Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco personas implicadas en el diseño de una empresa criminal para saquear los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en hechos de corrupción ocurridos entre 2023 y 2024. Se trata de Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad; Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad; Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la oficina de López; Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo y Luis Eduardo López Rosero, contratista de los 40 carrotanques para La Guajira.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia leyó el escrito de acusación contra los exfuncionarios y el contratista, documento que fue modificado un día antes de la diligencia. Un total de nueve adiciones y correcciones se hicieron a la acusación inicial, luego de que los cinco implicados lograran suscribir preacuerdos con el ente investigador debido a la información que han venido entregando sobre el expediente y tras devolver los recursos que se apropiaron. El principal cambio tiene que ver con el peculado por apropiación, pues ninguno de los confesos involucrados fue acusado bajo este delito.
Otra de las modificaciones que realizó la Fiscalía estuvo centrada en el delito de concierto para delinquir. Este fue suscrito vía preacuerdo por parte de cuatro de los cinco acusados debido a su colaboración, menos por uno de ellos: Luis Carlos Barreto. Según el ente acusador, fue clara la participación del exfuncionario, quien se juntó con López, Pinilla y César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública y su supuesto jefe político, para gestionar el direccionamiento de contratos en favor de determinados contratistas. Para ello, dijo la Fiscalía, se utilizaron recursos de la Agencia Nacional de Tierras por más $100.000 millones.
Durante la lectura de los hechos, la delegada de la Fiscalía recordó cuatro sucesos por los cuales se acusó a los cuatro exfuncionarios de la Unidad y al contratista conocido como El Pastuso. Esos eventos están ligados a las órdenes de contratación y proveeduría que se firmaron para llenar los bolsillos tanto de ellos mismos como de otros contratistas y otros actores relevantes en el caso. Según la fiscal, este entramado, que fue desde un inicio denominado como una empresa criminal “se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol indispensable en el suceso”.
En el escrito de acusación modificado, en poder de este diario, no se dejó de recordar la participación de Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda de Gustavo Petro, quien, según la Fiscalía, habría cuadrado con los exdirectivos de la Ungrd para que desde la entidad salieran tres contratos por más de $92.000 millones con miras a favorecer a seis legisladores de la Comisión de Crédito Público, a cambio de sus conceptos favorables para aprobar altos créditos para la Nación. Esos hechos fueron recordados por la fiscal durante su explicación del delito de concierto para delinquir, del cual se salvaron todos menos Barreto.
Durante esa misma lectura, la fiscal novena ante la Corte también recordó otro episodio clave dentro del entramado, pero que se ha investigado desde una línea diferente: la entrega de sobornos por $4.000 millones a Iván Name Vásquez, expresidente del Senado, y a Andrés Calle Aguas, su par en la Cámara de Representantes. Según los testimonios de los exdirectivos de la Unidad esas coimas se habrían entregado para acelerar los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Y todo, según ellos, por orden de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre. Este capítulo dejó tras las rejas a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, la ficha más alta del gobierno en ir a prisión.
Esos cuatro sucesos se enmarcaron bajo una premisa: las maniobras de los funcionarios y el contratista para hacer hasta lo imposible por robarse altas sumas de dinero de las arcas del Estado. Así lo describió la Fiscalía: “Esta estrategia le permitió a la organización criminal asegurar que la empresa a la cual se adjudicaba la orden de proveeduría le perteneciera un empresario, quien a cambio de ello pagaría la coima pactada. Igualmente, le permitió controlar el precio del contrato, puesto que su valor se establecía del promedio de las cotizaciones enviadas por las empresas controladas por el contratista previamente elegido”.
La firma de los preacuerdos
Luego de que los ahora acusados hayan negociado con la Fiscalía un preacuerdo por algunos de los delitos por los que fueron señalados en 2024, las cargas quedaron así: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron acusados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. El Pastuso, por su parte, fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, pues no era funcionario público al momento del saqueo. Suscribió un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.
Entretanto, Pedro Rodríguez Melo fue acusado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. Y Luis Carlos Barreto fue acusado por la Fiscalía por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público agravado y concierto para delinquir.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.