 millones en efectivo para Name y $1.000 millones para Calle. Los recursos para pagar las coimas habrían salido del contrato de los 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, que tuvo un sobrecosto que superó los $14.000 millones, según la Fiscalía.
Es en esta parte de la historia que vuelva a retumbar el nombre de Sandra Ortiz. En una reunión en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre de 2023, antes de un consejo de ministros, Ortiz, dice el ente investigador, habría hablado con Olmedo López para dejar claro que con ella era “solo lo de Name”, haciendo referencia a la coima.
Videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño, recopilados por la Fiscalía, evidencian la conversación entre López y Ortiz, previo a la reunión de gabinete. De acuerdo con el exdirector de la Ungrd, es en ese momento que se habría pactado la entrega del dinero al entonces presidente del Senado.
Los testimonios de López, así como de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, han sido claves para que la Fiscalía pueda desenredar el asunto de los sobornos y le ha dado validez a sus declaraciones. Por ejemplo, Pinilla le dijo a las autoridades que se reunió en dos oportunidades con Ortiz Nova para entregarle el soborno en efectivo que llegaría a manos del congresista Name.
Según Pinilla, él le entrego el dinero a Ortiz en dos tandas, cada una con $1.500 millones en dos maletas, con el fin de que ella se lo entregara a su copartidario, como efectivamente habría ocurrido, según el ente investigador. La coima de $1.000 millones para Calle habría sido entregada por el propio Pinilla en la residencia del congresista en Montería (Córdoba).
Con todos estos elementos, la Fiscalía acusó a la exfuncionaria, quien se encuentra detenida en la Estación Carabineros de Bogotá, por estos presuntos hechos de corrupción. Entretanto, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento urgente en contra de Carlos Ramón González, quien, al parecer, se encuentra en Managua (Nicaragua).
Además, otro de los alfiles del gobierno de Gustavo Petro también está bajo la lupa de las autoridades. Se trata de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, quien será imputado por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos por su presunta participación en el desfalco a la unidad encargada de atender desastres.
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