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Por medio de una respuesta al veedor ciudadano Pablo Bustos, la Fiscalía General de la Nación confirmó que, a pesar de haber formalizado la solicitud de emisión de circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el pasado 4 de julio, Interpol aún no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado la aplicación de la medida.
González, quien el pasado 21 de mayo fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, es una de las personas salpicadas en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Pasó de ser alfil y amigo cercano del presidente Gustavo Petro, a estar investigado por presunta corrupción.
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Tras una reciente diligencia relacionada con el caso, que ha salpicado a altos funcionarios del gobierno Petro, directores de entidades públicas y congresistas, se supo que el exdirector del Dapre, Ramón González estaría en Managua (Nicaragua). La Fiscalía logró determinar su ubicación a través del rastreo de la VPN del equipo desde el cual se conectaba.
Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Ramón González habría sido hecho parte del cerebro detrás del entramado de corrupción de la Ungrd. De él directamente habría salido la orden de entregar dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso.
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Entre lo que Olmedo López ha declarado ante las autoridades, está una supuesta reunión de septiembre de 2023 en la que se habría concretado el pago de coimas a congresistas. El exdirector de la Ungrd ha dicho que en ese encuentro, Carlos Ramón González dio la orden de entregarle $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, a modo de soborno para que destrabaran las reformas pensional y a la salud.
Esa declaración ante la justicia hizo que aparecieran otros dos nombres claves en el expediente: Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes y capturado el pasado 7 de mayo, y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones y hoy privada de la libertad en una guarnición militar de Bogotá, por su presunta participación en el entramado de corrupción.
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Según ha señalado López, la orden de González de entregar los sobornos a Name y Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, la habría hecho efectiva Ortiz. Las declaraciones del exdirector de la Ungrd la señalan de haberle entregado los $3.000 millones a Name en un apartamento en Bogotá y de gestionar un soborno extra, de $1.000 millones, que se le habría entregado a Calle en Montería (Córdoba).
Con el anuncio de la imputación del exdirector del Dapre, en mayo de este año, esa versión entregada por López, y corroborada por Pinilla, cobró mayor importancia para la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que las pruebas recolectadas por la Sala de Instrucción de la Corte, que permitieron las capturas de Name y Calle, y por María Cristina Patiño, fiscal del caso, y que la defensa de González había pedido no tener en cuenta.
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La Corte Suprema negó las pretenciones de la defensa de González y le dio aval a esas pruebas, entre las que hay registros de comunicaciones, rastreos financieros, migratorios, digitales y geográficos, y un elemento clave: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, que darían cuenta de la reunión de septiembre de 2023 entre González, Ortiz y López, las caras más visibles del escándalo de corrupción.
Pese a que González negó en su momento ante la Corte Suprema haber dado las órdenes por las que será investigado, la justicia ha encontrado cada vez más razones para creerle a López y Pinilla, los testigos estrella del caso, e intentar comprobar su responsabilidad. Esa es una de las razones por la que es clave que González regrese al país y enfrente el proceso, aunque sea por medio de una circula roja de Interpol, que permita su captura.
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